Ni las bases

Complejas negociaciones con Estados Unidos por acuerdo en defensa

La resistencia de Uruguay al borrador que presentó Estados Unidos para la firma de un nuevo convenio marco de defensa (que sustituya al de 1953) habría servido para cambiar el eje de la discusión y el “sustento ideológico” de ese acuerdo. Pero a la par, un proyecto de ley del Ejecutivo habilitaría a texto expreso la construcción de “bases” militares como forma de “apoyo logístico” entre los dos países. A pesar de esa referencia explícita, el gobierno “descarta totalmente” esa posibilidad y minimiza el proyecto que así lo establece y que entrará en la cancha del Parlamento próximamente.

 

“Gracias a Luis Alberto de Herrera no tenemos hoy un Guantánamo en Uruguay”, reflexionó en marzo de 2011 el presidente José Mujica en alusión a la oposición del caudillo blanco a la instalación de bases militares de Estados Unidos en los cuarenta. Pero a pesar del elogio al “antimperialismo” del líder blanco, Mujica estampó su firma en un proyecto de ley que habilitaría la “construcción” y el “apoyo” a operaciones en bases con Estados Unidos (véase recuadro).
Ahora, así como es posible que en 1940 no se haya negociado una base militar al estilo de Guantánamo, como denunció entonces el herrerismo, tampoco parece plausible actualmente, a juzgar por las declaraciones oficiales de ambos países. No lo propone la administración de Barack Obama –según aseguraron a Brecha fuentes de la embajada estadounidense– ni lo permitiría el gobierno de Mujica (miembros del gobierno descartaron “de plano” una base militar en nuestro país a pesar de que así lo sugiera el proyecto de ley). Esta contradicción llevaría al gobierno a “jugar de golero” –según ilustró una fuente– al habilitar por un lado lo que se intenta frenar por el otro. Incluso hay quienes opinan que no se debió “anticipar” este acuerdo logístico a las negociaciones del convenio marco que se iniciaron este mes con el país del norte.
La polémica se enredaría además en la definición de “base militar”. Hay quienes consideran –como el director del Centro de Estudios Estratégicos de la Unasur, Alfredo Forti– que Estados Unidos apunta a instalar bases “dormidas” o “camufladas” a través de acuerdos de capacitación o provisión de equipamiento y que con una “mínima huella” permitan acceder en pocas horas a cualquier parte del planeta. Otros, en cambio, apuntan a que la crisis de-satada en la Unasur tras el polémico tratado que firmó Colombia con Estados Unidos en 2009 –y que habilitó siete bases colombianas a las tropas estadounidenses– es suficiente para que el país esté alerta y evite ese extremo.
De hecho, ese “alerta” pesó en la decisión del gobierno uruguayo de frenar la iniciativa de Estados Unidos de construir un “barracón” en Durazno destinado al entrenamiento de militares en misiones de paz (véase Brecha, 12­X-12). El subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, confirmó en una charla en la Fundación Vivian Trías que esa negativa generó problemas de relacionamiento entre los países y que Estados Unidos reiteró el planteo en la Conferencia de Ministros de Defensa de Punta del Este realizada en octubre.

{restricrt}COMO BRASIL. El gobierno uruguayo ha intensificado los acuerdos de cooperación en defensa con múltiples países de la región y hasta con China y España. Desde 2010 el ex ministro Luis Rosadilla inició un proceso de centralización de las relaciones internacionales –en conjunto con la cancillería– que antes mantenían por separado cada una de las Fuerzas Armadas. En esa línea, el modelo a seguir para firmar un nuevo convenio marco de cooperación militar es el que firmó Brasil con Estados Unidos en 2010. Centrado en la lucha contra el narcotráfico, ese polémico acuerdo permite el entrenamiento conjunto de los ejércitos y el intercambio de tecnología, lo que posicionaría a la empresa brasileña Embraer. No obstante, se resalta que a diferencia del acuerdo colombiano con Estados Unidos, el firmado por Lula fue anunciado previamente a la Unasur y no permite el acceso de tropas estadounidenses a bases brasileñas ni otorga inmunidad jurídica a los militares.
A pesar de que una alta fuente de cancillería había informado a Brecha que se aguardaría a que el Consejo de Defensa de la Unasur avanzara en una doctrina coordinada de la región, las negociaciones con Estados Unidos empezaron este mes. La primera reunión se realizó los días 11 y 12 de diciembre en Montevideo. La delegación uruguaya, encabezada por el vicecanciller Roberto Conde, se habría opuesto al borrador inicial que presentó Estados Unidos.
Es que en lugar de sustituir el convenio anterior apenas se lo “modificaba” sin cambiar el sustento ideológico que el gobierno rechaza (mantenía, por ejemplo, alusiones a la defensa del mundo occidental). La negociación se habría tensado también tras el “frenazo” uruguayo para que se disponga de bases nacionales. Uruguay, señaló una fuente del gobierno a Brecha, “cambió radicalmente el eje de la discusión” al insistir en un acuerdo similar al brasileño. Mientras las autoridades esperan una traducción en español de lo negociado para confirmar la próxima reunión
–posiblemente en febrero–, lo cierto es que hasta ahora no están ni las bases del acuerdo.

Una vieja polémica
¿Un Guantánamo uruguayo?

La instalación de bases militares estadounidenses en Uruguay ocupó la primera plana de la opinión pública en 1940 y 1944. Además de instalar bases en el Caribe –y más tarde en Brasil–, Estados Unidos buscó alinear a los países latinoamericanos con su política exterior a través de la modernización de los ejércitos (préstamos y acuerdos de capacitación de la oficialidad). La adhesión progresiva de Uruguay a la causa aliada durante la Segunda Guerra Mundial devino pronto en adhesión irrestricta a Estados Unidos con el convenio marco de 1953. Una extensa bibliografía señala que el firme nacionalismo de Luis Alberto de Herrera impidió la instalación de bases militares estadounidenses en el país. En la prensa se especuló que el gobierno colorado de Alfredo Baldomir había aceptado en las negociaciones con Estados Unidos de junio de 1940 tal extremo. A pesar de los desmentidos oficiales, el senador herrerista Eduardo Víctor Haedo interpeló al canciller Alberto Guani (el herrerismo tenía la mitad de las bancas del Senado tras apoyar el golpe de Estado de Terra de 1933) y logró una declaración contundente en 1940: “en ningún caso prestará su aprobación a tratados o convenciones que autorizaran la creación en nuestro territorio de bases aéreas o navales”. Pero cuando en 1944 Haedo volviera a interpelar al canciller –ahora José Serrato– no tendría el mismo éxito pues el golpe de Estado de Baldomir de 1942 les quitó el privilegio de controlar la mitad del Senado. En esa ocasión, los herreristas denunciaron que la acelerada construcción del aeropuerto de la Laguna del Sauce estaba financiada y dirigida por militares estadounidenses. El gobierno lo desmintió, aunque el canciller declaró que las bases aéreas eran una prioridad estatal y que si hubiera un ataque extracontinental concedería su uso sin renunciar a la soberanía. La tradición nacionalista glorificó la resistencia a las bases y cimentó la idea de que el tesón de Herrera preservó la soberanía y evitó un Guantánamo uruguayo. No obstante, las historiadoras Ana María Rodríguez Ayçaguer y Esther Ruiz manejan otra hipótesis: si bien el país se alineó a la política exterior de Estados Unidos, no se negoció una base militar al estilo Guantánamo (véase Brecha, 7-V-99). El gobierno habría aprovechado la coyuntura bélica para obtener recursos y crear una infraestructura aeronaval. Así, la construcción del Aeropuerto de Carrasco (su base militar adjunta) y la base aeronaval de Laguna del Sauce habría sido provista por un préstamo de Estados Unidos y sólo parcialmente por el presupuesto nacional. Pero eso no habría sido a cambio de una base militar. Un documento confidencial de National Archives al que accedieron probaría que en las negociaciones de 1940 no hubo planteos al estilo Guantánamo, ni el gobierno de Baldomir estuvo dispuesto a eso. Sí es cierto –dicen las investigadoras– que Estados Unidos indagó sobre las posibilidades de defensa del país ante un eventual ataque extranjero y lo que necesitarían para acudir en su defensa (armamento, aeropuertos, bases aeronavales). En 1952, Hererra arremetería también contra el convenio marco firmado por Uruguay porque entendía que subordinaba el país a la política exterior de Estados Unidos.* n

*     Elaborado en base a Ana Frega: Baldomir y la restauración democrática (1936-1946), Banda Oriental, 1987, y Esther Ruiz: “El ‘Uruguay próspero’ y su crisis. 1946-1964”, en Frega y otros, Historia del Uruguay en el siglo xx, Banda Oriental, 2008.{/restrict}