El salto al desarrollo
Uruguay tiene posibilidades de dar un “salto” hacia el desarrollo y transitar desde un país de renta media a uno de renta alta en términos de bienestar, según el último informe del Instituto de Ciencia Política. Pero si bien existen tendencias virtuosas, los autores señalan la persistencia de problemas estructurales que imponen un techo al desarrollo. Además, existe el riesgo de caer en la trampa de los países que en la “transición” desaprovecharon la oportunidad de incorporar valor agregado e innovación a las áreas clave de la producción, hipotecando el salto o incluso revirtiéndolo.
“¿Puede Uruguay convertirse en un país desarrollado en los próximos años?”, preguntan Gerardo Caetano y Gustavo de Armas al inicio del informe.* Esta provocación, que estuvo fuera de la agenda política en los últimos 60 años, ha sido reincorporada al debate público por algunas voces de la política y la academia, según los autores.
Incluso hace sólo diez años era impensable reflexionar en esos términos. Pero ahora representa un ejercicio fértil. Y no sólo por la bonanza económica. También porque en el pasado Uruguay encontró sus mejores versiones en las “reformas de anticipación” o porque a futuro interrogantes de este tipo imponen exigencias para sacudir la habitual “siesta” de los uruguayos en épocas de prosperidad.
Sin embargo, así como encuentran “tendencias virtuosas” en un contexto internacional favorable (crecimiento sostenido del pbi, disminución de la desigualdad, reducción de la pobreza y la indigencia), también persisten “problemas estructurales” no resueltos o que se han agravado (educación o infraestructura). “Algunos problemas estructurales siguen presentes e incluso las tendencias virtuosas pueden tener –una vez más– la azarosa vida de las prosperidades frágiles”, advierten. Por ello, entienden que el núcleo estratégico del “salto” al desarrollo se compone de una tríada: crecimiento económico, bienestar social e innovación.
OPORTUNIDADES. En 2013 Uruguay alcanzará su primera década de crecimiento económico ininterrumpido con una de las tasas más altas del mundo, superior al promedio de los últimos cien años de su historia. Así, entre 2004 y 2011 la tasa de crecimiento real del pbi fue 3,4 veces mayor a la que se registró en los 35 años previos.
Este crecimiento económico ha tenido para los autores su correlato en el bienestar social. Si se emplea la línea de pobreza de la cepal, el país alcanzó en 2011 (junto a Argentina) el registro más bajo de la región y de los últimos 30 años. La pobreza, por ejemplo, pasó del 39,9 por ciento de los uruguayos en 2004 al 12,1 en el primer semestre de 2012. Y la indigencia del 4,7 al 0,5 por ciento.
A la par, según las series de Gini –que miden los índices de concentración del ingreso–, el país alcanzó sus mejores registros en los últimos tres años. Si bien se está lejos del 0,3 que según estimaciones habría tenido Uruguay en los cincuenta, se pasó de valores superiores al 0,45 en 2002 al 0,401 en 2011. Y se estima que llegó a un 0,397 en el primer semestre de 2012. Esto posicionaría al país en un buen camino. Lejos todavía de los países nórdicos (Noruega: 0,229; Suecia: 0,244; Finlandia: 0,258) pero no de los mediterráneos (España: 0,34; Grecia: 0,336; Portugal: 0,342).
Pero sin subestimar el contexto internacional favorable, las ventajas comparativas de la economía uruguaya y el bienestar social, “el reto mayor consiste en lograr acrecentar la calidad del capital humano del país y su capacidad de innovación”. A modo de ejemplo citan a Finlandia, que creó un Estado de bienestar “robusto” basado en la “innovación como motor del crecimiento y la integración social”.
RESTRICCIONES. Ahora, a pesar de los avances, advierten que la fragmentación social instalada en las últimas décadas “no ha cedido terreno de manera clara”, y se está lejos de los “grados de cohesión social” de países desarrollados en la segunda mitad del siglo xx. También se han mantenido “relativamente inmóviles” algunos valores de la distribución de oportunidades (como los niveles de escolarización formal). La entidad histórica del “rezago” de las últimas décadas impactó en áreas clave del desarrollo, como la educación. En los años treinta la escolaridad promedio de los uruguayos que ingresaron a primaria (cinco años) era similar a la de Argentina y Chile (5,1), y superior a la de Italia (4,9) o España (3,4) En cambio, los casi nueve años de escolaridad básica (8,9) de los niños uruguayos que ingresaron a Primaria a principios de los noventa registra una cifra entre uno y 2,7 años inferior a la de Argentina (10,8), Chile (10,9) e Italia (11,6).
Dado que los países del Cono Sur estarían en condiciones de dar el “salto” al desarrollo, proponen analizar la trayectoria de algunos que recorrieron procesos similares. A partir del trabajo del economista chileno Alejandro Foxley, los autores afirman que se debería evitar la “trampa” de los países de ingreso medio. “En los últimos 50 años sólo un puñado de países pudo hacer la transición hacia una economía avanzada”, afirma Foxley, al comparar las naciones que lograron una “transición” virtuosa entre el nivel de renta media y el nivel de renta alta con los que lo hicieron por “senderos más sinuosos”.
El fracaso se debería, entre otros factores, a la incapacidad de diversificar la producción hacia productos intensivos en tecnología. Los países que parten con niveles muy bajos de pbi y que tienen como principal ventaja comparativa la abundancia de mano de obra barata requieren, para dar el salto, un “adicional de inversión significativa en innovación y capital humano”, afirma el chileno. Su advertencia para evitar la “trampa” conecta –según Caetano y De Armas– con la que “hace varios años, buena parte de los economistas e historiadores uruguayos vienen planteando acerca de la necesidad de incrementar el valor agregado a la producción de los bienes exportables del país, mediante una mayor incorporación de la innovación en los procesos productivos”.
Ahora, además de producir conocimiento básico y aplicado, los investigadores afirman que se deben desarrollar “interfaces fluidas” entre las instituciones que producen conocimiento y el sector productivo. Uruguay es uno de los países latinoamericanos con mayor número de investigadores en ciencia y tecnología a jornada completa en relación con la población (520 por cada millón de habitantes), sólo por detrás de Argentina y Chile, pero lejos aún de países de Europa y Norteamérica (4.223) o de los más pujantes de Oceanía y Asia (4.490). A nivel del gasto en investigación y desarrollo (i+d), si bien Uruguay supera el promedio regional (0,37 por ciento del pbi), invierte un tercio de lo que destina Brasil y bastante menos que países desarrollados que llegan al 2,48 de dicho índice.
A pesar de ello, los autores notan una “tendencia alentadora” con el incremento de recursos en i+d –que se duplicó en el último decenio– o con la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (anii). Pero así también señalan que los niveles de formación educativa de los jóvenes uruguayos (que renovarán el elenco científico) obstaculizan una mayor expansión del campo científico-tecnológico: “Universalizar en forma efectiva el acceso a la educación media superior, generalizar el egreso de dicho nivel e incrementar aun más la cobertura de la educación terciaria son, precisamente, algunas de las condiciones principales para ‘quitarle el techo’ al desarrollo del país”.
* En Política en tiempos de Mujica II. Un balance en mitad del camino. Informe de Coyuntura número 11, Instituto de Ciencia Política, fcs, Udelar. Estuario Editorial, diciembre de 2012.
Políticas democráticas de conocimiento
Intenciones más que realidades
“Quiénes aprenden qué, cómo y para beneficio de quiénes: esos son los problemas de las políticas democráticas de conocimiento”, afirman Rodrigo Arocena y Judith Sutz. Los países periféricos –señalan– continúan especializados en actividades que demandan escaso conocimiento avanzado, por lo cual los sistemas de innovación son intenciones más que realidades. Los países centrales, por su parte, tienden a la producción de innovación para el mercado y no para la democratización del conocimiento. “El conocimiento propio o ajeno podría seguir beneficiando sólo a minorías”, advierten. No obstante, entienden que la primera meta de los países exitosos ha sido el acceso a la enseñanza terciaria y a una educación de calidad, lo que supone transformar la enseñanza media. Ahora, dado que la generación de conocimiento no lleva automáticamente a su aplicación, las políticas para la innovación son clave para introducir lo nuevo en las prácticas tecno-productivas. En ese marco, proponen tres líneas de acción para detectar y expandir la demanda de conocimientos y conectarla con la oferta uruguaya. Uno: investigación para un mejor desempeño de las empresas públicas que demandan conocimientos en áreas clave, como las telecomunicaciones, los combustibles, el agua o los puertos (por ejemplo, la colaboración de la Facultad de Ingeniera y Antel para el primer satélite uruguayo). Dos: detectar la demanda de conocimientos del sector productivo, que es muy baja en la industria y en empresas pequeñas que carecen de personal capacitado (ejemplo: el Centro de Extensionismo Industrial que promueve el miem). Tres: investigación e innovación orientadas a las políticas sociales para colaborar en las soluciones a problemas que afectan a los sectores más postergados.