“El trabajo penitenciario debe declararse insalubre”

Con el comisionado para el sistema carcelario, Álvaro Garcé

El experto anunció que en 2013 se superará el récord de presos: 10 mil; pero que el hacinamiento bajará en forma temporaria por la apertura de un nuevo establecimiento para 1.016 reclusos (un tamaño demasiado grande para los estándares internacionales). Señala que hay que seguir los modelos de gestión de República Dominicana y de Costa Rica. Saluda el trabajo de la guardia militar, la contratación de técnicos, las medidas para detectar armas y drogas, el bloqueo de celulares, pero se queja de las condiciones de trabajo de los guardias, el hacinamiento, la persistencia del abuso de la fuerza, y la falta de un centro de atención para los adictos.

 

- En 2012 se volvió a constatar hacinamiento y políticas de encierro excesivo, hubo grandes motines, destrozo de edificios carcelarios, muertes, y medidas que las autoridades adoptaron en función de la coyuntura, como el traslado de presos y la construcción de nuevas plazas penitenciarias. ¿Cuáles son las perspectivas que usted observa para 2013 a partir de la situación carcelaria reinante y los planes del gobierno?
—Este año la población reclusa superará las 10 mil personas, lo que nunca ha ocurrido. En forma paradójica, el nivel de hacinamiento en principio va a bajar al inaugurarse el complejo con 1.016 plazas que se está terminando de construir en el Comcar. Esto va a generar un escenario de alivio temporario, pero el problema de fondo es el crecimiento constante de la cantidad de gente presa.
—¿Qué debe hacer el Estado, entonces?
—El Estado está construyendo nuevas plazas, incorporó personal para las cárceles e hizo un esfuerzo por capacitarlo, pero ese esfuerzo puede verse diezmado a medida que el problema de fondo, el crecimiento constante de gente recluida, se agrava. Esa tendencia estructural de aumento no se ha podido revertir a pesar de los esfuerzos.
—La construcción del edificio de mil plazas parece reproducir el modelo de grandes cárceles, en vez de ir por el camino de los establecimientos más pequeños, quizá con mejores posibilidades para un funcionamiento adecuado.
—Sí, lo deseable es tener establecimientos con no más de 300 o 400 personas. En eso hay coincidencia entre los expertos del ámbito nacional e internacional. Seguro que por razones económicas se ha tomado la decisión de construir complejos más grandes. Es posible que se aproveche la caminería, las redes sanitaria y eléctrica de los establecimientos ya existentes, y por ello se construye en esos predios, pero será mucho más difícil de gestionar, por sus dimensiones. El Ministerio del Interior debería aclarar por qué adopta estas opciones constructivas a contrapelo de la opinión general.
—¿Usted va a plantear esta incongruencia?
—Ya lo he planteado, año a año desde 2008. No se puede seguir repitiendo el modelo, pero eso va más allá del tipo de construcción. Si se sigue repitiendo el clásico modelo de encierro, termina en un resultado que es conocido: una reincidencia elevada.
—¿Y algún modelo a seguir desde el punto de vista internacional?
—Sí, hay experiencias en Europa, y aunque en la región no hay mucho para emular, se podría mencionar el intento de reforma de República Dominicana a partir de un sistema en crisis igual o peor que el nuestro, y algunos logros en Costa Rica, a pesar de que ahora están teniendo el mismo problema que en Uruguay: un aumento grande de la población reclusa. En Dominicana y Costa Rica se está ensayando algo más que el encierro: hay una apuesta fuerte por lograr que los internos estén trabajando y estudiando. Uruguay tiene que ir hacia un modelo de aplicación real del principio de la progresividad, es decir, que la vida en el penal tiene que parecerse cada vez más a la vida futura en libertad. La privación de libertad pensada no como algo en sí mismo, sino como una etapa transitoria que necesariamente supone al final la recuperación de la libertad de la persona recluida.
—¿Y cómo se logra?
—Hay que construir un sistema que posibilite una mejor clasificación, diagnóstico y tratamiento de los reclusos. A partir del diagnóstico hay que establecer distintos niveles de reclusión, y que los internos puedan ir progresando dentro del sistema a partir de su buena conducta. En la práctica esto implicaría potenciar las chacras: Uruguay podría tener al menos el doble de las personas que tiene en establecimientos abiertos. Son cerca de 400 los presos que hoy se alojan en chacras, y yo no tengo dudas de que sin mayor costo para el Estado se podría llegar a duplicar esa cifra, sin arriesgar una crisis de seguridad.
—¿Qué opina de la gestión en la cárcel de Punta de Rieles?
—Creo que hay que apostar a esa experiencia también, porque empieza a dar algunos resultados, con una apuesta importante al trabajo, pero todavía en una etapa incipiente. Hay que destacar que se pudo seguir adelante, aunque con atraso en los planes de gestión, incluso con la duplicación de reclusos que supuso el traslado desde el Comcar tras los motines de abril. Ahora hay unas 650 personas alojadas allí, pero veo que se está haciendo un esfuerzo para retomar la idea y el ritmo originales del plan.
—¿Cuántas son las personas encarceladas y cómo están distribuidas entre los establecimientos?
—De acuerdo a nuestra última medición de fines de 2012, son unas 9.535 personas, y la mayor parte de ellas está concentrada en cinco o seis establecimientos: el Comcar tiene una población de cerca de 3 mil reclusos; en Libertad hay unos 1.300; Canelones tiene 1.100; en Punta de Rieles, 650; y en Maldonado cerca de 500; el Centro Nacional de Rehabilitación tiene alrededor de 400 reclusas; y en Rivera hay unos 380 internos. La suma da más del 75 por ciento del total. El núcleo duro del problema está en el Comcar. Tenemos, por ejemplo, los módulos 1, 2 y patios del 8 con hacinamiento extremo, con una superpoblación de entre el 250 y el 300 por ciento.
—¿Una celda tipo cuántos reclusos llega a albergar?
—En una celda construida para una o dos personas pueden cohabitar hasta cinco; y en una para tres puede haber diez u once. Hay problemas de abastecimiento de agua, los baños de las celdas están prácticamente destruidos. Los módulos 1 y 2 están casi en el mismo estado en que se encontraban los módulos 4 y 5 en el motín de abril. La comparación se da porque soportan el triple de la población que pueden albergar, y desde el punto de vista de las condiciones de reclusión son casi tan malas como las que se verificaban en abril. En los dos patios del módulo 8 permanecen unos 200 internos que van a ser realojados en el nuevo módulo a partir de mayo. Allí el nivel de emergencia sanitaria se mantiene.
—Están en los patios desde el motín de abril. ¿En qué condiciones?
—Ahora son patios techados, como barracones de alojamiento colectivos. Ahí el problema es la inadecuación: deben estar en celdas, y que sean adecuadas.
—¿Cómo están los demás módulos?
—El 3, que ahora fue reciclado, está en excelentes condiciones. El 4 y el 5 están vacíos; el 6, 7, 8 y 9 están en condiciones aceptables. Pero entonces tenemos que un establecimiento de 1.600 plazas alberga a casi 3 mil internos, hay áreas que están al triple (de su capacidad) y otras sin hacinamiento.
—¿Y eso no es incoherente?
—En realidad me parece que es razonable cuidar lo que se ha reciclado: si se habilitara en forma masiva, el Módulo 3 terminaría destruido en pocos meses. Lo que se está haciendo es cuidar lo que se rehizo, no haciendo traslados masivos.
—¿Pero el peligro de destrucción de los edificios se mantiene?
—El Módulo 8, que es el último que se construyó, y el 10, al ser de cemento macizo, son estructuras imposibles de romper. Lo que puede persistir es el modelo de encierro, con todos sus problemas, pero no riesgos de destrucción del material, como no lo hay en Maldonado ni en el celdario de Libertad. .. PARA LEER EL CONTENIDO COMPLETO DE LA NOTA SUSCRIBITE A BRECHA DIGITAL, arriba a la derecha.