Brecha Digital

El equilibrio perdido

Esto se parece mucho a aquella pelea de boxeo en la que el árbitro ayudó a la uruguaya Chris Namus a mantenerse en pie y luego le dieron la victoria por puntos contra una pugilista española. En los últimos meses, varias decisiones del gobierno parecen avalar la idea de mantener el statu quo en el sistema audiovisual uruguayo y limitar únicamente a los actores multinacionales.

En el primer número del año Brecha informó de la aprobación de un decreto clave para asegurar la asignación automática y por hasta 25 años (de hecho) de un canal “multiplex” completo para la televisión digital abierta a cada uno de los canales 4, 10 y 12. Ahora, otras dos decisiones apuntan a limitar la expansión de dos multinacionales del mercado para abonados que operan en Uruguay: Direct tv y el grupo Clarín.
Esta hiperactividad en favor de los grupos nacionales más concentrados no tiene un correlato en medidas de estímulo al sector comunitario ni a las pequeñas empresas que anunciaron su decisión de presentarse a la televisión digital. Aún no se sabe el papel que jugará Antel como operador de red de la tevé digital (un decreto le asignó esa competencia a mediados de 2012), una norma para asignar en forma transparente la publicidad oficial sigue paralizada en la Presidencia y no se sabe cómo se recaudará ni en qué se utilizará el canon a los canales privados.
Quizás no merezca demasiada sorpresa y esto sea parte de una concepción de la izquierda gobernante, en tensión entre democratizar la comunicación y proteger a los grupos vernáculos. El presidente Mujica había adelantado a la cnn que buscará “respetar la realidad que tenemos (…). No son sólo tres familias, hay algunas más, tampoco son infinitas. Tampoco vamos a regalar estaciones a la marchanta porque éste es un país pequeño, después se funden, le vienen a pedir subsidios al Estado”.
Días atrás, el subsecretario del Ministerio de Industria (miem), Edgardo Ortuño, defendió la decisión que consagra dos regímenes diferentes para nuevos y antiguos operadores. “Se mantienen los principios y planteos fundamentales del decreto original, y es un equilibrio adecuado entre continuidad y cambio. (El nuevo decreto) genera las condiciones para una diversificación inédita de propuestas de comunicación en el país y al mismo tiempo reconoce la trayectoria y el aporte de las propuestas de comunicación que ya tienen 50 años en Uruguay”, declaró a La Diaria, en respuesta a las críticas que sobrevinieron.

FORTALEZA APUNTALADA. Las medidas que viene aprobando el gobierno, vistas en conjunto, parecen estar dirigidas a levantar una fortaleza para proteger la actual estructura mediática. El decreto –también aprobado el 31 de diciembre– que limita la cantidad de hogares abonados a nivel nacional que puede tener la empresa de televisión satelital Direct tv es un buen ejemplo. La norma está fundada en la necesidad de combatir “la concentración” y “los monopolios u oligopolios” en la radiodifusión (algo largamente reclamado por las organizaciones sociales y el propio partido de gobierno), pero en realidad intenta frenar la concentración de una sola empresa del exterior y evita regular los oligopolios nacionales, armados con base en ficciones formales.
El decreto se basa en un argumento por lo menos ingenuo: que la mayor parte de las empresas de televisión para abonados operan territorialmente, y Direct tv es una de las pocas que tiene una licencia nacional. Los redactores parecen ignorar que Equital (la empresa conformada por los tres grandes canales de Montevideo) opera basándose en contratos con licenciatarios locales, pero obviamente distribuye el mismo contenido en todo el país y se lleva el porcentaje mayoritario de la recaudación del abono que se vende localmente.
En su parte dispositiva el decreto establece que “el total de abonados de las empresas de televisión para abonados autorizadas para operar en todo el territorio nacional no podrá superar el 25 por ciento del total de hogares de todo el país conforme resultados del Censo del año 2011”. Con esta redacción los sistemas de tevé para abonados que los tres grandes tienen en titularidad directa en Montevideo, Maldonado, Colonia y Rocha no son alcanzados, pero tampoco Equital, porque ninguno de estos sistemas tiene “autorización para operar en todo el territorio nacional”.
Si tomamos individualmente a las empresas tcc, Montecable y Nuevo Siglo, no superan el 10 por ciento de los hogares de Montevideo (50 mil abonados), pero se ignora que en el resto del país operan en conjunto a través de licencias propias y de los contratos de Equital, un oligopolio que en su conjunto mantiene el 50 por ciento de los abonados a nivel nacional. Direct tv tiene actualmente unos 60 mil abonados (11 por ciento del mercado).
Otro artículo del decreto establece que el total de abonados de “las referidas empresas (se refiere a las autorizadas a nivel nacional) no podrá superar el 35 por ciento del total de hogares de cada territorio”. Es otra disposición con nombre y apellido (Direct tv), ya que formalmente las restantes empresas, tomadas individualmente, sólo tienen autorización para operar a nivel local. Por eso ciudades como Trinidad, Tacuarembó, Ciudad de la Costa, Punta del Este y zonas de Rocha y Canelones, donde una sola empresa tiene más del 50 por ciento de los hogares abonados, no serán alcanzadas por esta disposición.

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