Saludando a la bandera

Las dilatorias para instalar una unidad de investigación de delitos en dictadura

La demora del Ministerio del Interior en la instalación de una unidad que investigue delitos cometidos por el terrorismo de Estado, para auxiliar a la justicia, plantea el primer desconocimiento del gobierno a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ese organismo autónomo creado por el Parlamento cuya integración fue tan debatida y negociada. El Observatorio Luz Ibarburu formuló una denuncia; había recabado un consenso de aceptación generalizada que no se concreta en los hechos.

El gatopardismo, concepto popularizado a partir del libro de Guisseppe Tomasi de Lampedusa, expresa la idea de que en determinados momentos históricos se impone la voluntad de crear una apariencia de cambio con el fin último de que la base, el núcleo del sistema, permanezca inalterado.
Eso es exactamente lo que pasa en Uruguay con la impunidad de que gozan los criminales del terrorismo de Estado. Ningún rebuscado argumento formal, ningún sofisma sobre tiempos políticos, ninguna excusa sobre la diferencia entre voluntad y posibilidad podrán justificar la inacción, cuando no el retroceso, respecto de la obligación de investigar los delitos y castigar a los culpables.
La responsabilidad es compartida entre magistrados de la Suprema Corte, jueces, ministros y altos funcionarios de la administración. Al finalizar 2012 en los juzgados de Montevideo estaban radicadas 138 causas por denuncias relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado: sólo dos tienen sentencia firme y el 71 por ciento permanece en presumario. Había, además, otras 89 denuncias ingresadas en seccionales policiales que no están registradas en los juzgados.
Algunas situaciones que expresan el gatopardismo del discurso oficial uruguayo –que dice eliminar la impunidad pero la tolera– tienen que ver con el mirar para el costado de una justicia penal que –salvo honrosas excepciones– no investiga y espera que las propias víctimas averigüen para en todo caso entonces actuar; o con las presiones de un ministro sobre jueces y fiscales, o con las afirmaciones lanzadas a la prensa para generar opinión y denostar a los denunciantes; o con el infalible método, tan caro a los ministros de la Suprema Corte, de plegarse a las chicanas de abogados vinculados a los centros de poder de la derecha, de dejar correr los plazos ante recursos inconsistentes y aun ilegales cuando el acusado (en este caso un general) es agarrado con las manos en la masa, como quien dice; o con la inquebrantable postura de oponer recursos legales para evitar el pago de indemnizaciones; o con el manejo discrecional de la información reservada y el secretismo sobre los archivos de la represión. Y todo eso cuando, simultáneamente, se reitera que estamos en un Estado de derecho donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley; y se desarchivan denuncias y se elimina la caducidad y se anuncia que se aplicarán los criterios internacionales en materia de genocidio, desaparición forzada, prácticas sistemáticas de torturas, robo de niños, violaciones, y se promete finalmente que se concretará una reparación integral.
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