Instrumentos legales
Varios meses atrás otro hecho violento sacudió a la opinión pública: un joven asesinó a un trabajador de La Pasiva, y aquel caso, como éste, tuvo el dramático ingrediente de la filmación de los hechos trasmitida infinitas veces en los medios. La conmoción motivó un conjunto de medidas desde el gobierno que pretendían reformular las políticas en torno a la seguridad, considerando que la violencia, más allá de todo acto puntual, estaba calando hondamente en la sociedad. La profunda fractura social motivada por segregaciones culturales, educativas, residenciales, estimula la marginalidad y las crecientes formas de “anomia social y transgresión” que, de tanto en tanto, se encarnan en algunos sujetos y en episodios concretos –sazonados a veces por el alcohol, una arista que no fue objeto de debate–: en espectáculos deportivos, en los espacios públicos, peleas callejeras, asaltos y robos, violencia familiar, comportamientos intolerantes e irrespetuosos.
El discurso de la “Estrategia por la vida y la convivencia” fue acompañado por un conjunto de medidas que se vienen materializando desde la mitad del año pasado. Al acuerdo con los medios sobre como exhibir violencia e infancia, medidas sobre violencia doméstica, gestión y promoción de espacios públicos y del cuidado en el tránsito, se sumaron cinco nuevas leyes. Tres ya se aprobaron – la de reparación a las víctimas de delitos violentos, el endurecimiento de penas para los traficantes de pasta base y la modificación del Código para la Niñez y la Adolescencia– y otras están en discusión: la legalización de la marihuana y la ley de faltas (entre las que se cuenta la provocación o participación en desórdenes durante un espectáculo público).
La evaluación de las medidas que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, presentará en febrero, recordará que todo este conjunto de decisiones tiene un punto en común. Sería el proyecto de la izquierda desde el cual pensar y combatir la violencia para ganar en convivencia. La segunda fase de la estrategia implica el despliegue territorial de algunas de las medidas e incluirá también una ley de porte de armas –que incluye la promoción del de-sarme de la población– y otros cambios para mejorar la gestión en la atención de las comisarías y sistemas de evaluación de resultados de los comisarios.
El gobierno se ha encargado también de incluir en su agenda herramientas legales contra la discriminación que, no obstante, son cuestionadas por las organizaciones sociales, que señalan la falta de nuevos dispositivos de mediación y penas alternativas a la prisión. La ley 17.817 contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, de 2004, incluye sólo mecanismos persuasivos. La comisión honoraria que creó la ley para “proponer políticas nacionales y medidas concretas”, tiene escasas potestades. No se prevén, por ejemplo, sanciones o multas a instituciones o personas que cometan actos de discriminación, a diferencia de lo que sucede en otros organismos públicos como el mtss y el bps. Ni siquiera está habilitada para realizar conciliaciones administrativas.
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