Brecha Digital

Estrategias políticas inadecuadas, una vez más

Una vez más en Uruguay estamos discutiendo si somos una sociedad racista. Lamentablemente, el debate de las últimas semanas, disparado por el caso de Tania Ramírez, ha colaborado poco en clarificar y publicitar la naturaleza del problema. De hecho, se puede decir que el manejo defectuoso o al menos “sub óptimo” del tema por parte de activistas y políticos ha embarrado la cancha. La “Marcha de las motas” y el reclamo para eliminar la expresión “trabajar como un negro” del Diccionario de la Real Academia Española fueron pasos con dudoso éxito. En los tiempos que corren este tipo de problema se repite una y otra vez. Estrategias políticas inadecuadas han debilitado y desacreditado el debate y la resolución de temas importantes para la agenda pública del país. Pensemos por ejemplo en las estrategias fallidas impulsadas para anular la ley de caducidad o en la propuesta oficial para legalizar la marihuana en el país; dos temas cuya resolución parecía plausible pero que se siguen posponiendo. Ciertamente preocupa que el caso de Ramírez termine generando un efecto contraproducente. Eso es, una tendencia a creer que en Uruguay la población afrodescendiente se queja por cuestiones menores o que ve actos racistas donde no los hay.
¿Existe discriminación racial en Uruguay? La respuesta es un sí rotundo. Pero las razones son bastante más fuertes que el hecho de que nuestro vocabulario tenga algunas expresiones desafortunadas o que alguien diga insultos racistas en una pelea callejera o en un partido de fútbol. Por ejemplo, hoy sabemos que en Uruguay existen diferencias salariales importantes entre la población blanca y la afrodescendiente.1 Sin ir más lejos, buena parte de la población afrodescendiente realiza trabajos de baja remuneración. Asimismo, existen diferencias considerables en términos de nivel educativo alcanzado. Eso es, los datos parecen indicar que tenemos problemas de segregación educativa y laboral que no escapan a la realidad de otros países latinoamericanos. También sabemos que la proporción de pobres en el grupo afrodescendiente es casi el doble que en la población blanca.2 Hagamos un ejercicio simple: intentemos nombrar cinco cargos políticos de importancia desempeñados por afrodescendientes en el Uruguay posdictadura. Si usted fue capaz de encontrar diez nombres me avisa porque no tuve suerte con el ejercicio. Esto es grave, dado que un 10 por ciento de nuestra población es afrodescendiente. ¿Cómo puede ser que eso no se vea reflejado en nuestro Parlamento, gabinete y otras instituciones de vital importancia? Es claro que estamos frente a una minoría políticamente excluida que cuenta con menos oportunidades que el resto de la población.
El procesamiento de las cuatro agresoras de Tania Ramírez por lesiones graves y no por discriminación racial abre un debate diferente. Hay varias ideas que circulan y que necesitan ser abordadas con un mayor cuidado. Primero: ¿está bien que las agresoras de Ramírez sean penadas por la ley? Una vez más, la respuesta rápida es sí. Cualquier cosa imaginable que pueda haber dicho Ramírez a sus agresoras no justifica de ninguna forma la violenta respuesta. Y por ello es ampliamente justificada la medida tomada por el juez. Segundo: se repite constantemente la idea de que peleas callejeras hay cada día sin que nadie se queje, o bien sin que se haga algo al respecto. Ese argumento es demasiado peligroso para seguirlo repitiendo sin pensarlo dos veces. Por ejemplo, un argumento similar se ha utilizado para ocultar y negar la existencia de actos de violencia doméstica. ¿O acaso no se ha repetido hasta el cansancio que es poco menos que una tontería denunciar a tu propia pareja si de vez en cuando se le va la mano? El mismo razonamiento lleva a algunos a creer que con ese criterio nuestras cárceles tendrían miles y miles de personas que “sólo” se violentan “de vez en cuando”. Por suerte, estamos cambiando con ese tema, y hoy en día es cada vez menos visto como una “tontería” denunciar a alguien que se propasa con nosotros. La golpiza que recibió Ramírez puede ser similar a la que reciben decenas de uruguayos cada día. Pero el hecho de que sea un fenómeno común no supone que debamos aceptarlo como algo normal e inevitable. Finalmente, si se determina que el móvil de la golpiza no es por discriminación racial, es deseable que el juez no tipifique esa agravante en el caso. Un análisis lingüístico de lo dicho en una pelea callejera puede ser tan espurio como intentar medir la humedad promedio de un desierto justo en un día de lluvia.
Ojalá que estos eventos sirvan al menos para encauzar el debate público hacia una mejor comprensión de por qué las minorías en Uruguay (sean raciales, étnicas, sexuales, etcétera) son bastante maltratadas. Los datos duros sobre el acceso al mercado laboral, al sistema educativo o a los puestos de gobierno por parte de nuestros grupos minoritarios están disponibles para quienes los quieran ver. Y ellos no dejan de corroborar la idea de que somos una sociedad que discrimina cada día por caminos que van mucho más allá del uso del lenguaje o de algunos actos de violencia concretos. n

*     Egresado de la Udelar. Máster en ciencia política y candidato a doctor por la Universidad de Washington, Estados Unidos.

1.     Bucheli M, Porzecanski R, “Racial inequality in the uruguayan labor market. An analysis of wage differentials between afro-descendants and whites”. Documentos de trabajo (2008). En http://www.fcs.edu.uy/archivos/1508.pdf
2.     Por un análisis más detallado véase Scuro, Lucía (editora), Población afrodescendiente y desigualdades étnico-raciales en Uruguay. Mastergraf, Montevideo (2008).