Vuelta al paraíso

Las ramificaciones uruguayas del escándalo de corrupción español

La empresa uruguaya P T Bex Bursátil Sociedad de Bolsa, involucrada en el escándalo de corrupción del ex tesorero del pp español, Luis Bárcenas, fue sancionada por el bcu tras incumplir normas de transparencia. Los testaferros uruguayos que aparecen como titulares de otra de las sociedades anónimas cuestionadas en España también figuraban como dueños de una firma usada por el ex diputado blanco Diego Trujillo para tratar de construir un hotel y una cancha de golf en Río Negro. En el sistema judicial se evalúa abrir una investigación local.

Las ramificaciones del escándalo que se produjo en España a partir de los actos de presunta corrupción (evasión fiscal, lavado de activos, apropiación indebida, asociación para delinquir, entre otros delitos) revelados por la prensa de ese país se extendieron hasta Uruguay. Y cuando se trata de empresas fantasmas que tienen por finalidad ocultar dineros del crimen organizado, el nombre de este pequeño lugar de América del Sur resurge en el plano internacional, y consiguientemente el sello de “paraíso fiscal”, que parece grabado a fuego.
Aunque las autoridades de gobierno tratan de que Uruguay supere el estigma, hechos como los que hoy ocupan las portadas de los grandes medios internacionales echan por tierra cualquier esfuerzo: hay empresas uruguayas entre las involucradas en las maniobras millonarias que se le adjudican al ex tesorero del Partido Popular (pp) de España, Luis Bárcenas, según publicó la revista española Interviú.
La P T Bex Bursátil Corredor de Bolsa sa, con oficina en plaza Cagancha 1368, apartamento 702, inscripta en la Bolsa de Valores de Montevideo, es señalada como una de las empresas empleadas por Bárcenas para ocultar unos 19 millones de dólares, que debieron haber figurado en los registros de Hacienda de España y de cuya existencia debió haber sido informada la justicia de ese país.
Otra es Tedesul sa, a nombre del matrimonio uruguayo Daniel Ángel Pérez Blanco y Marisa Cristina González Silvestri, dos testaferros que también figuraban en las empresas que se emplearon en los años noventa para enviar armas desde Argentina a Croacia y Ecuador, en uno de los escándalos de la era de Carlos Menem (véase nota en Mundo).
Pero además en Uruguay los testaferros Pérez Blanco y González Silvestri figuraban como titulares de la empresa el Muelle Dorado sa, con la que el ex diputado nacionalista Diego Trujillo (suplente del legislador Federico Casaretto) intentó construir en 2006 un hotel y una cancha de golf en Río Negro, por un valor inicial de un millón de dólares.
Trujillo fue señalado por investigaciones de prensa –entre ellas las del periodista Carlos Peláez– como recaudador de la campaña del ex intendente Enrique Antía (hoy director de ute), y fue investigado por presunto tráfico de influencias cuando era edil en Maldonado. Fue el dueño de un restaurante en Conchillas, tras lograr que la empresa pastera ence le otorgara la concesión para servir comida en la planta de Fray Bentos. Y fue también investigado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por la tramitación y obtención de excepciones a las ordenanzas de construcción para grandes edificios, negocios en los que luego se vio beneficiado directamente –según las investigaciones periodísticas–, incluso cuando logró construirse una mansión en uno de los mejores lugares de Punta del Este.
Sin embargo, ni él ni Antía terminaron en la cárcel. No corrieron la misma suerte que el escribano Ricardo Dutra, director de Turismo de la administración del intendente blanco. Dutra marchó a prisión por estafas millonarias en la compraventa fraudulenta de inmuebles, en maniobras con un grupo de estafadores españoles.
 
CASO P T BEX. Por su parte, en el Registro de Corredores de Bolsa del Banco Central del Uruguay, figura como presidente de P T Bex Diego Martínez Bernié, y se establece que el 100 por ciento del paquete accionario de la empresa corresponde a Worldwide Stocks LLC.
La empresa fue adquirida por este hombre el 10 de marzo de 2008: “Tengo el gusto de comunicarme con ustedes para informarles que la compañía Worldwide Stocks LLC, de Estados Unidos, de la cual soy único miembro y gerente, ha comprado al señor Javier Fernández las acciones de P T Bex Bursátil Sociedad de Bolsa sa, miembro de la Bolsa de Valores de Montevideo”, informó ese día Martínez Bernié a la comisión directiva de esa institución, según el documento al que accedió Brecha.
Relata además que la transacción comenzó en diciembre de 2007 y finalizó el 9 de marzo de 2008, luego de terminados los “procesos de revisión contable, societaria y legal correspondientes”, y solicita a la Bolsa de Valores la “aprobación de la transacción referida”.
{/restrict}Enterada de la transacción, la División de Mercado de Valores y Área de Control de afap del bcu solicitó información a la Bolsa de Valores, y el 22 de mayo obtuvo por respuesta que si bien la comisión directiva había recibido la información del pasaje del paquete accionario, le había sido solicitada “la presentación de la documentación correspondiente al contador Diego Martínez Bernié y de Worldwide Stocks LLC, necesaria para que el Tribunal de Ética y el Consejo Directivo aprueben la transferencia de las acciones mencionadas, lo que aún no se ha cumplido”, según consta en el documento firmado por el vicepresidente de la Bolsa de Valores, Eduardo Maiorano, y el secretario Jorge Davison.
El 13 agosto de 2010 el bcu sancionó a P T Bex Bursátil Sociedad de Bolsa con una multa de 35 mil unidades indexadas (unos 73 mil pesos, en ese momento) por “incumplimiento de los artículos 122, 124 y 125 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, con relación a la transferencia del 100 por ciento de su paquete accionario efectuada el 10 de marzo de 2008”, señala el escrito al que accedió Brecha. El artículo 122 establece que los intermediarios de valores deberán proporcionar información detallada a la Superintendencia de Servicios Financieros “sobre las personas comprendidas en la categoría de personal superior”, por ejemplo el cargo a desempeñar y los datos identificatorios. Pero también la información que permita “evaluar su idoneidad moral, profesional y técnica”, lo que “como mínimo” debe incluir: currículum vitae, detallando idoneidad técnica y experiencia empresarial, “certificado de antecedentes judiciales expedido por el Ministerio del Interior, o documento equivalente para no residentes de todos los países en que haya estado radicado en los últimos cinco años; declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular sobre su situación patrimonial, con indicación de los bienes, derechos y deudas bancarias y no bancarias y la existencia o no de gravámenes que recaigan sobre aquéllos”, con declaración jurada que no puede tener una antigüedad mayor a tres meses.
Debe presentar asimismo una declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular, detallando: “La denominación, sede social y giro comercial de las empresas o instituciones a las que ha estado o está vinculado, en forma rentada u honoraria, como socio o accionista, director, síndico, fiscal o en cargos superiores de dirección, gerencia o asesoría, sea esta situación directa o indirecta, a través de personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza”.
“En particular, se deberá consignar si alguna de las empresas a las que ha estado vinculado ha dado quiebra, incluso si la misma se produjo dentro del año posterior a su desvinculación. Si ha sido condenado a pagar indemnizaciones en juicios civiles iniciados en su contra, como consecuencia de su actividad laboral y profesional y si tiene procesos pendientes en esta materia. Si ha sido sancionado o si está siendo objeto de investigación o procedimientos disciplinarios por organismos supervisores y/o de regulación o autorregulación financiera del país o del exterior”, entre otros requisitos. Y explica que cada vez que se produzcan “modificaciones” en los aspectos descritos, “las personas referidas deberán formular una nueva declaración”.
El artículo 124 ordena que los intermediarios de valores deben “informar a la Superintendencia de Servicios Financieros todo hecho relevante o situación especial que pudiera afectar el desarrollo de su actividad o la situación de los fondos y valores administrados, tanto propios como de clientes, inmediatamente a que él ocurra o llegue a su conocimiento, no pudiendo exceder del día hábil siguiente. Se considerará hecho relevante la decisión del intermediario de valores de cesar sus actividades”. También se debe informar en un plazo de cinco días sobre “toda modificación que se produzca respecto a la información presentada”. Y el artículo 125 señala que los intermediarios de valores “deberán llevar un registro de operaciones, un registro de clientes y un registro de órdenes de clientes”, de acuerdo a las especificaciones establecidas por la Superintendencia de Servicios Financieros.
Nada de esto cumplió Martínez Bernié, y fue sancionado. Logró regularizar las cosas en setiembre de 2011, y le cambió el nombre a su empresa por el de P T Bex Bursátil Corredor de Bolsa sa. Pero ahora deberá explicar cómo fue su actuación al frente de esta cuestionada firma, puesto que la justicia española, la suiza, y probablemente la uruguaya –al cierre de esta edición se evaluaba abrir una investigación local de acuerdo a fuentes consultadas por Brecha–, querrán saber con lujo de detalles sus movimientos financieros y sus eventuales relaciones con Bárcenas, por ejemplo si este político español figura en el registro de clientes que debe llevar, algo muy improbable.
Por el momento, Martínez Bernié no ha querido brindar declaraciones. Al menos no respondió al mensaje que Brecha le dejó a través de su secretaria de la oficina de la plaza Cagancha.
Otros que deberán dar explicaciones son los responsables de Normey-Peruzzo & Asociados-Nexia International, auditor externo de la firma, que tiene la obligación de denunciar operaciones sospechosas ante el bcu. {/restrict}