El poder de la concentración

Los terratenientes que recusaron y harían caer el icir

Los 114 recursos de inconstitucionalidad del impuesto a las concentraciones de inmuebles rurales revelan cómo la gran propiedad de la tierra se potencia mediante lazos familiares y empresariales, tanto nacionales como extranjeros. Si el icir cae, como ya se ha anunciado que sucederá, se instalarán mecanismos para recaudar lo proyectado, pero quedará por el camino el objetivo de desestimular la concentración.

La acusación del presidente José Mujica de que el grupo estadounidense Timberland invierte en la compra de terrenos con fines de especulación financiera, parece ser apenas la punta del hilo que desmadejará el proceso de concentración de la tierra y desnudará el entramado de intereses extranjeros y nacionales que avanzan sobre el control de una porción significativa del territorio productivo. La docena de empresas y corporaciones extranjeras que explotan cada una entre 30 mil y 250 mil hectáreas multiplican su poder y su influencia mediante el corte transversal de empresarios y profesionales uruguayos que anudan vínculos y relaciones e intercambian funciones.
Una pista sobre ese nuevo entramado –que sustituye a aquel que a comienzos de los años sesenta denunció el socialista Vivian Trías en su estudio de las quinientas familias integrantes de lo que calificó “rosca oligárquica”– surgió de un estudio realizado a partir de los 114 recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Suprema Corte de Justicia (scj), que pretenden la derogación del impuesto a la concentración de inmuebles rurales (icir). Los recursos son individuales y quien interpuso el reclamo debió documentar su legitimidad mediante la presentación de certificados notariales de propiedad de cada uno de los padrones que comprenden su inmueble rural.
El listado de personas físicas y sociedades anónimas o de responsabilidad limitada muestra un variado panorama de la extensión de terrenos que superan las 2 mil hectáreas, el piso a partir del cual el icir grava cada hectárea según tres franjas: de 2 mil a 5 mil, algo más de ocho dólares por hectárea; de 5 mil a 10 mil, unos 12 dólares; y más de 10 mil, 17 dólares por hectárea.

ESPECULATIVOS. La finlandesa Stora Enzo y la chilena Arauco, que controlan 250 mil hectáreas para las necesidades futuras de la pastera Montes del Plata, deberían pagar unos 4,25 millones de dólares al año, pese a lo cual no recurrió el impuesto. Tampoco lo hicieron otros megaterratenientes, Forestal Oriental/upm (200 mil hectáreas), la estadounidense Weyerhaeuser (140 mil hectáreas), el grupo argentino El Tejar (160 mil hectáreas) y Agronegocios del Plata (100 mil hectáreas)
Quien sí lo hizo fue Timberland Group, con cuarteles generales en la ciudad estadounidense de Atlanta, socio de Regions Morgan Keegan Trust y Morgan Asset Management. Algunas fuentes sostienen que Timberland posee 40 mil hectáreas en Uruguay; el presidente le adjudicó “unas 30 mil” cuando la puso en la picota; pero sus recursos ante la scj certificaron apenas unas 23.115 hectáreas de cuatro de sus firmas: Taurión sa, Taurión aarl (asociación agraria de responsabilidad limitada), Monte Fresnos sa y Monte Fresnos aarl. Con los recursos, Timberland pretendía ahorrarse 393 mil dólares al año.
Lo que llamó la atención del presidente Mujica fue que sólo una de las cuatro empresas, Taurión sa, administra 82 padrones desperdigados por las secciones judiciales de Durazno, Lavalleja, Cerro Largo, Florida, Rocha y Treinta y Tres, de los cuales 39 tienen menos de 50 hectáreas y algunos apenas cinco. Supuestamente las tierras están siendo utilizadas para forestación, pero algunos técnicos consultados arriesgaron la opinión de que dicha explotación sería costosa con tal grado de dispersión.
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