Luchar por la justicia contra la justicia
- Última actualización en 28 Febrero 2013
- Escrito por: Gabriel Delacoste*
Ante la declaración de inconstitucionalidad de dos lavadas y postergadísimas leyes que reflejan banderas históricas de la izquierda, como la eliminación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, de 2011, y la lucha contra la concentración de la tierra (el icir, de 2012), el Frente Amplio (mejor dicho partes del fa, distintas en cada caso) se reencontró con su capacidad de enojarse, movilizarse y designar adversarios con los que antagonizar. Sorpresivamente, el antagonista elegido fue la Suprema Corte de Justicia (scj), en un hecho casi imposible de anticipar hace sólo algunas semanas. Para algunos, la aparición de esta disputa política resulta escandalosa, en tanto supuestamente viola la separación de poderes y politiza un organismo cuya función es estrictamente técnica y neutral.
El problema con estas críticas es que de la justicia no se espera neutralidad, sino justicia. Y, lamentablemente para los escandalizados, el contenido concreto del concepto de justicia está en disputa, y la naturaleza de esta disputa es política. El derecho es un campo de batalla político y las interpretaciones y los usos que se le dan dependen de convicciones, luchas y acuerdos que tienen más que ver con el estado de opinión de la época, las relaciones de poder y los desarrollos económicos que con debates abstractos sobre normas universales o naturales.
Es de esperar, por lo tanto, que distintas concepciones de la justicia al interior del Poder Judicial obedezcan a (o por lo menos coincidan con) los objetivos de movimientos políticos que viven inmersos en las mismas contradicciones económicas y políticas que los jueces. El caso de la jueza Mariana Mota dejó en evidencia lo mucho que nos cuesta entender este simple hecho.
Naturalmente, los arreglos institucionales que nos demos para tramitar estas contradicciones pueden condicionar las maneras como se den estos conflictos. Los regímenes republicanos modernos distinguen entre la aprobación de normas por parte de cuerpos legislativos que representan la voluntad popular y poderes judiciales no partidistas que las aplican en casos concretos.
En términos prácticos (y legales) la frontera entre estas instituciones es porosa, por ejemplo en la capacidad del legislativo para fijar presupuestos y designar los ministros de la scj y la capacidad de ésta para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Sin embargo, la frágil ficción de la separación de poderes, y de la justicia con respecto a la política, cumple algunas funciones importantes. Un poder judicial plenamente politizado y partidizado es sin duda una pesadilla para quienes simpatizamos con la democracia.
Por esto, hay quienes temen que la apertura de una lucha política que tenga como uno de sus bandos a la mayoría de la scj signifique la apertura de una caja de Pandora, que lleve al aumento del perfil político y partidario de los jueces, y de disputas de poder ante casos particulares. Se podría pensar como caso extremo la situación de Estados Unidos, donde la Suprema Corte está compuesta por justices liberales y conservadores que votan de manera disciplinada y toman decisiones inapelables sobre temas fundamentales. De hecho, en Estados Unidos la designación de un justice es la decisión más importante y polémica que puede tomar un presidente.
Esto simplemente no va a ocurrir en Uruguay. En primer lugar, de acuerdo a nuestro sistema jurídico, los fallos judiciales no sientan precedente y las declaraciones de inconstitucionalidad aplican a casos particulares ante denuncias concretas. Es decir, los jueces no legislan. Por más que las bases de sus decisiones sean políticas y sus efectos considerables, la scj no tiene la capacidad institucional de situarse como el centro del debate político nacional.
En segundo lugar, los ministros de la scj son designados (y eventualmente retirados por un juicio político) con mayorías especiales de dos tercios, mayorías que ningún partido puede aspirar a alcanzar. Por lo tanto, es de esperar que todos los ministros en actividad hayan sido votados por todos los partidos, por lo que pensarlos como adversarios del fa es o bien ingenuo o bien hipócrita.
Que la justicia es política, politizable y disputable está más allá de toda duda para cualquiera que no sea un fundamentalista liberal. Que la izquierda gana cuando logra politizar lo que estaba despolitizado (sea la producción, el salario, la autoridad o la sexualidad), también. El problema es hasta que punto es creíble la narración a través de la cual se plantea esta lucha y si existe alguna posibilidad de ganarla.
Y esto es lo que hace pensar que este antagonismo no va a ser muy fructífero ni para la reactivación militante de la izquierda ni para el avance en los objetivos sustantivos de hacer más justo el régimen de propiedad de la tierra y de enjuiciar a los criminales de la dictadura. En gran parte, porque fue el propio fa quien en el primer caso redactó una ley políticamente tibia y jurídicamente débil y en el segundo porque fue por lo menos parcialmente responsable del fracaso primero electoral, luego legislativo y finalmente judicial de los intentos de lograr justicia.n
* Politólogo. Se especializa en el estudio de la teoría política. Colaborador de Tiempo de Crítica y Proyecto Fósforo