Brecha Digital

A definir de primera

Nuevo impulso al proyecto Aratirí

Aunque Aratirí haya presentado sus credenciales de financiamiento para empezar a explotar los yacimientos, lo que allana el camino para firmar un contrato con el Estado, el gobierno pedirá información adicional sobre los fondos a utilizarse. La empresa apuesta a financiar el distrito minero con patrimonio propio, bancos europeos y la asociación con otra firma. Entre tanto, comienza a tomar forma una empresa pública de derecho privado con capitales del Estado y de la empresa. El gobierno está abierto a dar más garantías a las empresas una vez que esté aprobada la ley de megaminería.

Después de que el proyecto minero de Aratirí quedara envuelto en un manto de incertidumbre con el anuncio del despido de la mayoría de la plantilla, el gobierno retomó la iniciativa para buscar una definición rápida del proyecto. Así, con el objetivo de revitalizar el proyecto a corto plazo y obtener una respuesta de la empresa, volvió a aparecer la idea de una asociación entre la minera y el Estado. El gobierno espera una definición rápida del proyecto porque Aratirí es factor determinante para el puerto de aguas profundas, un proyecto que debe quedar encaminado antes de que termine este período de gestión. “No es que la viabilidad del puerto esté condicionada por Aratirí, pero sí sus tiempos”, dijo a Brecha el ministro de Industria Roberto Krei-merman.
La viabilidad del proyecto queda ahora encuadrada en tres posibilidades: o bien Aratirí continúa con el proyecto por su cuenta, o conforma una sociedad con el Estado, o se busca un nuevo inversor siguiendo los procedimientos del proyecto de ley de megaminería que está en una comisión ad hoc del Parlamento. Según el proyecto de ley, de no otorgarse la concesión de explotación, el Estado tiene la prioridad para comprar la información recabada por Aratirí y el Poder Ejecutivo queda con las manos libres para continuar con la actividad en los yacimientos vacantes.
Sin embargo, este no parece ser el desenlace más probable, porque según informó el jueves el semanario Búsqueda, la empresa ya proporcionó los documentos que acreditan la solidez del financiamiento del proyecto, paso previo a la firma del contrato. Según supo Brecha, si bien estos documentos en principio muestran la capacidad de Aratirí para cumplir todo el proceso (que incluye búsqueda y explotación del hierro), no son definitivos para iniciar el proyecto, sino que en base a esto se solicitará información adicional sobre la solvencia patrimonial. Parte del llamado distrito minero y el puerto estarían financiados por bancos europeos y chinos, también se utilizaría patrimonio propio, y se apuesta a la asociación con otra empresa privada.

EN TODO O EN UNA PARTE. Los términos que están sobre la mesa para realizar una asociación entre el Estado y Aratirí pasan por crear una sociedad con participación accionaria de ambos, pero regida por el derecho privado, dijo el miércoles a Brecha el asesor presidencial Pedro Buonomo. La idea, a grandes rasgos, es replicar el modelo de negocios que aplica ancap con empresas públicas de derecho privado, como ducsa. Lo que está sobre la mesa es la creación de algún tipo de sociedad en donde el Estado adquiera capacidad técnica en el negocio de la minería y que la empresa asuma la construcción de infraestructura. El Estado, en este caso, sería garante del negocio en el marco de la ley de megaminería y a la vez garante al resto de la población en cuestiones ambientales, explicó Buonomo.
Pero la eventualidad de una asociación entre la minera y el Estado deberá armonizarse con el proyecto de ley de megaminería que está a estudio del Parlamento y además se deberán limar algunas diferencias que tienen que ver con garantías para la inversión y plazos para recuperar la inversión. La ley va a otorgar el marco para esa asociación a pesar de que no tenga ningún articulo referido a ella. Es decir, se van a tener que cumplir las mismas disposiciones de la ley aunque se cree una empresa mixta entre el Estado y Aratirí.
Si bien el gobierno se muestra hermético ante los reclamos empresariales para cambiar la ley de megaminería, está abierto a dar más garantías a nivel contractual a Aratirí. Sobre todo después de que –en la comisión parlamentaria– Puntigliano, gerente general de la empresa, expresara que, a su juicio, la posibilidad de que quien explora y hace los estudios luego no tenga el derecho de concesión de explotación expone a las mineras a la “discreción de la administración”.
Puntigliano –con apoyo de la Cámara de Minería y los geólogos– sostuvo, basado en la legislación de países mineros, que se debe “de-sacoplar la concesión, de la firma de un contrato”. Así, la empresa que buscó y encontró el hierro debe tener un derecho automático a la explotación de los yacimientos, sin firmar un contrato, a través de un acto administrativo directo. “El hecho de llevar adelante la prospección y la exploración y demostrar, con éxito, que existen los recursos y la posibilidad de un proyecto financiable otorga automáticamente el derecho a la concesión.”
Según datos aportados por Puntigliano, las empresas gastan en la fase de exploración entre cinco y 150 millones de dólares, dependiendo del tipo de mineral, por lo que si no se tiene la certeza jurídica de que se va a realizar la explotación, se está matando el negocio antes de nacer. “Lo primero que quiere un inversor es tener la certeza sobre los derechos, sobre los títulos mineros; es decir, que no se los saque otra empresa y, en el caso de que se descubra algo, la certeza de que va a tener la concesión de la explotación. Si eso no ocurre, el negocio no existe.” Generalmente, la explotación la hacen mineras grandes y la exploración la hacen empresas junior, que desarrollan y descubren los depósitos.
Justamente, la cuestionada permanencia de Aratirí en todas las fases de un proyecto (exploración y explotación) es un elemento clave que agrega más complejidad a la firma de un eventual contrato. Este punto ha sido especialmente controversial. “Efectivamente, muchas de las empresas junior hacen esta fase de exploración. Son empresas de exploración, que es una industria en sí misma. Luego venden el proyecto a las grandes empresas. Zamin Ferrous no entra en esas categorías sino en una tercera categoría que algunos llaman independientes, que quieren hacer el proceso de punta a punta porque quieren ganarse un lugar en el mercado y mezclarse con otros grandes actores.”
Según Puntigliano, los grandes compradores de hierro quieren que se desarrollen empresas de este tipo para evitar que el mercado sea controlado por cinco o seis grandes como los que determinan los precios del petróleo. “De hecho, son ellos los que propusieron asociarse con Zamin Ferrous. Esas discusiones se congelaron, obviamente, hasta que esté claro cómo será la ley.” En ese sentido, Brecha supo que la empresa ha presentado documentación que acredita financiación para todo el proyecto, incluyendo la exploración, lo que allanaría el camino para un eventual contrato.

DIFERENCIA DE CÁLCULO. En la reunión del miércoles 20 entre el gobierno y Aratirí se acordó que, a pesar de que se darán más garantías al proyecto, los aspectos tributarios ya definidos en el proyecto de ley con la creación de un impuesto específico para la actividad minera, no se cambiarían. Esto no implica que gobierno y empresa no deban sentarse a negociar números, porque ambos difieren en los plazos en que la empresa recuperará o amortizará la inversión.
“Masoller habló de quince años para recuperar la inversión”, sostuvo Puntigliano en la Comisión de Minería. “Habla de un tiempo de repago y eso no lo compartimos. Nuestra amortización de la inversión estaba prevista en plazos más largos de los que piensan las autoridades del gobierno. Es importante decirlo, porque realmente los números son distintos. La fuente por la cual los números son distintos puede ser variada: por la financiación, por cómo se calcula. Hay muchos parámetros que tienen muchos grados de libertad e influyen en los cálculos”, agregó.
Aunque las diferencias se van a salvar cuando se firme un eventual acuerdo, la aprobación de una ley y la firma de un contrato se solapan de cierta manera. Está claro que el primer camino es la aprobación de la ley, sostuvo Kreimerman, y que a continuación se firmará el contrato, aunque probablemente se empiece a negociar un poco antes. Definitivamente, el acuerdo no estará firmado antes que la ley, porque si ésta no resulta ser la que se espera, el gobierno se habrá comprado un problema.