Alianzas de hierro

En la prensa brasileña

Las peripecias de la jueza Mariana Mota llevaron a que varios medios de la región se interesaran por la situación –en materia de verdad y justicia– de los delitos cometidos por la dictadura en Uruguay. Una de esas notas apareció el lunes 16 en la publicación brasileña Sul 21. Brecha reproduce pasajes de ese artículo.

 

Cierre los ojos e imagine la siguiente tragedia en tres actos:
Acto 1. La presidenta Dilma Rousseff, ex guerrillera y presa política, es presionada por oficiales vinculados a la línea dura del régimen militar, irritados con el juez de San Pablo que reconoció la muerte por torturas del periodista Vladimir Herzog en dominios del doi-codi del II cuerpo del Ejército, bajo la dictadura.
Acto 2. Dilma cede a esas presiones, se contacta con un semanario y pide públicamente una reacción del Supremo Tribunal Federal (stf) contra ese incómodo magistrado.
Acto 3. Sumiso, el stf acata la demanda del Palacio de Planalto y castiga al juez, que termina siendo inesperadamente trasladado a un inexpresivo tribunal de causas menores, sin relación alguna con causas de derechos humanos, reforzando de esa manera el blindaje de los torturadores y asegurando la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.
Ahora abra los ojos porque ese drama no tuvo lugar en Brasil, ciertamente, pero sí acaba de suceder en Uruguay, que está llegando al fondo del pozo de una guerra aparentemente perdida en la crucial área de los derechos humanos gracias a un personaje hasta entonces insospechado: el ex líder de la guerrilla tupamara, y actual presidente de la república, José Pepe Mujica. El fatídico miércoles 13, los ministros de la Suprema Corte de Justicia (scj) de Uruguay aprovecharon la resaca de un país adormecido por el Carnaval para aplicar el golpe más duro dado hasta ahora a la lucha contra la impunidad en un país que padeció 12 años de dictadura.
Reaccionando a las indicaciones y la lengua venenosa de Mujica, los jueces supremos removieron de improviso a Mota del Juzgado Penal de 7º Turno, que en los últimos cuatro años, bajo su valiente dirección, se había transformado en el tribunal más importante del país en el área de los derechos humanos. […]

La risa de los dinosaurios. El viernes, cuando Mota se presentó en la sede de la Suprema Corte, en el centro de Montevideo, para conocer su nuevo destino burocrático, el lugar fue invadido por 300 manifestantes que protestaban por la arbitraria decisión. Eran estudiantes, abuelos, madres, hijos de torturados y desaparecidos políticos y militantes de organizaciones de derechos humanos, indignados por el apartamiento de Mota. “Suprema Corte de Injusticia”, gritaban los manifestantes, entre los cuales estaba el músico Daniel Viglietti (versión local de Chico Buarque en los tiempos de la música de protesta) y el escritor Eduardo Galeano. […]. Flotaba en el aire un pesado sentimiento de orfandad ante las violencias ejercidas por el Estado, todavía no suficientemente ventiladas y sobre las cuales había puesto su certera mirada la jueza Mota. También una vergüenza generalizada por la violencia de la actuación de los señores de la scj, evidente incluso para integrantes del gobierno del pícaro presidente Mujica, como su ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, quien apartándose del lenguaje diplomático al uso dijo de Mariana Mota que era “una jueza excepcional, cercana al ideal que se pretende del derecho y de la justicia” […].
Con una contundencia que debe de haber golpeado en el hígado a Mujica, Almagro agregó: “Las que pierden son las víctimas. Habrá dinosaurios contentos, pero es importante que se dé un mensaje firme de reconocimiento al trabajo que hizo Mota para dar una señal a aquellos que pueden ser futuros Mariana Mota de que es importante que se haga ese trabajo”.

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