Brecha Digital

Nuevos desafíos contra la impunidad

Llamaría la atención si fuera la primera vez que un poder de este Uruguay democrático busca clausurar las investigaciones de los crímenes del terrorismo de Estado. Pero la historia marca lo contrario, y también muestra que los obstáculos se han superado. Por eso el fatalismo de ciertos medios y dinosaurios de la política puede ser contrarrestado con medidas parlamentarias de aquellos a quienes sí les importa el respeto por los derechos humanos, y por la valentía de los jueces opuestos a la mirada retrógrada de la scj. El Estado se está asegurando una nueva condena internacional, y algo tendría que hacer.

Algunos medios, apoyados en declaraciones de políticos conservadores y desconocedores de los derechos humanos, o de juristas con una visión relativizadora de los derechos de las víctimas en cuanto a las posibilidades de obtener justicia por los crímenes impunes, comenzaron a desempolvar titulares como el de “cierre definitivo” para las investigaciones o “vuelta de página” para la búsqueda de verdad y justicia.
Similares encabezados fueron usados en 1986, cuando se aprobó la ley de caducidad, y en 1988 al conocerse la sentencia de la scj que declaró por mayoría (tres a dos) la constitucionalidad de la norma. También en 1989, cuando no fue aprobado el referéndum para derogar la ley, y durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, que en 1992 desoyó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se abrieran la investigaciones. O durante el segundo mandato de Julio María Sanguinetti, que presionó en 1997 a la Suprema Corte para que trasladara al juez Alberto Reyes porque pretendía ingresar a los cuarteles en busca de restos de desaparecidos. Y algo parecido ocurrió con el juez suplente Alejandro Recarey en el gobierno de Jorge Batlle, que en menos de dos meses de actuación en un juzgado penal –entre octubre y diciembre de 2003– hizo más que todo el Poder Judicial en casi 20 años: ordenó “no innovar” en un predio del Batallón 13 donde podía estar enterrada Elena Quinteros y citó a declarar a militares; pero el escándalo político terminó por eliminarlo de la materia penal. Titulares como los que se leen y escuchan hoy también sirvieron para describir lo que supuestamente había pasado en 2005 –“clasura final” o algo por el estilo– en el proceso por la desaparición de María Claudia García, cuando al juez Gustavo Mirabal se le impidió (por orden del Poder Ejecutivo, vista de un fiscal y sentencia de un tribunal) seguir investigando. Y además se emplearon al otro día del plebiscito del 29 de noviembre de 2009, cuando el voto rosado –esquivado por la campaña electoral del fa y cuestionado públicamente incluso por alguno de sus dirigentes– no alcanzó la mayoría para anular la ley de caducidad.
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