Brecha Digital

La querella de las investiduras

El dilema impositivo del gobierno

En el gobierno se discute el sustituto del icir. Las complejidades técnicas son varias. Por otro lado, las tensiones políticas internas no disminuyen, aunque para el caso concreto de este impuesto el presidente ya eligió el ámbito para resolver el problema generado por la Suprema Corte: el gabinete productivo.

En medio de una fuerte ofensiva de la derecha, con declaraciones de los ex presidentes de los partidos tradicionales, expresiones de las cámaras empresariales en la misma dirección y la conocida actuación de la Suprema Corte de Justicia respecto del icir y los derechos humanos, el gobierno y su fuerza política buscan superar la crisis desatada en las pasadas semanas. Y lo hace no sin controversias.
El presidente José Mujica decidió que el impuesto que sucederá al que originalmente proponía gravar la concentración de la tierra se discuta en el gabinete productivo. De este organismo participan la opp, los ministerios de Economía, Industria, Trabajo, Turismo y la secretaría de la Presidencia.
Pero el debate sobre la competencia exclusiva de Economía en la fijación de impuestos no ha cesado y tuvo un nuevo protagonista: el ex presidente Tabaré Vázquez. Este dijo, en una actividad desarrollada en la mutualista Sociedad Española, que “la Constitución es muy clara en lo que tiene que hacer el mef y muy clara en lo que tiene que hacer la opp. Los impuestos los debe marcar el mef en acuerdo con el señor presidente de la República, que es quien finalmente marca la conducta de la política económica. Pero los impuestos los marca el mef”.
Sin embargo la Constitución nada dice al respecto, como recordó a Brecha el diputado emepepista Alejandro Sánchez, entre otros dirigentes frenteamplistas. “No hay enumeración de potestades que indique que al mef le corresponde la fijación de gravámenes, e incluso el segundo párrafo del artículo 174 advierte que ‘el presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, podrá redistribuir dichas atribuciones y competencias’.” Esto –precisó Sánchez– está muy lejos de fijar exclusividades para Economía. Es más, añadió, la Constitución plantea que el principal asesoramiento en la fijación del presupuesto quinquenal corresponde a la opp.
Las palabras de Vázquez han sido interpretadas como de respaldo a Danilo Astori y su equipo, en la controversia generada con Mujica y los hombres de la opp (véase nota de pág 9).
Homero Guerrero, secretario de la Presidencia, en declaraciones públicas sostuvo que para él “no hay equipo económico alternativo, ni equipo económico. Para mí hay un presidente de la República que fija las políticas públicas, y dentro de ellas está la política económica. El presidente tiene su secretario, que es el señor Fernando Lorenzo, tiene algunos asesores, tiene la opp. Yo creo que no hay equipo económico, hay un presidente de la República y las políticas las fija él”.
Aparte del curso que el tema impositivo (en especial la necesaria sustitución del icir) tenga en el gobierno, el mpp planteó la discusión en la fuerza política y en una declaración pública, y el ps propuso que la nuevas iniciativas también tengan su curso en “los ámbitos del fa”.

EN CONCRETO. En el Gabinete Productivo del pasado lunes se presentaron varias opciones para sustituir el impuesto a la concentración de la tierra, principalmente por parte del mef. En la batería de posibilidades se maneja modificar el impuesto al patrimonio, incluyendo a la tierra dentro de los elementos a gravar. Hasta el momento ésta no está incluida y el impuesto sólo grava los activos que se incorporan a la explotación, desde maquinaria hasta otros bienes.
Otra posibilidad es la creación de un adicional a la contribución inmobiliaria rural (un impuesto que cobran las intendencias). Este adicional sería de carácter nacional. El problema es que de acuerdo a la Constitución, el valor del adicional no puede ser más del doble de lo que hoy cobran los gobiernos departamentales.
Hoy los propietarios rurales pagan cuatro dólares por hectárea y algunas intendencias exoneran de ese pago a los productores de menos de 50 hectáreas. Por consiguiente el adicional a la contribución inmobiliaria rural tendría varios inconvenientes. El primero es que abarcaría a todos los propietarios de tierra sin enfocarse principalmente en los grandes, por lo que, si se quiere mantener el espíritu del icir, se podrían establecer exoneraciones a aquellos que posean menos de 2 mil hectáreas índice Coneat 100. El segundo inconveniente es que el gravamen no podría ser progresivo, como el impuesto a la concentración y a partir de las 2 mil hectáreas. Por consiguiente los propietarios de predios de superficie mayor pagarían cuatro dólares más. Lo recaudado sería ocho dólares por hectárea, lo que resultaría en ingresos menores a los que generaba el impuesto declarado inconstitucional por la Corte.
Otra variante sería modificar la contribución por Imeba, que grava las ventas realizadas por los productores. Este gravamen lo pagan hoy aquellos que poseen menos de 1.000 hectáreas índice Coneat 100 y facturan menos de 240 mil dólares anuales. La idea es que sean efectivamente productores familiares los que continúen pagando el Imeba y que los otros tributen por el irae, que se cobra sobre la renta empresarial. Ello evitaría que las empresas que tienen divididas sus tierras en unidades más pequeñas paguen Imeba en lugar del irae.
Por último se maneja que el campo vuelva a pagar el impuesto de Primaria. Pero esa recaudación tiene destino fijado y no podría utilizarse para sostener la caminería rural, como era pensado para el icir.
De las variantes planteadas, la que más se acerca a la filosofía del impuesto declarado inconstitucional es la de modificar el impuesto al patrimonio. Ahí el problema radicaría en no castigar a aquellos que además de utilizar el recurso tierra han incorporado tecnología en la producción. También aquí se debería establecer una serie de exoneraciones que eviten ese riesgo.

El devenir del MPP
De más a menos

Las dificultades en el gobierno tienen su correlato en la “fuerza que Pepe construyó”.
En las pasadas elecciones internas del fa el mpp obtuvo un resultado electoral por debajo de sus aspiraciones (perdió 12 puntos, pasando de 30 a 18 por ciento), y desde entonces ha iniciado un proceso de desagregación constante.
Éste incluye las recientes renuncias al sector –y sus bancas– de los diputados Álvaro Vega y Esteban Pérez, electos por Florida y Canelones, respectivamente. Vega ya solicitó a la secretaría de la Cámara (26-I-13) que no se le depositen sus haberes, prensa, secretaría y fotocopias, en la cuenta del mpp.
Pérez partió en medio de duras declaraciones sobre sus ex compañeros. Sin embargo, las discrepancias de ambos son por distintos motivos. Mientras Vega basó la suya en la alternativa para la reapertura del frigorífico de Florida (él trabajó en la búsqueda de un inversor privado y extranjero y el mpp planteó la formación de una cooperativa con los ex trabajadores), Pérez no votó la permanencia de las tropas uruguayas en Haití ni dejó que su suplente lo hiciera en su lugar.
La desagregación también la vivió el Espacio 609. Primero fue el alejamiento del senador Jorge Saravia y la desobediencia del diputado Víctor Semproni. En el presente la característica del E 609 es la falta de funcionamiento conjunto y las diferencias con el pvp y los senadores Constanza Moreira y Alberto Couriel. Incluso allegados a estos últimos han señalado que ya no estarían en la lista al Senado de la 609 para 2014.
Estos acontecimientos han impedido, indicaron a Brecha fuentes emepepistas, que el mpp y sus aliados dieran mayor masa crítica a las ideas del presidente José Mujica. n