El retorno de la herencia maldita

Millonario juicio al Estado por ex estación de AFE

Después de fracasar en los intentos de un acuerdo extrajudicial y ante un juicio por mil millones de dólares, el Estado está dispuesto a resarcir al grupo Barboni sólo por la demora en la entrega de la estación. Es apenas la estrategia que le queda ahora al gobierno, en el tramo final de un olvidado juicio, secuela de los peores negocios emprendidos durante las últimas presidencias coloradas.

Aquel plan del ex presidente Julio María Sanguinetti para revitalizar la Aguada con cines, shoppings y apartamentos de vidrios espejados similares a los del coqueto Puerto Madero bonaerense, puede ocasionar ahora pérdidas millonarias al Estado. Entre lo poco que se concretó del cuestionado Plan Fénix se cuenta la creación de la Sociedad Anónima de Desarrollo Urbanístico Fénix (saduf), una empresa que pertenecía en su totalidad al Banco Hipotecario (bhu). Dentro del Plan Fénix, saduf compró a afe en 2001 la estación General Artigas y la contigua playa de maniobras. La operación fue acompañada con una inversión de 2 millones de dólares en la nueva terminal. A la adquisición de la estación le siguió un llamado a licitación para construir allí un shopping, un complejo de oficinas y un hotel cinco estrellas, que ganó Glenby sa, empresa representada por Fernando Barboni, quien supo tener cuantiosos contratos con el bhu mientras Salomón Noachas (Foro Batllista) era el presidente. saduf, de acuerdo al plan licitado, otorgaría la concesión a Glenby por 50 años.
Pero las dilaciones en la entrega de la estación y una serie de juicios cruzados por incumplimiento amenazan con ocasionar una pérdida de mil millones de dólares al Estado, si la justicia accede a un reclamo por lucro cesante y daño emergente presentado por Barboni, según informó El País. El empresario ha calculado sus pérdidas en función de los 50 años del contrato, período de tiempo durante el cual el Estado, según él, le privará de obtener ganancias. Agotada la negociación extrajudicial entre el Estado y Glenby –encabezada por el estudio Ramírez y el ex secretario de la presidencia Alberto Breccia y ahora continuada por su sucesor, Homero Guerrero–, el gobierno define su estrategia judicial: el Estado entiende que lo único que corresponde es daño por mora en la entrega de la estación. Si la jueza, en cambio, entiende que hubo lucro cesante y daño emergente, la apuesta es discutir al máximo la liquidación del monto que hace el empresario. La defensa de Barboni la lleva a cabo Daniel Hugo Martins, otro ex ministro del gobierno de Luis Alberto Lacalle.
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