Segunda pelota

El presidente y los intendentes después del icir

El gobierno ultima los detalles con los intendentes para envíar al Parlamento el nuevo impuesto al patrimonio, sustitutivo del icir, luego que éste fuera declarado inconstitucional por la Suprema Corte. El diseño del nuevo tributo estuvo precedido por tensiones entre el grueso de los intendentes y las gremiales del agro, veladas por el incipiente adelanto de los tiempos electorales.

 

Barajar y dar de nuevo. Esa fue la conclusión a la que arribaron el presidente y los 19 intendentes tras la caída del impuesto a la concentración de los inmuebles rurales (icir), una vez conocida la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (scj) que declaró inconstitucional al gravamen. La noticia, que ya se intuía a mediados de febrero cuando Mujica y los intendentes se reunieron en Anchorena, produjo decepción y malestar tanto en Presidencia como en el seno del Congreso de Intendentes. Reunidos hoy, buscarán alcanzar una fórmula que les permita, si no recaudar lo mismo, mantener el destino inicial del impuesto. Pensado en un comienzo como punta de lanza de la estrategia de regionalización del país, el icir cumplía una doble función. Por un lado, gravar la concentración de la tierra. Por el otro, apuntalar a empresas regionales –de derecho privado pero de propiedad pública– que plasmaran en el territorio una coor­dinación efectiva a la hora de ejecutar obras de infraestructura y articular políticas de educación, salud y vivienda. El baldazo de agua fría propiciado por los cortesanos puso a prueba la sintonía fina entre Mujica y los intendentes. Y llevó la discusión, que en principio era eminentemente técnica, al plano político.
La última reunión del grupo de los 19 con el presidente tuvo lugar después de las intempestivas declaraciones de Miguel Sanguinetti, presidente de la Federación Rural, que en una entrevista con el diario El País calificó al impuesto como “retrógrado” y dio por perdido “el buen relacionamiento y la confianza en el gobierno”. Antes, en un encuentro realizado el miércoles 12, previo a la inauguración de una nueva edición de la muestra rural Expoactiva, Mujica y los intendentes ­coincidieron en lo absurdo de la decisión de la scj y lo inconveniente de las declaraciones de una de las gremiales más importantes del agro. Tal fue la molestia que el presidente del Congreso de Intendentes, Omar Laffluf, presentó a sus colegas el borrador de una declaración en la que condenaba con vehemencia las críticas de la Federación Rural. La oposición de los intendentes de Flores, Armando Castaingdebat; de Salto, Germán Coutinho, y de San José, José Falero, bajo la premisa de no hacer olas y no ostentar sus afanes ante la opinión pública, impidió un encolumnamiento explícito de los intendentes detrás del presidente. A contrarreloj, el disenso pudo zanjarse luego de que el propio Laffluf retirara la moción al entender que “no había ambiente” para una declaración de ese tipo. En diálogo con Brecha, el salteño Coutinho explicó que “entrar en este tipo de comunicados no aporta nada, porque el día que empecemos con las confrontaciones ideológicas, nos dividimos. Para eso está el Parlamento; nosotros somos gestión”. Finalmente, los intendentes dejaron que el gobierno lidere el asunto.
Ese mismo día, a la tarde, los intendentes se reunieron con Sanguinetti. Según relató a Brecha el propio Laffluf, durante los primeros diez minutos de la reunión hubo un duro intercambio con el presidente de la Federación Rural, que terminó disculpándose ante los gobiernos departamentales. Cuatro días después, el presidente Mujica respondió a Sanguine­tti y calificó como “un acto de estricta justicia” gravar a un sector que creció exponencialmente en los últimos diez años. “No hay motivo para poner el grito en el cielo ni para romper relaciones ni nada por el estilo”, aseguró el presidente al diario La República, tras calificar la actitud de las patronales del agro como propia de “desubicados”. La reacción presidencial fue bien valorada entre los intendentes, algunos de los cuales, con vistas a la carrera electoral, prefieren no entrar en polémicas que horaden sus bases sociales. De ahí la negativa de Castaingdebat, Coutinho y Falero a cuestionar públicamente a las gremiales del agro. Prefieren, en todo caso, hacerlo a puertas cerradas y a través de otros canales de comunicación. Fue el caso de los intendentes de Durazno, Flores, Florida y San José –todos nacionalistas–, que un día antes del encuentro con Mujica en el centro del país se reunieron con la Asociación Rural y la Federación Rural para analizar conjuntamente el camino a seguir. Según confirmó el propio Castaingdebat a Brecha, en esa reunión estuvo presente, además, el precandidato blanco Luis Lacalle Pou. La razón: “Empezar a encarar cosas de futuro, cuando ya es inevitable que se entrevere la campaña”. Para el intendente de Flores, la intención fue “no perder a compañeros de ruta” (en relación a las gremiales del agro) y “analizar las alternativas al icir para apuntalar la logística vial”.

EL ICIR DESPUÉS DEL ICIR. La fórmula que maneja Presidencia para suplantar al icir consiste en restaurar el impuesto al patrimonio en el medio rural, con distintas franjas, a casi los mismos actores que alcanzaba el anterior tributo. La población objetivo sería, al igual que con el icir, unos 1.200 productores rurales que tienen 2 mil hectáreas con alta productividad (Coneat 100). La recaudación sería la misma, unos 60 millones de dólares al año, pero en el reparto –además de las comunas– entrarán la nueva Universidad Tecnológica (Utec) y, a partir del segundo año de cobro, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (mtop). El nuevo esquema reduce el monto de los recursos que recibirían las intendencias mediante el mentado icir en beneficio de la nueva universidad. En el primer año, 10 por ciento de la recaudación será destinado a la Utec y el resto será derivado a las intendencias para la compra de maquinaria vial. Durante el segundo y el tercer año se mantendrán los rubros para la Utec, pero el dinero restante será dividido entre los intendentes y el mtop, que deberán conjugar esfuerzos para el desarrollo de la caminería rural. El nuevo impuesto, diseñado en conjunto entre el equipo económico encabezado por el vicepresidente Danilo Astori, y los asesores del presidente asentados en la Torre Ejecutiva, es aceptado a regañadientes por algunos intendentes, que ven en la intervención del mtop y la disminución del canon que cobrarían las comunas un parate al proceso de descentralización.
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