Nuevos entretelones del millonario juicio por la estación de AFE
Varios peritajes ordenados por el Estado revelan graves contradicciones e inconsistencias en la demanda presentada por el empresario Fernando Barboni, que en un juicio histórico reclama mil millones de dólares por la estación de afe. La opinión de expertos revela cómo el plan de negocios de uno de los emprendimientos estrella del Plan Fénix era “inverosímil”, y a pesar de ello fue impulsado por las últimas administraciones coloradas.
En la primavera de 1999, Fernando Barboni –un empresario de la construcción con vínculos con el ex intendente de Maldonado Domingo Burgueño y cuestionados negocios con el Banco Hipotecario– ponía su firma en un proyecto que, si bien empezaba con un capital pequeño, luego lo pondría a las puertas de un tesoro millonario. Del otro lado de la mesa los directores de Desarrollos Urbanísticos Fénix (saduf) empezaban a cavar un agujero en las finanzas del Estado, que se agrandaría más y más con los años.
saduf (cuyo directorio estaba integrado por Roberto Maristán, Crispo Capurro, y Carlos Abdala) era una sociedad anónima con el 100 por ciento de propiedad en manos del Banco Hipotecario, que se encargaría de comprar la estación y la playa de maniobras a afe, para luego otorgarla en concesión por 50 años en el marco del fracasado Plan Fénix. Éste era un proyecto de revitalización de la Aguada concebido y promocionado durante el gobierno de Julio María Sanguinetti. El proyecto consistía en construir allí un shopping, un complejo de oficinas y un hotel cinco estrellas. Para eso se llamó a una licitación que tuvo un único oferente y que después de la apertura de sobres resultó ser el ganador: Glenby sa, la empresa de Barboni. El proyecto comenzó con un pago de 250 mil dólares por la compra de la playa de maniobras en 2001. Pero Barboni nunca logró tomar posesión de la terminal en 12 años.
Es por esta razón que en poco más de dos lustros aquel cuarto de millón de dólares invertido por el empresario le podría reportar mil millones de dólares si la justicia hiciera lugar a su reclamo por lucro cesante y daño emergente. La escandalosa cifra supera los 700 millones de dólares que el bhu (contra quien recae la demanda, además de la Agencia Nacional de Vivienda) declara como patrimonio activo. Ahora, el gobierno, con la carga de varios años de mora por el fallido proceso de entrega de la estación, apela a demostrar varias contradicciones en el plan de negocios presentado por Barboni. Se trata de poner el foco en una serie de inconsistencias que incluso cuestionan la verosimilitud del proyecto original.
LA INGENIERÍA DEL NEGOCIO. La estrategia que permitió que 250 mil dólares se transformasen en mil millones fue aceitada por la lentitud del Estado y cierta “pasividad” u “omisión” por parte de las autoridades. Pero las anteriores autoridades del bhu consultadas por Brecha –e incluso algunas actuales pero que ocuparon algún cargo en la época– han decidido callar o no ser identificadas cuando se les pregunta sobre las razones y las responsabilidades que colocaron al Estado en un brete que puede costar millones. Tampoco el abogado de Barboni, el ex ministro de Defensa Daniel Hugo Martins, quiso responder a las consultas de este semanario.
Una vez que saduf le compró la estación a afe, ambos organismos pasaron casi todo el año 2002 envueltos en una polémica sobre la nueva localización de las oficinas del operador ferroviario estatal. Para situarse en la época, quizá vale la pena recordar que el presidente del Banco Hipotecario era el forista Ariel Lausarot (quien años después estaría en la picota por haber recomendado a un procesado por contrabando para un pase en comisión, entre otras perlas). .. PARA LEER EL CONTENIDO COMPLETO DE LA NOTA SUSCRIBITE A BRECHA DIGITAL, arriba a la derecha.