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Sin embargo se mueve

El gobierno y las fórmulas para neutralizar la inconstitucionalidad

El gobierno estudia alternativas para que la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la caducidad no haga caer al Estado en el incumplimiento de la obligación internacional de juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La cancillería envió una comunicación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) en la que argumenta que los militares presos “no serán liberados” y presenta una tesis sobre por qué los juicios sobre los casos más graves pueden seguir adelante.

Una fuente de la cancillería dijo a Brecha que la cidh ya había solicitado información al Estado sobre la sucesión de sentencias del máximo órgano jurisdiccional que rechazan la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes y los consideran como delitos comunes.
Los informantes indicaron que se estudian distintos caminos para remover los nuevos obstáculos que pueden surgir en el juzgamiento de estos crímenes. Agregaron que lo primero es esperar que los fiscales que tienen a cargo las investigaciones “asuman la defensa de las víctimas” y “apliquen correctamente la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por la ley 17.347.
En la misiva enviada por la cancillería a la Corte Interamericana se advierte que las sentencias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte (scj) se aplican al caso concreto y que la mayoría de los militares procesados lo fueron antes incluso de la aprobación de la ley interpretativa. Esto –prosigue el texto– en particular aplica al caso de María Claudia García de Gelman.
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