Brecha Digital

La “opción impecable”

El titular de la Dirección General de Casinos, Javier Chá, fue el único postor en un remate en el que compró –con dineros públicos– tragamonedas que funcionaban ilegalmente en el Casino de Atlántida. Ahora el propio Estado debe pagar los impuestos, multas y recargos para legalizarlas frente a Aduanas, según documentos a los que accedió Brecha. El jerarca acusa a sus gerentes de no haberle informado de la ilegitimidad. La justicia investiga el caso.

El 29 de julio de 2011 el director general de Casinos, Javier Chá, argumentaba ante el Parlamento por qué había comprado en remate unas máquinas tragamonedas que los servicios técnicos de la institución desaconsejaban instalar por considerarlas antiguas: “Desde el punto de vista comercial, en el que me he desempeñado durante mucho tiempo, esa opción me pareció impecable”, afirmó el jerarca.
Ahora debió admitir ante la justicia del crimen organizado que esos diez slots adquiridos el 17 de marzo de 2011 por Casinos, mediante el pago de 94 mil dólares, funcionaban en el país de manera ilegal, y que es el propio Estado el que debe pagar tributos y tasas de importación para legalizarlos, además de las multas y recargos previstos por la ley para este tipo de ilegitimidad.
Un mes antes del remate el director de secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apezteguía, había solicitado al Área de Administración General de Casinos del Estado que “explicite los motivos por los cuales se mantienen desde el año 2008 a prueba las máquinas de referencia”. La interrogante correspondía porque los slots habían ingresado al país en “admisión temporaria” (es decir: sin pagar los impuestos de importación correspondientes, en los plazos previstos). A pesar de ello, las tragamonedas seguían funcionando en el Casino de Atlántida de manera ilegal.
Después de tanto tiempo, la firma propietaria de las máquinas, Orion Gaming International –representada en Uruguay por Tecnofor sa–, preguntó a Casinos si se las iba a quedar. Se le respondió que no porque no cumplían con los requisitos: eran máquinas que ya tenían dos años de antigüedad, y en el gran mercado del juego eso se considera vetusto.
La empresa entonces dispuso el remate de los slots por parte del Estudio Fain (en la calle Cerrito 323), pero los oferentes debían ir a ver la mercadería al Casino de Atlántida, donde las máquinas siguen funcionando. En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes llamó la atención que el remate se realizara, “sin comisión y sin seña”, en la sala de la calle Cerrito. “¡Esto es fantástico! –exclamó entonces el diputado nacionalista Jorge Gandini–: el rematador es un donador de su trabajo.”
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