En el hospital de Canelones
Allá, en la capital, las manos alzadas de los parlamentarios aprobaron la nueva ley. Con la firma del presidente, el andamiaje se puso en funcionamiento en diciembre. Los papeles recorrieron rápidamente la estructura ministerial hasta llegar a los consultorios de médicos y técnicos de los hospitales y policlínicas de todo el país. Allí la aplicación de la norma hizo confluir las dificultades iniciales comunes a todas las instituciones, con otras más particulares, más propias del Interior y de las perspectivas individuales de sus trabajadores.
En el hospital de Canelones Doctor Francisco Soca los primeros pasos fueron a puro tropezón. “El proceso inicial fue muy rápido. Se aprobó la ley y al otro día empezamos a trabajar con ella sin contar con algo preparado: no teníamos ni los consentimientos informados, ni los formularios, ni la medicación”, recuerda uno de los médicos de la institución.
Mientras llegaban las pacientes antes que el material y el misoprostol de la capital, la licencia de la asistente social –sin suplente– agravó las complicaciones iniciales. Los plazos estipulados por el reglamento de la aplicación de la ley corrían. La dirección del hospital –que no quiso hacer declaraciones a Brecha– resolvió derivar las consultas de asistentes sociales a otras instituciones de la zona.
Los análisis de embarazo comenzaron a ser prioritarios en los laboratorios. Se definieron y publicaron en las carteleras quiénes formarían parte del equipo interdisciplinario para consultar sobre un posible aborto. Como ocurrió en otros prestadores de salud, era difícil que el horario de consulta de todo el equipo coincidiera el mismo día y hora, una de las posibilidades de funcionamiento que prevé la reglamentación. Tampoco era conveniente crear una “policlínica del aborto”, opina un médico del hospital, porque pondría en cuestión la posibilidad de mantener la confidencialidad del motivo de consulta de la paciente. Por lo tanto, cada profesional comenzó a atender en forma independiente.
“Lo más difícil para trabajar este tema en el Interior es el cuidado del anonimato de los pacientes”, dice uno de los técnicos de la institución. Al principio algunas mujeres solicitaban que la dirección del hospital coordinara sus números de consulta. Pero luego la tarea quedó en manos de los administrativos de turno. Para que los funcionarios no sepan que las pacientes consultan por un posible aborto, los números de emergencia de cada médico no se dedican exclusivamente a esta causa –cualquiera puede pedir una consulta urgente con su ginecólogo sin más explicaciones–, aunque sí fue el objetivo de su creación.
De todas formas, los exámenes que se realizan las mujeres implican que la información ya no sea exclusividad del médico y los técnicos. A su vez, los formularios que reúnen los datos de cada paciente para el registro de asse, aunque no llevan su nombre, sí tienen su número de cédula, con lo cual hay un cierto registro en el archivo. “Siempre queda un grupo (que excede al equipo) que está enterado de cuál es el proceso”, reflexiona un médico, aun cuando se intenta preservar la identidad lo más posible. Los trabajadores coinciden en que esto no es problemático en Montevideo, donde la masa de pacientes es mucho más grande, pero sí en el Interior: “pueblo chico, infierno grande”.
En el hospital de Canelones ningún médico apeló a la objeción de conciencia. “Yo no estoy a favor del aborto”, se apresura a advertir un ginecólogo. Sin embargo, antes de la nueva ley, cuando trabajaba en la policlínica de salud sexual y reproductiva, se generaban “situaciones difíciles porque asesorábamos a las mujeres pero no podíamos darles la medicación, y entonces salían desesperadas a buscarla por ahí”. Vio cómo se alimentaba el negocio ilegal en torno al aborto, cómo algunas mujeres no podían pagar la medicación o el legrado, lesionaban gravemente sus órganos reproductores o morían. Su trabajo lo llevó a estar “a favor de la vida de la mujer” y a aceptar ser uno más, de los muchos en todo el país, que hacen que los tropezones no eviten seguir avanzando en la concreción de la ley.