Brecha Digital

“Una revolución sanitaria a la uruguaya”

—Hace algunos días se divulgó que son entre 300 y 400 los abortos que se realizan al mes. ¿Qué análisis se puede hacer al respecto?
—Esos datos –que tomó toda la prensa con una avidez que no deja de asombrarme– fueron dichos por mí en una entrevista radial. Es lo que estimamos que está ocurriendo, pero no es una cifra oficial, porque no la tenemos y tampoco la vamos a dar mes a mes porque esto no es un reality. Para hacer un promedio de cuántos abortos se hacen tenemos que tomar períodos prolongados de tiempo, por lo menos de un año, y llevamos cinco meses. Desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública (msp), el problema sanitario se está resolviendo de forma muy buena a excelente. —Tal vez la avidez por conocer los números sea un reclamo de transparencia en la información. Ese fue uno de los argumentos utilizados para justificar el registro de mujeres que se realicen abortos: siempre se hicieron estimativos sobre cuántos se llevaban a cabo, quiénes se lo hacían y por qué. Ahora esos aspectos se podrían despejar.
—Creo que la avidez por conocer números es agitar fuera de lo sanitario, es agitar en lo político utilizando argumentos que no tienen nada que ver con la realidad. El tema concreto es que está muy claro que el número de abortos es mucho menor de lo que se estimaba extraoficialmente y que en estudios de investigación realizados incluso cuando la práctica del aborto se llevaba a cabo en clínicas clandestinas y no usando el medicamento. Desde Iniciativas Sanitarias ya habíamos planteado que el número era menor que 33 mil; la idea que tenemos ahora es que está muy por debajo, y con estas políticas queremos que sean menos aun.
Está demostrado científicamente que cuando se despenaliza el aborto y se reglamenta sanitariamente su práctica, en conjunto con políticas de salud sexual y reproductiva y con políticas de anticoncepción universales, los países logran disminuir la tasa de abortos. Por lo que si uno dice estar en contra del aborto, tiene que reflexionar muy bien sobre levantar la despenalización; con ella se logra disminuir su número.
—¿Los equipos están funcionando a pleno en todos los departamentos?
—Los departamentos tienen las prestaciones reglamentadas en la ley: la consulta inicial, la consulta de asesoramiento y la consulta posaborto. La situación de Salto tenemos que estudiarla en profundidad. Es bastante inusual que todos los ginecólogos del departamento hagan objeción de conciencia. Por ahora se deriva a Bella Unión, y en otros casos las consultas se hacen directamente en el centro de referencia de asse de Montevideo. Femi deriva a otras instituciones mutuales de la zona… La necesidad de aborto por embarazo no deseado se da en todas las clases sociales, entre los practicantes de todas las religiones y a todas las edades. Se relaciona prácticamente en espejo con el índice de natalidad de las mujeres, en nuestro país, en la región y en el mundo.
En los otros departamentos hay ginecólogos comprometidos que están ayudando a resolver la situación de las mujeres que consultan mediante la prescripción de fármacos. Es fundamental trasmitir que los ginecólogos no hacen los abortos, salvo en casos excepcionales, eso es del pasado. La que hace el aborto es la mujer que decide interrumpir el embarazo. Hay un proceso de asesoramiento, e ingiere la medicación que es la que produce el aborto. Eso es una revolución tecnológica y es importante que la opinión pública modifique su esquema de pensamiento. Es la primera vez en la historia de la humanidad en que la mujer, basada en evidencia científica, con el apoyo del sistema, puede gestionar ella misma sin la participación de terceros la interrupción del embarazo de manera segura y efectiva.
—¿El aborto quirúrgico está contemplado en la ley pero las mujeres optan por el misoprostol?
—Lo que se llama aborto aspirativo está contemplado en la reglamentación de la ley pero nosotros, como rectores de la salud pública, planteamos con toda claridad que esto es un acto sanitario y la recomendación médica, a no ser casos excepcionalísimos, es comenzar con abortos a través de medicamentos.
—En torno a la objeción de conciencia hubo mucha cosa mezclada, intenciones políticas, pero también una redacción poco clara. ¿Cómo se resolvió?
—Desde el msp presupusimos que en los profesionales había un conocimiento generalizado sobre la objeción de conciencia, pero nos dimos cuenta de que hay una gran confusión; hay desinformación y lisa y llanamente hay ignorancia con respecto al tema. Quizá porque, con esta ley, es la primera vez que el concepto se incluía en nuestro derecho positivo y no existía una discusión previa desde el punto de vista de la ética médica ni desde lo jurídico. De alguna manera nos hacemos responsables de no haber implementado una acción educativa previa, pero tampoco teníamos mucha posibilidad: la ley se promulgó un 28 de octubre y nos dio un mes para reglamentarla. Sin embargo, confiamos en el raciocinio y el nivel profesional de nuestros médicos, y nos llamaron mucho la atención los errores conceptuales que se tienen en el tema.
La objeción de conciencia deriva del derecho a la privacidad y confiere al profesional ni más ni menos que la autorización para no cumplir una ley. Antepone el derecho a la privacidad sobre el derecho a la atención en salud, en este caso de las mujeres. Por lo tanto es una cosa de mucha importancia. No cumplir una ley en el Estado de derecho es algo que hay que justificar muy bien.
La figura plantea que cuando hay razones religiosas, filosóficas o morales que llevan a que el profesional no pueda hacer ese acto
–en este caso atender una paciente y prescribir el misoprostol–, tiene derecho a ser objetor de conciencia siempre y cuando haga una derivación adecuada a otro profesional. Eso significa que haga el acompañamiento hasta que otro profesional prosiga la asistencia. No puede ser objeción por conveniencia, por no querer involucrarse en una situación de salud, ni por la comodidad de no estar en el tema, que es complejo y desafiante desde el punto de vista médico y ético.
—¿Cómo se justifica ante la autoridad este recurso, de forma que exista certeza de que se trata de verdaderas objeciones de conciencia?
—Nos basamos particularmente en los códigos de ética de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (figo) y en las conclusiones del taller de objeción de conciencia de la Federación Latinoamericana de Ginecología. No es un problema para la salud pública siempre y cuando tenga razones fundadas. Cuando hay una falsa objeción por no estar de acuerdo con la ley ahí sí se transforma en riesgoso para la atención en salud. Desde el msp planteamos en una primera instancia que el profesional que haga objeción de conciencia tiene que saber qué es. El Colegio Médico plantea, acertadamente, que un médico tiene que poder explicar ante terceros el motivo de su objeción. En marzo hicimos un taller de alto nivel, con el colegio, las facultades de Derecho y Medicina, y hubo acuerdo en generar un protocolo en donde figure en el encabezado la definición de objeción de conciencia para que sepan qué es, con sus alcances y limitaciones, y luego evalúen a qué se es objetor de conciencia: al aborto, la manipulación de embriones, los tratamientos de fertilización asistida o a los tratamientos al final de la vida. Y firmar.
—¿Después del taller hubo cambio de opiniones?
—No. Eso pasa naturalmente. Está previsto que un profesional que se declaró objetor deja de serlo simplemente cuando participa del procedimiento de atención. De todas maneras sólo el 30 por ciento hizo objeción. El número no ha sido un problema. La inmensa mayoría optó por el compromiso de conciencia y creemos que ahora hay que hacer una acción educativa, vamos a hacer talleres en todo el país junto al Colegio Médico y la Facultad de Medicina para explicar esto desde la Academia.
—¿Cuál fue el resultado de las investigaciones por las denuncias realizadas los primeros días de entrada en vigencia de la ley? Una mujer dijo que consultó en tiempo pero el misoprostol falló y luego, pasadas las 12 semanas, se negaron a continuar y debió hacerse un aborto clandestino. Otra, que sí culminó el proceso, dijo que el personal de salud se sintió con el derecho de expresar su punto de vista sobre el asunto.
— No tengo idea qué pasó, ni dónde fueron esas denuncias, tampoco si fueron a nivel de las instituciones. Son ellas las que tienen que investigar la denuncia de las pacientes. Las mujeres tienen el derecho a que los profesionales que se relacionan con ellas respeten su decisión, ninguna tiene por qué estar sometida a un trato cruel, inhumano o degradante, a que los profesionales cuestionen o interpelen su decisión, porque es consciente, libre, informada y responsable. Cualquiera que se sienta violentada tiene derecho a hacer la denuncia correspondiente.
Con respecto a los plazos la ley es muy clara. Hasta las 12 semanas se permiten los procedimientos, luego es ilegal, salvo en el caso de violación que es hasta los 14, o por riesgo de vida, donde no hay plazo.
—Pero aquí hubo varios intentos fallidos antes de las 12 semanas, luego se terminó el plazo y las mujeres quedaron con un embarazo no querido y además no sabían en qué condiciones estaba el feto.
—Eso no puede pasar, está en el procedimiento, porque llegadas las 12 semanas, si se hicieron las consultas, pasaron los cinco días de reflexión, la mujer mantiene la decisión, se recetan los fármacos. Y si éstos no son efectivos hay que hacer una aspiración intrauterina. Está planteado con toda claridad.
Hace cinco meses se despenalizó el aborto. Es un cambio revolucionario. Somos el único país de América del Sur que tiene una legislación del aborto por voluntad de la mujer, sin tener que alegar ninguna causa. Una revolución sanitaria a la uruguaya, digamos. Pueden ocurrir muchos problemas. Cuando pasan se deben detectar, denunciar y trabajarlos, demostrar que se está cometiendo un error. Si eso persiste, la rectoría en salud y/o la justicia deberán tomar las acciones correspondientes.
—¿Qué opinión le merece la posibilidad de referéndum?
—En una democracia participativa la herramienta del plebiscito es muy válida. En su momento permitió que las empresas públicas no fueran extranjerizadas, así que en términos generales estoy de acuerdo, salvo cuando hay fuertes declaraciones de todos los organismos internacionales de que las políticas que se están llevando adelante benefician a la salud. En ese caso no se puede jugar con el plebiscito, no estoy de acuerdo con el plebiscito. Creo que es una maniobra política que está siendo llevada adelante, además, con una gran cuota de desinformación. Si la oms y la figo son contestes en plantear que para disminuir la mortalidad materna, para mejorar la atención en salud, la despenalización del aborto es un paso adelante, mal le hacemos a la salud de las mujeres, y por tanto a la salud de la población, que una vez logrado queramos volver a penalizarlo con argumentos falsos. Y el principal argumento falso a desterrar es que con la despenalización aumenta el número de abortos.
Voy a publicar un artículo científico en la Revista Médica del Uruguay, que tomo de la revista Lancet, la más prestigiosa del mundo, incluyendo una gráfica con los países que tienen legislaciones más restrictivas y las más liberales y los porcentajes de aborto cada mil mujeres. Hay una relación estadísticamente significativa: el aborto desciende cuando es legal. Por lo tanto no se puede mentir a la gente y decir que con la despenalización aumenta el número, porque es mentira y está demostrado. No es una discusión política, es la verdad científica. Al inicio puede haber un incremento, porque incrementan los registros, pero luego, si se mantienen las políticas públicas de educación y anticoncepción, lo que se logra es bajar el número de abortos. Así lo muestra la experiencia de Italia y Francia. Primero hay un aumento y luego una meseta que, generalmente, es de dos tercios del número que había antes. Si quieren hacer un plebiscito están en su derecho, pero que no se mienta a la gente diciendo que va a aumentar el número de abortos. En un tema tan delicado, y teniendo la posibilidad histórica –Uruguay es el único país de América del Sur que cumplió la meta de desarrollo del milenio en mortalidad materna– de dar un paso adelante en torno a la salud de la mujer y de la comunidad, y poder evaluarlo nosotros mismos, no se puede mentir.
—Y como hombre de gobierno y académico especializado en el tema, ¿qué opina del apoyo que algunos integrantes del fa dan a ese plebiscito?
—Hay desinformación en el debate interno sobre lo que es mejor para la sociedad. No hay prácticamente dudas desde el punto de vista científico o académico, independientemente de las convicciones personales, de que esto es un paso adelante en la salud de la gente. Cuando hay desinformación o falta de conocimiento no es problema siempre y cuando se esté dispuesto a abrir la cabeza y escuchar los otros argumentos que están científicamente avalados. n