Brecha Digital

Diferencias no sólo de números

La brecha entre los fondos adicionales pedidos por los entes educativos y lo que les asignó el gobierno en esta rendición es abismal: 3.146 millones de pesos frente a 400 millones para la ANEP y 2.150 millones de pesos frente a 44 millones en la Udelar. Y la distancia no es únicamente cuantitativa: cada vez más el Ejecutivo direcciona los fondos hacia sus prioridades en materia educativa, que no siempre coinciden con las de los organismos autónomos.

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas que otorga a la ANEP 400 millones de pesos en fondos incrementales, y 44 millones a la Universidad de la República, cuando la ANEP pidió casi ocho veces más que ese monto y en el caso de la Udelar casi 50 veces más.

En su proyecto el gobierno recuerda el fuerte incremento otorgado a los entes (que representan el 87 por ciento del presupuesto educativo total) en la rendición de 2010, y afirma que como en 2011 el crecimiento efectivo del PBI fue menor al proyectado, eso determinó que el gasto público en educación fuera el 4,6 por ciento del producto, por encima de la obligación legal de 4,5 por ciento: "la proyección de crecimiento real para 2012 de 4 por ciento determina que el producto ascienda a 1.003.927 millones de pesos corrientes, por lo que el crédito proyectado con destino a la educación representa el 4,6 por ciento del PBI, superando en 1.028 millones de pesos el compromiso del gobierno de 4,5". Y concluye: "por lo tanto, no corresponde otorgar recursos adicionales al amparo" de lo establecido por la ley de presupuesto 2010-2014 (aunque igual dispone la asignación de los 444 millones mencionados).

Esos recursos son direccionados según una serie de objetivos y prioridades. Para el caso de la ANEP, casi la mitad de los recursos adicionales (180 de los 400 millones) son asignados al "fortalecimiento de los centros educativos y la concentración de horas docentes"; 90 millones van para la "profesionalización docente" (incluye 40 millones para concursos de ascenso por méritos); 74 millones para la educación media técnica y tecnológica; 36 millones para "mantenimiento edilicio", y 20 millones para la "mejora en la gestión del ente" y específicamente para avanzar en el diseño del presupuesto por programas.

De este modo, el gobierno recoge como prioridades educativas varias de las preocupaciones o temas que han estado en la discusión pública en los últimos tiempos, como la necesidad de tener planteles docentes fijos en los centros educativos (disminuyendo la rotación mediante la modificación del sistema de elección de horas y su sustitución por el "docente cargo" en educación media). También destina recursos a la reforma de la carrera docente, para que ésta sea más meritocrática (y no se rija sólo por la antigüedad). Asimismo prioriza el mantenimiento edilicio, que estuvo fuertemente en el tapete al inicio del año lectivo sobre todo en Secundaria.

Finalmente el gobierno prioriza que la ANEP avance en la elaboración de un presupuesto en el que la solicitud de recursos esté atada a políticas concretas y a programas o instrumentos dispuestos para llevarlas a cabo, así como a indicadores que permitan medir los resultados obtenidos.

Por su parte, la ANEP en su solicitud pide 3.146 millones de pesos, que reparte en cinco grandes prioridades o áreas: la primera –que absorbe casi la mitad de lo solicitado (1.336 millones)– es la "integración y calidad de los aprendizajes", e incluye una multiplicidad de reclamos. La mayoría refiere a la creación de nuevos cargos técnicos, docentes, administrativos y de servicio. Además pide fondos para financiar nuevas carreras en formación educativa (carreras de docentes en áreas técnicas, carrera de educador social, etcétera), y para reforzar programas preexistentes que tienen una alta demanda (como el de aulas comunitarias), entre otros.

Se trata de reclamos que ya han estado en la rendición de cuentas 2010 y en la propia propuesta quinquenal de la ANEP, y que hasta ahora cayeron en saco roto. Según afirmó a Brecha el presidente del Codicen, José Seoane, "estos nuevos cargos docentes y no docentes que se pide crear son absolutamente necesarios para fortalecer las capacidades de atención a los estudiantes".

La segunda prioridad son las iniciativas de "innovación educativa" –se solicitan 182 millones de pesos–, y refieren a programas que buscan ser reforzados (todos los "pro") y a otros que aún no tienen fondos asignados (como el de tránsito entre ciclos educativos).

El tercer núcleo de prioridades de la ANEP (1.490 millones de pesos) es el capítulo de profesionalización docente, que incluye montos para concursos de ascenso por méritos, para la creación del profesor cargo y para incrementos salariales. Se trata de una línea priorizada también por el gobierno aunque con grandes diferencias de asignación: la ANEP pide 16 veces más de lo que el Ejecutivo le asignó en su proyecto de rendición.

El cuarto énfasis de la ANEP refiere al mantenimiento y fortalecimiento edilicio. Es el único punto donde la brecha con el gobierno no es tan grande (52 millones frente a 36). Seoane explicó que el ente tiene fondos ya asignados para esta tarea para el año próximo.

La última línea es la que apunta a mejorar la gestión del ente y para la cual se piden 90 millones de pesos. La prioridad en este punto –dice Seoane– es el fortalecimiento de los sistemas de información de la ANEP, para lo cual se pide gran parte de esos fondos. También se busca apuntalar la reingeniería de procesos, crear unidades de planificación estratégicas y una unidad de prospectiva. Dentro de ese capítulo se incluyen fondos para reforzar los equipos que elaboran el presupuesto por programas (se piden 20 millones, que es lo que el Ejecutivo accedió a asignar al tema gestión).

La carreta y los bueyes. El problema es que por más equipos técnicos que haya para diseñar un presupuesto como el que quieren el Ministerio de Economía y la opp, esto es imposible si la ANEP no tiene un sistema informatizado que permita acceder de forma rápida y fiable a datos clave para el diseño de políticas y la evaluación de las mismas. Por ejemplo, se está apuntalando la creación del profesor-cargo porque se presupone que ello disminuirá la rotación de los profesores por distintos centros de estudio. Hoy no hay datos (la información podría recogerse, pero el dato no está creado) sobre cuánto rotan los docentes de educación media: si eso depende del grado del docente, si trabajan en uno, dos o tres instituciones a la vez y si éstas son de un mismo subsistema o de varios; si la rotación baja en algunas zonas de Montevideo en consonancia con el lugar donde está domiciliado el docente, etcétera. Por otra parte, el único dato en referencia a la rotación proviene del censo docente de 2007, que preguntó a los educadores cuánto hace que trabajan en esa escuela o liceo. El censo mostró que la rotación es de igual magnitud en Primaria que en Secundaria. Cabe señalar que en Primaria los docentes tienen cargos como los que se quieren implementar en educación media para bajar la rotación, o sea que no sabe si la implementación del docente-cargo ataca el problema.

Así, las prioridades trazadas por el Poder Ejecutivo parten de una visión un tanto miope que presenta algunas iniciativas como las "salvadoras", lo que no necesariamente es cierto. Más allá de que se logren planteles docentes fijos en los centros, los problemas que hoy se enfrentan en cuanto a la contención y atención al alumnado no van a cambiar demasiado si los liceos continúan sin porteros, secretarios o una relación más acorde adscripto-estudiante, entre otros.

Con respecto a la Udelar, el rector Rodrigo Arocena se mostró preocupado porque la relación cuatro a uno que suele caracterizar la asignación presupuestal de la ANEP respecto a la Udelar se quebró, ya que esta vez es bastante menos lo que le toca a la Universidad. El pedido incremental de la Udelar asciende a 2.150 millones de pesos, mientras el Ejecutivo dispuso 44 millones, que atienden sólo a dos de los seis programas universitarios.

De hecho, el pedido universitario se desglosa en: el programa "académico" (690 millones), el de desarrollo institucional (892 millones), bienestar y vida universitaria (59 millones), Hospital de Clínicas (310 millones), desarrollo de la Universidad en el Interior (24 millones), e infraestructura edilicia (179 millones). Los fondos asignados por el Ejecutivo son 20 millones para el programa académico y 24 millones para el desarrollo de la Universidad en el Interior.

De este modo el gobierno asigna el monto solicitado por el ente para la apuesta en el interior del país, y una cifra bastante menor para el programa académico que refiere a captar el incremento de matrícula y nuevas ofertas en el conjunto de facultades y escuelas de la Universidad en Montevideo (y que tiene el 90 por ciento de la matrícula estudiantil), y nada para el resto.

O sea que, al igual que sucede con la ANEP, aparecen también en el caso universitario diferencias no sólo entre lo que los entes piden (necesitan y tienen todo el derecho de reclamar aunque sean demandas poco "realistas") y lo que el gobierno considera está en sus posibilidades asignar (por las previsiones de crecimiento, por los equilibrios en la atención a otras prioridades, etcétera), sino que hay una diferencia entre lo que los entes de la educación consideran clave apoyar, dadas las necesidades diagnosticadas, y lo que el Ejecutivo evalúa que vale la pena apoyar en materia educativa. n

Acuerdo o no

Incremento salarial

El 29 de junio el Codicen había llegado a un acuerdo con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (cseu) para incluir en su solicitud presupuestal un incremento general salarial de 3,34 por ciento para 2013. El mismo se apoya en el convenio firmado entre las partes a fines de 2010 que establecía porcentajes de aumento para el quinquenio. Ese convenio disponía un aumento menor para 2013 (de 2,09 por ciento), pero la propuesta del codicen fue "adelantar" el aumento previsto para 2014, de modo de alcanzar el año que viene un incremento de 3,34. Tras la asamblea de delegados de Fenapes voceros del gremio salieron públicamente a rechazar el acuerdo firmado por la directiva de la federación la semana pasada. El Codicen considera que el acuerdo sigue vigente. n