El denunciante indagado

Las curiosas citaciones en el DOE

La particular metodología utilizada por el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía para citar a varios participantes de la concentración en apoyo a la jueza Mariana Mota trajo al presente un antecedente más complejo aun: la intimidante situación experimentada por denunciantes de delitos cometidos en dictadura. Los interrogadores llegaron a recurrir al portal de los militares retirados En Voz Alta.

“Diga usted si por efectuar la denuncia penal obtiene algún beneficio material o económico”, le preguntó en la mañana de mayo de 2012 un funcionario del Departamento de Operaciones Especiales (doe). “No”, dijo la sorprendida mujer que en octubre de 2011 presentó una denuncia por la detención y torturas a las que fue sometido su padre en el Fusna, a partir de 1975, y que había ido hasta la sede policial a ratificar su denuncia. Aquella acción de 2011 se enmarcó en las jornadas realizadas en octubre, que terminaron con más de 115 denuncias en dependencias policiales de casos ocurridos luego del golpe de 1973, y que hasta ahora no tenían causa judicial. La curiosa pregunta fue realizada por el comisario Richard dos Santos en el momento de la ratificación de la denuncia y quedó estampada en el acta a la que Brecha accedió. Preguntas tan o más impertinentes que la anterior también están registradas en otras actas de quienes hicieron esas denuncias.
El colectivo de denunciantes decidió hacerlas públicas luego de que el fotógrafo Santiago Mazzarovich relatara a través de las redes sociales la particular forma en que la Policía lo contactó para que declarara en el doe. La citación se vinculaba a los hechos ocurridos el día que Mariana Mota debía prestar juramento a su nuevo cargo como jueza civil, luego de ser trasladada desde la órbita penal. Lo vinieron a buscar a la redacción de Brecha, no lo encontraron. Lo llamaron entonces por teléfono y lo citaron a declarar sin, en principio, explicarle sobre qué tema debería expresarse. Fue ante su insistencia que se le informó que el tema venía por “los conflictos que hubo con lo de la jueza”. Al concurrir al doe se lo interrogó en calidad de “indagado” y se le explicó que varios policías que participaron del operativo de desalojo de la sede de la Suprema Corte de Justicia (scj) lo identificaron como generador de alguna situación conflictiva. Mazzarovich también narró cómo Iván Franco, fotógrafo de La Diaria, fue interceptado en la calle por un policía que le informó verbalmente de su citación, por los mismos motivos que a Mazzarovich, aunque su declaración no fue tomada en el doe.

EN VOZ ALTA. Gabriela Merialdo fue la jueza que encomendó al doe las ratificaciones de denuncia y las averiguaciones de los casos, y los funcionarios eligieron en todos ellos citaciones con modalidades poco ortodoxas. Pero además, en buena parte de los casos no quedó en claro en calidad de qué concurría cada quien.
De todas formas, los hechos más anómalos ocurrieron no en la forma de la citación sino en el contenido de ésta, y los vivieron los denunciantes de 2011 (víctimas directas, familiares de las víctimas o ciudadanos que basaron su denuncia en investigaciones, en particular las dirigidas por Álvaro Rico, donde se dan cuenta de algunos episodios nuevos para los estrados judiciales), que en algunos casos se convirtieron en indagados por la Policía. La ratificación de una denuncia consiste en decir si se mantienen o no los términos en los que un hecho fue denunciado, si se quiere aportar otro dato o hacer alguna nueva consideración. Los denunciantes afirman, sin embargo, que existieron “distintas y múltiples irregularidades en esas convocatorias” y que, además, a algunos de ellos “se los presionó para que desistieran de ratificar la denuncia”.
Según una de las actas –fechada el 31 de enero de 2012–, el comisario Dos Santos sacó a relucir dos detenciones que tuvo un ahora joven de 21 años, una por hurto y otra por rapiña, siendo menor de edad, y que culminaron con la clausura del expediente y la entrega del joven a sus padres. El joven había concurrido al doe a ratificar la denuncia de las torturas infligidas a su padre (detenido en un balneario de Canelones en 1972 y trasladado al Cuartel de Blandengues, al 6º y 9º de Caballería, a Punta de Rieles, a Paso de los Toros y Boiso Lanza). Minutos después, y luego de que respondiera que la información para hacer la denuncia la obtuvo de los relatos de su padre y documentación histórica, el comisario preguntó si estaba al tanto de la información que relata otra “documentación histórica” titulada “Toda la verdad en voz alta”, donde se señala a su padre como participante del homicidio de cuatro personas, algunas de ellos policías o militares. La “documentación histórica” citada por el interrogador no es otra cosa que la página web que regentean desde Domingo Arena los militares procesados por delitos de lesa humanidad.
Otro caso relatado es el de una mujer que presentó la denuncia por dos muertes en 1968 en el penal de Libertad. La información fue obtenida a través de la investigación de la Udelar dirigida por Rico, y formó parte de la estrategia de las jornadas de 2011. Nucleadas a través de la feuu, diversas personas, no necesariamente vinculadas a las víctimas, denunciaron casos sobre los que el Poder Judicial hasta entonces no había actuado. A modo de ejemplo, una de las muertes tenía dos versiones diferentes: que la persona murió de un derrame cerebral en el Hospital Militar y que murió sin asistencia en el penal. Cada una de esas personas se comprometió a “hacerse cargo” de la denuncia y su seguimiento. En esta oportunidad, el oficial a cargo interrogó: “¿A quién está acusando?”, “¿Qué es lo que está afirmando?”, cuando en realidad son esas las dudas que debe despejar la investigación.

PERO QUÉ RARO TODO… De acuerdo a varios abogados consultados, los jueces pueden solicitar a cualquier repartición policial que oficie como auxiliar de la justicia. Es legítimo derecho del juez pedir a la Policía que ratifique las denuncias, aunque no es lo más habitual que lo haga un cuerpo como el doe, una de las unidades “más capacitadas en materia de investigación. Es a la unidad que le dan las investigaciones más complejas. Colabora con Asuntos Internos para investigar casos de la Policía, por ejemplo”, según dijo Juan Faroppa, actual miembro de la Institución Nacional de Derechos Humanos y ex subsecretario del Interior. Mucho más natural, afirmaron, era enviarlas a cada comisaría que recibió las denuncias. Brecha intentó comunicarse con Merialdo, pero una funcionaria judicial respondió que la doctora “no recibe prensa” y dio por finalizada la conversación. Tampoco en el Ministerio del Interior (mi) y en la scj supieron explicar.
El vocero de la scj, Raúl Oxandabarat, dijo que es legítimo que el juez solicite a la Policía la ratificación de las denuncias, y la elección de la dependencia que lo hará “es criterio del juez, dependiendo de la complejidad del asunto, de los fines que tiene la investigación. La Policía es auxiliar de la justicia en la investigación en torno a un ilícito, por lo tanto cualquier investigación requerida por el juez debe cumplirse”.
El director general del Ministerio del Interior (mi), Charles Carrera, afirmó enterarse por Brecha de las incómodas interpelaciones a las que fueron sometidos varios denunciantes y las calificó de “gravísimas”. Pero, advirtió que si no hay denuncia el ministerio no puede actuar ya que las actas están en secreto de presumario.
“No sé en qué sentido lo habrán preguntado. Si es en un sentido intimidatorio, absolutamente no corresponde”, explicó Oxandabarat cuando Brecha lo consultó por el sentido de las preguntas. Y agregó: “Es difícil determinar la motivación. La persona que denuncia no tiene que ser interrogada más allá de lo necesario para darle cauce correcto a la denuncia”, aunque esto no significa que toda pregunta sea improcedente. Los denunciantes sienten sin embargo que todo es intimidatorio. El día de la denuncia varias comisarías no quisieron aceptarlas, por ejemplo en San José, y las personas debieron trasladarse a Montevideo para concretarlas; en la Seccional 4ª de Montevideo los denunciantes permanecieron detenidos por varias horas; en otro caso, derivado al juzgado de Libertad, fueron convocados para informarlos que la sede no tenía competencia en el asunto por haberse creado después de los hechos denunciados. Tiempo después uno de los denunciantes fue citado para decirle que en realidad sí tenían jurisdicción. El resultado de todo ello es, finalmente –y en la visión de los denunciantes–, la conformación de un “gran escenario para intimidar”.