Vuelo demorado

La nueva aerolínea en la encrucijada

La eventual incautación de los aviones de la ex Pluna dilata la conformación de la nueva aerolínea. A instancias del gobierno, los trabajadores buscan una solución mediante la renovación de la flota, deshaciéndose de los crj-900, un objetivo sopesado en el plan de negocios entregado al Fondes y reforzado por la opinión de varios juristas consultados. Negociaciones con Bombardier y nuevas conversaciones con la brasileña Embraer intentan ahora alejar el fantasma del embargo de las aeronaves.

 

La negociación que hasta hace pocas semanas llevaban adelante el gobierno y la empresa canadiense Bombardier (véase Brecha 27-III-13), proveedora de las aeronaves crj-900 adquiridas durante la gestión de Leadgate, aterrizó ahora en manos del sindicato de trabajadores de la ex Pluna. Forjadores del proyecto autogestionario con el que aspiran a volver a las pistas, los trabajadores esperan llegar a un acuerdo que, mediante la renovación de la flota, les permita superar la eventual incautación judicial de los aviones a raíz del tendal de deudas que dejó el cierre de la aerolínea. En esa dirección, fuentes del gobierno y del sindicato explicaron a Brecha que a las conversaciones con Bombardier iniciadas por el Ejecutivo en torno a la adquisición de aviones Q 400 –con capacidad para 70 pasajeros, 22 menos que los crj– se sumaron ahora nuevas reuniones con la brasileña Embraer, en su momento desestimada por la gestión de Matías Campiani al frente de Pluna. Las negociaciones vienen teniendo lugar en Montevideo con los representantes para América Latina de ambas empresas. El gobierno, que acercó a las partes, participa como una especie de veedor.
En caso de que los aviones llegaran a ser incautados por orden judicial, la proyectada aerolínea podría quedar herida de muerte, advierten desde el Ejecutivo. Además, esta situación le echaría al gobierno, como garante de la compra de los Bombardier, el fardo de los pagos semestrales que hay que hacer al Scotiabank de Canadá. Sacados de la masa acreedora de la ex aerolínea de bandera y pasados a un fideicomiso que los administra para evitar los juicios en el país –queda la duda de si esa estrategia evita los juicios en la región–, los aviones penden de un hilo. Los expertos en derecho administrativo consultados por el Ejecutivo recomiendan al unísono que el Estado se desprenda totalmente de las aeronaves como forma de evitar embargos. De ahí que el gobierno, a instancias del secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y el asesor presidencial Pedro Buonomo, haya contactado con Bombardier para sondear la posibilidad de renovar la flota y deshacerse de los crj-900. La pista tiene algunos baches. Si bien advierten el peligro, ninguno de los informes solicitados a juristas de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay –destinos a los cuales, según el plan de negocios presentado por los trabajadores, volaría la nueva aerolínea– es concluyente respecto a la confiscación de las aeronaves.
El limbo jurídico pone en aprietos a los trabajadores, pero la respuesta sigue encriptada. Y los 15 millones de dólares que los trabajadores solicitaron al Fondo de Desarrollo (Fondes) para empresas autogestionarias siguen sin aparecer. ¿La razón? El gobierno resolvió no anunciar el préstamo hasta tanto no se resuelva la fórmula jurídica que despeje la bruma en torno a una posible requisa. Hacerlo de otra manera implicaría hacer una importante previsión presupuestaria para cubrir eventuales indemnizaciones futuras, limitando la capacidad financiera del nuevo emprendimiento, aseguraron fuentes de la Torre Ejecutiva. En un principio, el gobierno manejó la posibilidad de que, dentro del contrato que los trabajadores deberían firmar con el fideicomiso, se incluyeran cláusulas específicas donde se estableciera que no se harían cargo de las deudas contraídas por Pluna. Pero esa salida fue cuestionada por varios juristas que opinan que, aun bajo ese corsé, los aviones pueden ser embargados.

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