Brecha Digital

El control ausente

Avionetas que bajan con dinero ilegal, plata que ingresa en autos con doble fondo, prestamistas detrás de fachadas de cooperativas de crédito, oficinas de zona franca que ocultan la triangulación de capitales, inmobiliarias que esconden compraventas tan millonarias como sospechosas, son algunas de las posibilidades que ofrece Uruguay a quienes transitan las rutas del blanqueo. Además, en esta cobertura se ofrece un artículo sobre las repercusiones de la denuncia de Lanata en Argentina y un análisis sobre la “farandulización” del periodismo de denuncia.

“Yo he pasado decenas de veces por la aduana de Colonia, por la del puerto de Montevideo, por la de los puentes, en el norte, y nadie me ha revisado el bolso: puedo llevar ropa y chocolates, o algún que otro millón de dólares, pero de eso nadie se va enterar si entro como Perico por su casa.” Estas palabras pertenecen a un especialista en lavado de activos, cuyo nombre Brecha se reserva por razones de seguridad de la fuente, que trabaja en el control de actividades ilegales para organizaciones internacionales. Pero la información, corroborada por informantes de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de Uruguay y por miembros de la Policía Internacional (Interpol), con asiento en Uruguay y Argentina, no puede ser desmentida: ¿quién no ha pasado por la aduana uruguaya sin ser controlado? Ni en la forma clásica –apertura de bolsos– ni de manera más sofisticada: detectores electrónicos o animales adiestrados

“¿Perros que olfateen dinero? Vi dos en mi vida. Cualquiera puede entrar a Uruguay con un coche con doble fondo tapizado de billetes. Se arriesga a que justo le toque un control de rutina, pero éstos, aplicados como se deberían aplicar, con inspección exhaustiva, brillan por su ausencia”, explicó uno de los informantes calificados que suele hacer viajes semanales entre ambas márgenes del Plata.
Uruguay, a pesar de ser un país de libre circulación de divisas, tiene una normativa aggiornada, que entre otros aspectos obliga a las personas a declarar en Aduanas si ingresan al país con más de 10 mil dólares, y deben responder una serie de preguntas establecidas en un formulario respecto al origen y destino del dinero. También hay leyes que prohíben hurtar, pero esos delitos se siguen cometiendo. Por lo tanto el punto no es la fortaleza de la ley –que todos los especialistas consultados consideran buena– sino cómo hace el Estado para controlar que se cumpla.
Una vez que Jorge Lanata ventiló relaciones presuntamente delictivas entre algunos empresarios y el gobierno de Cristina Fernández, involucrando a Uruguay como país intermediario para el lavado de activos, el sistema político uruguayo puso el grito en el cielo, aunque ahora la justicia y el propio Banco Central, apoyados por Interpol, investigan el caso.
El vicepresidente Danilo Astori sostuvo que las denuncias “no tienen mucha credibilidad” –algo que se parece más a una reacción política que a una argumentación– y que la legislación uruguaya en materia de control del lavado es la mejor de Sudamérica. Esto último es razonable, pues al Estado le ha costado mucho cambiar las leyes y bregar por salir de las listas negras que desde hace años ubicaban a Uruguay como un “paraíso fiscal”. Pero tampoco es hoy el paraíso de la legalidad.
El presidente José Mujica
–que acaba de zurcir una fisura en su relación con la mandataria argentina tras la mala pasada que le jugó un micrófono abierto– dijo que lo de Lanata es “hojarasca” y que forma parte de la “lucha interna política argentina”, donde “se tiran con todo”. Acto seguido, asumió: “No hay nadie que pueda traer 5 millones de dólares y tomar un café y no le pregunten nada. Ahora, que en Uruguay baje alguna avioneta con plata, por favor, y si no, ¿la droga de dónde viene, cómo viene? ¡No seas malo! Hay un tráfico clandestino que puede dar para cualquier cosa”. Entonces, como te digo una cosa, te digo la otra: Uruguay tiene buenas leyes, pero son violadas en forma permanente.
Si la avioneta con los cinco o quinientos millones de dólares desciende en una lujosa chacra de Punta del Este –que bien lo puede hacer– o en alguna pista más reservada, en algún lugar del Uruguay profundo, y luego el dinero recorre las rutas del país en la valija de un auto, a nadie le puede extrañar. Ni al propio presidente. El asunto es qué se hace con esa plata.
Los expertos nacionales e internacionales consultados por Brecha entienden que un lavado “a la antigua”, es decir, depositando la plata en bancos uruguayos, ya no es posible: el último que lo logró fue João Arcanjo Ribeiro, el rey brasileño de las apuestas del Jogo do Bicho. Colocó entre 2001 y 2003 varios millones de dólares en la plaza financiera uruguaya: en el Boston y en el Citibank.
La legislación cambió acompañando el concepto de “conozca a su cliente”, es decir, sepa si el dinero que quiere depositar es legal o no. También los bancos y las sociedades de intermediación financiera, ahora escasas, son controladas por el bcu en estos aspectos, y además el organismo debe llevar un registro real de las personas –con nombres e historial– que hay detrás de cada institución bancaria. Ya no es posible ocultarse bajo las sombras de sociedades anónimas. Pero este control es para esa área del sistema.

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