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Las sacas del presidente

Horacio Cartes fue investigado en Uruguay por lavado

La Secretaría Nacional Antilavado uruguaya investigó al grupo económico del presidente electo de Paraguay, Horacio Cartes, y verificó que era el responsable de un cuantioso trasiego de dinero en billetes de diversos países –sobre todo dólares y moneda paraguaya– que usaba el aeropuerto de Carrasco como trampolín para enviar la plata a Estados Unidos y a España.

La indagatoria institucional se realizó tras una denuncia periodística por ingreso de dinero ilegal al país proveniente de Paraguay y por el trasiego de billetes sin control en el principal aeropuerto uruguayo, revelada en 2005 por el programa Lanata.uy.* Se denunció que, sin pasar por los puestos aduaneros, los billetes compactados en sacas eran trasladados en carritos a ciertos sectores de la pista de aterrizaje y la mayor parte cargada en las bodegas de otros aviones. Entre los documentos difundidos aparecían remesas sospechosas del Banco Amambay.
Los datos fueron corroborados meses después por el organismo antilavado. Así la Secretaría Antilavado verificó que el grupo Cartes –dirigido por el actual mandatario electo paraguayo– a través de su banco Amambay bajaba el dinero en aviones particulares en el aeropuerto de Carrasco, lo cambiaba a aeronaves de línea de empresas comerciales y lo trasladaba a Nueva York y a España, entre otros destinos, según fuentes nacionales e internacionales vinculadas a la investigación que fueron consultadas por Brecha.
La investigación periodística había revelado que parte del dinero ingresaba a casas de cambio con oficinas en la Ciudad Vieja, y eso fue corroborado por la Secretaría Antilavado, aunque nunca logró establecer si se trataba de lavado de dinero en Uruguay.
Las casas de cambio expusieron sus documentos donde figuraran remesas desde la triple frontera, y aunque no podían establecer el origen legal del dinero, en aquel momento la indagatoria no pudo ir más allá de las sospechas: los comprobantes del trasiego eran por mucho menos dinero del que descendía en Carrasco. Y si bien se presumía la maniobra, en Uruguay no podía establecerse con certeza el lavado, y la falta de legislación en la materia en aquel momento frenó en parte las investigaciones contra los cambistas involucrados.
De haber existido el delito de “enriquecimiento ilícito” pudo haberse continuado investigando, ya que de acuerdo a esa figura penal –que aún no existe en Uruguay– el indagado debe probar que el dinero es legal. Ahora, de todas maneras, las leyes antilavado y contra la financiación del terrorismo exigen mayores controles y trámites administrativos que han vuelto mucho más complicadas las operativas presuntamente delictivas con casas de cambio. Esto ha desalentado ese tipo de operaciones de intermediación financiera con apariencia ilegal: el presunto mercado de lavado se corrió entonces hacia sectores no financieros, como la compraventa de inmuebles, la creación de sociedades que usan fachadas de cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones “sin fines de lucro”, o el nunca investigado a fondo mercado de pases de futbolistas.
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