A lo Mujica

El gobierno y el arranque de la democratización de los medios

Dos decisiones adoptadas en las últimas horas por el presidente de la República, José Mujica, se aprestan a cambiar la endémica relación de connivencia entre el poder político y la televisión. El decreto que llama a concurso para el ingreso de nuevos operadores a la televisión digital fue firmado en la noche de ayer por el mandatario, que por estas horas también decidió enviar al Parlamento el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual (lsca). Con todo, ambas medidas llegaron tras un trabajoso consenso dentro del gobierno, dudas que asolaron al mandatario, una guerra de nervios lanzada por los tres grandes de la televisión, y la silueta de Tabaré Vázquez asomando en la escena.

 

Finalmente todo indica que la izquierda se animó a establecer una regulación democrática y transparente para el sistema de medios audiovisuales, que cortaría con la historia imperante en los últimos 60 años. El “toma y daca” entre los titulares de los canales 4, 10 y 12 y el oficialismo de turno ha sido un expediente recurrente en la historia del país, mientras los ciudadanos en general permanecían por fuera de estos arreglos.
Esta vez la definición de la pulseada luce diferente, aunque no por ello estuvo exenta de obstáculos y presiones. El papel de varios funcionarios de gobierno, la trabajosa tarea de convencer a Mujica, el rol activo de organizaciones no gubernamentales, son todos elementos que incidieron para un giro que podría ser histórico.
Al igual que lo que ha ocurrido en toda la región, cuando de ordenar el sistema de medios se trata, la solución a la que se arribó tiene sus bemoles. Pasando raya, cuando se asignen las nuevas licencias, todas estarán sometidas a plazo y a un plan comunicacional explícito –incluidos el 4, el 10 y el 12–, ingresarán nuevos operadores comerciales, públicos y comunitarios a la televisión abierta, los canales pagarán un canon y estarán obligados a cumplir con contraprestaciones.
En paralelo, el Parlamento debatirá la primera ley de servicios de comunicación de la democracia, redactada en clave de derechos (véase recuadro). Esta norma servirá para derogar a otra establecida por la dictadura, bajo el paradigma de la seguridad nacional y de que los medios son únicamente servicios comerciales.

GUERRA DE NERVIOS. El jueves 2, víspera del Día Mundial de la Libertad de Expresión, Búsqueda tituló en tapa: “Abren llamado para cinco canales comerciales de tv digital, tres públicos y dos comunitarios”. El artículo también anunció que “el gobierno estudia los últimos detalles del proyecto de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que también será enviada en las próximas semanas al Parlamento”. El mismo día La Diaria informó en similar sentido. Sin embargo, más de una semana después de esos anuncios, ninguna de estas dos decisiones había sido adoptada.
Según indicaron varias fuentes oficiales a Brecha, hasta ayer jueves a la tarde Mujica había definido enviar el proyecto de ley al Parlamento, pero no estaba dispuesto a firmar el decreto abriendo el concurso para asignar cinco canales digitales en televisión digital abierta comercial. La indefinición del mandatario generó intranquilidad en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, cuya cúpula está comprometida con poner en marcha la transición de la televisión analógica a la televisión digital y habilitar el ingreso de nuevos operadores.
Esta vez el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, secundado por el secretario Homero Guerrero, jugó un papel clave en las negociaciones entre el mandatario, el miem y los propios dueños de los canales. También formó parte de ese equipo Gustavo Gómez, ex titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y actual asesor de la Presidencia en regulación de medios.
En los últimos meses Cánepa asumió la negociación en la interna del gobierno y con los tres grupos más concentrados. Con estos últimos las negociaciones fueron ríspidas, porque hasta el final se mantenían convencidos de que finalmente Mujica se inclinaría por protegerlos.
Es cierto que los tres grupos habían logrado mejorar las condiciones de la transición a la televisión digital, pero aún no estaban satisfechos. De acuerdo a un decreto aprobado el 31 de diciembre, se quedarán con un canal multiplex completo (que comprende muchos más servicios que la actual señal que administran) simplemente con presentar un proyecto comunicacional, pero no tendrán que demostrar su capacidad económica, tampoco depositar una garantía, ni exponer su propuesta en una audiencia pública. También consiguieron reducir la potencial competencia, dado que se ha anunciado que los seis canales que salieron a concurso inicialmente ahora se reducen a cinco.
Sin embargo, el punto de partida para esta negociación había sido la decisión en solitario de Mujica de suspender la convocatoria a concurso el último 23 de enero. Por ello, en el entorno presidencial esta vuelta de tuerca se considera como un “éxito” y, visto en perspectiva histórica, las dos iniciativas sumadas constituyen un paso significativo en la democratización de las comunicaciones. Debe recordarse que la Coalición por una Comunicación Democrática (ccd) había denunciado ante la Institución Nacional de Derechos Humanos que el doble efecto de otorgar privilegios a los canales y suspender el llamado ponía al Estado en una situación de violación del derecho a la libertad de expresión. En respuesta, el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, había afirmado que el llamado a nuevos operadores se aprobaría antes de finalizar el mes de abril y la lsca sería remitida al Parlamento. El subsecretario Edgardo Ortuño y el director nacional de Telecomunicaciones, Sergio de Cola, también estaban fuertemente alineados tras la idea de seguir adelante con la apertura.

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