Cruce peligroso
El retorno de los radicales a la conducción del gremio municipal desarmaría la paz sindical que la dirigencia saliente
–alineada con el Frente Amplio– tejió durante dos años. Las primeras señales se advirtieron con el apuntalamiento a los inspectores de tránsito –en huelga desde hace una semana– y a las demandas de los informáticos. El oficialismo se apronta para una escalada conflictiva mayor, pero también a cortar grueso.
En campos minados se estarían convirtiendo algunas áreas de la comuna capitalina –tránsito, informática, limpieza, saneamiento, necrópolis–, buscando dinamitar la gestión frenteamplista de Ana Olivera al frente de la Intendencia de Montevideo (im), pues las bombas tienen ahora quien las detone: la dirigencia mayoritaria que conducirá a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (adeom) durante los próximos dos años y que no repara en daños colaterales sobre la población. Metáforas como ésas usaron dirigentes frenteamplistas consultados por Brecha para describir el escenario que se abre en Montevideo. En contrapartida, los dirigentes más radicales del sindicato acusan a la comuna de incumplir la negociación colectiva, desatender los reclamos de los funcionarios y apelar a la vieja estrategia de presentarlos como “enemigos” y “tapar” así los problemas que el Frente Amplio (fa) “arrastra” en la capital.
La nueva correlación de fuerzas en el sindicato, con el predominio de la línea más combativa, vuelve a tensar la relación con la Intendencia y a resentir los servicios públicos. “Estamos viviendo un déjà vu, una historia repetida”, se lamentó a Brecha el diputado Carlos Varela, presidente de la departamental del fa, en relación con el estilo de confrontación que proponen algunos dirigentes sindicales. La crispada relación entre adeom y la im tuvo una tregua de sólo dos años. Los dirigentes de la línea “oficialista” o “moderada” que condujeron el sindicato hasta el mes pasado (afines al pcu, el mpp y el ps) mantuvieron bajo control a casi todos los conflictos. Incluso promovieron, en marzo de 2012, un plebiscito entre los 8.500 funcionarios para decidir sobre un convenio laboral –el primero en diez años– que incluyó el compromiso de no tomar medidas que afectaran la salubridad de la población. Rechazado por los radicales, que entendían que debía laudarlo una asamblea general no entre todos los funcionarios sino entre los afiliados al sindicato (unos 6.200), la ratificación del convenio blindó por unos meses la tranquilidad sindical.
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