La resistencia

Jueces y fiscales contra la SCJ por casos de derechos humanos

A pocos días de una nueva Marcha del Silencio, el máximo órgano judicial quedó en el centro de la consigna de Familiares de Detenidos Desaparecidos, al tiempo que éste no se pronuncia sobre si acatará o no la última resolución de la Corte Interamericana que lo obliga a dar marcha atrás en su decisión de frenar las investigaciones de crímenes de lesa humanidad. Varios magistrados comenzaron a desoír a la Suprema Corte y algunos piden que se aparten de los expedientes por haber perdido la “imparcialidad”.    “En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?” Con esta consigna tan ajustada a los momentos que se están viviendo en el país, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos convoca a la décimo octava Marcha del Silencio, que tendrá lugar el lunes 20, a partir de las 19 horas, en Rivera y Jackson.*    
Este año la llegada a la plaza Libertad tendrá quizás un significado especial, pues allí, a unos pasos, se encuentra el Palacio Piria, la sede de la Suprema Corte de Justicia (scj), máximo órgano del Poder Judicial que en sus últimas sentencias le ha dado la espalda a las investigaciones de los crímenes cometidos bajo terrorismo de Estado.     
Y quizás la pregunta de la consigna debería ser respondida por los cuatro ministros –Jorge Ruibal Pino (presidente), Jorge Chediak, Jorge Larrieux, Julio César Chalar– que han puesto su firma en fallos que desatienden la Convención Americana de Derechos Humanos y consideran delitos comunes, y por tanto prescriptos, los cometidos en los años setenta y ochenta durante los gobiernos represivos, ya se trate de homicidios, torturas o desapariciones forzadas.
Se están cumpliendo dos meses desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) dictó una resolución que obliga a la scj a dar marcha atrás en tales decisiones, pero desde el Palacio Piria se guarda silencio y los ministros no han respondido si cumplirán o no con el fallo internacional. (Véase Brecha, 19-IV-13)
Amparados en esta decisión de la corte internacional y de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, algunos magistrados están desoyendo los fallos de la scj y siguen adelante con las investigaciones. Este es el caso, por ejemplo, de la jueza Dolores Sánchez, que el miércoles 8 condenó a 28 años de penitenciaría al general Miguel Dalmao por el asesinato en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.
Estas son las sentencias que, de acuerdo a las declaraciones de Ruibal Pino chocarán contra la “muralla” –tales sus palabras– que supone la scj desde que ha considerado prescriptos crímenes que para los tratados internacionales son imprescriptibles. Luego de tales afirmaciones cinco fiscales nacionales entendieron que Ruibal Pino había prejuzgado y presentaron recusaciones contra los cuatro ministros “amurallados” a fin de que se excusen de seguir actuando en estos casos de derechos humanos o sean apartados por un tribunal especial.
Dos nuevos petitorios, firmados por la fiscal Ana María Tellechea, han llegado este jueves 16 al Palacio Piria: uno, en el caso de la muerte por torturas en 1977 del militante comunista Humberto Pascaretta, expediente en el que los militares Carlos Calcagno** y Carlos Rossel Argimón se presentaron a pedir la inconstitucionalidad de las leyes 18.026 (crímenes de lesa humanidad) y 18.831 (que erradicó del derecho interno la ley de caducidad y que declaró imprescriptibles los delitos cometidos bajo terrorismo de Estado). Otro de los petitorios de la Fiscalía se presentó en el expediente de Julián Basilicio López, militante comunista muerto bajo torturas en 1977. En ese caso los militares indagados que reclamaban la inconstitucionalidad de las leyes contra la impunidad son Nelson Coitinho, Hugo García Celay y Julo César Igarzabal.   
Luego de exponer una amplia argumentación basada en el derecho internacional de los derechos humanos y en la jurisprudencia de la cidh para oponerse a los planteos de los indagados, la fiscal Tellechea, señala: “que habiendo adelantado públicamente cuál va a ser la posición mayoritaria de la corporación en las causas sobre derechos humanos (...), solicito que ‘por delicadeza o decoro’, como lo requiere la ley,  así como para garantizar un pronunciamiento con la debida imparcialidad (sobre todo tratándose de integrantes de ese cuerpo), se inhiban de pronunciarse en esta causa los cuatro ministros  que integran la referida muralla: doctores Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Jorge Chediak y Julio César Chalar, procediéndose a integrar el cuerpo en la forma prevista legalmente”, es decir con otros ministros de tribunales de apelaciones. n

*     Ha trascendido que luego de la marcha se realizaría un caceroleo contra la Suprema Corte, pero Madres y Familiares “no convocan” a adoptar esta medida de protesta ni “está de acuerdo” con realizarla en la marcha, que culminará, como es costumbre, entonando el Himno Nacional.
**     Este coronel retirado falleció el miércoles 14, a los 72 años. Se encontraba en prisión domiciliaria.