Legal y legítima
- Última actualización en 18 Julio 2012
- Escrito por: Eduardo de León*
No fue sólo la velocidad de la destitución, no; fue además la negación del período de prueba y presentación de descargos, la negación flagrante y declarada –escrita en la declaración de destitución y argumentada– del principio de la prueba de la culpabilidad del destituido respecto de las causas señaladas para justificar el mal desempeño.
En el ítem "pruebas que sustentan la acusación" se dice que "todas las causas (para la destitución) son de notoriedad pública, motivo por el cual no precisan ser probadas según nuestro ordenamiento jurídico vigente". "¿Cómo es que Lugo podría probar lo contrario de lo que no precisa ser probado?", escribió Rossi.
La pieza del Congreso paraguayo es violatoria del debido proceso, y en un país cuya Constitución es presidencialista. La canciller Holguín, del gobierno centroderechista de Colombia, relató que, tras largas discusiones, los congresistas paraguayos fueron advertidos por los cancilleres –es lo que establecen las dos cláusulas democráticas del Mercosur y la Unasur– de que si procedían a la destitución sumaria de Lugo violando el principio del debido proceso del jefe de Estado y gobierno electos por el pueblo, los demás países procederían a la aplicación de las cláusulas legales para suspender al gobierno de Franco, como mínimo, de sus derechos y obligaciones en ambos organismos. Los congresistas señalaron que esto les tenía realmente sin cuidado.
Todos los gobiernos de América del Sur, y cancillerías muy profesionales como las de Chile y Colombia, coincidieron en que la destitución sumarísima del presidente paraguayo por el Congreso de ese país –su calificación es un asunto politológico– fue entonces una violación del orden democrático que ameritaba la inmediata aplicación de las cláusulas democráticas de la Unasur y el Mercosur. Todos los departamentos jurídicos de todas las cancillerías de América del Sur.
Sin embargo en Uruguay muchos formadores de opinión, como el ex canciller Opertti o el senador Pasquet, el vicepresidente Astori o el ex presidente Lacalle, pasando por analistas –con excepción de Marcelo Pereira en La Diaria–, eludieron toda referencia a la cláusula democrática del Mercosur y se limitaron a repetir que hubo "quiebra institucional" del bloque. Para justificar este y otros juicios aun más dramáticos y retóricos se dijo hasta el cansancio que "el corazón" del Tratado de Asunción establece que las decisiones de admisión de un nuevo socio serán tomadas por los estados parte, y que por ello se configuraba "la herida institucional más grave de los 21 años del Mercosur". La cláusula democrática del Mercosur o Protocolo de Ushuaia I, aprobada en 1998, ratificada por todos los congresos y parlamentos de los estados miembros, forma parte del corazón del Tratado de Asunción. Fue suscrita, entre otros, por los presidentes Menem, Sanguinetti, Frei, Bánzer, Cardoso, Wasmosy y por los cancilleres Di Tella, de Argentina, y Opertti, de Uruguay, entre varios más.
En su artículo 5 establece que las medidas "abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos".
El artículo 6 dice que "el Estado afectado no participará en el proceso decisorio pertinente". Si el gobierno de Franco ha sido suspendido en sus derechos y obligaciones con el Mercosur esto incluye todas las decisiones, incluso retrospectivas.
El veto de ayer no se mantiene indemne en el tiempo, porque el país cuyo Congreso, no su presidente de entonces, vetaba, está suspendido en sus derechos como miembro pleno. La tormenta de críticas desencadenadas en Uruguay ante esto no tiene nada que ver con argumentos técnicos ni jurídicos, aunque está revestida de una neutralidad profesional única en el continente: es puramente ideológica y política.
Si el presidente de Venezuela fuera Enrique Capriles o Juan Manuel Santos no habría debate hoy ni ayer veto del Congreso paraguayo. Respetar y defender en toda su integridad el Tratado de Asunción y por tanto la letra y espíritu de su cláusula democrática es fundamental para un país pequeño como Uruguay, que tiene en el derecho uno de los fundamentos de su actuación internacional.
El ex canciller Celso Lafer (gobiernos de Collor y Fernando Enrique Cardoso en Brasil) cuestiona la velocidad de la decisión de la suspensión de Paraguay como miembro pleno que no habría cumplido lo estipulado en el artículo 4 del Protocolo de Ushuaia I: "En caso de ruptura del orden democrático de un Estado parte del presente Protocolo, los demás estados parte promoverán consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado". El artículo 5 aclara que "Cuando las consultas mencionadas en el artículo anterior resultaren infructuosas, los demás estados parte del presente Protocolo procederán...".
El contraargumento de los países de la Unasur y del Mercosur –la cláusula democrática es casi idéntica–, incluyendo a cancillerías profesionales y prestigiosas como las de Chile y Colombia, es muy claro: 1) Las consultas pertinentes entre los otros estados por supuesto que existieron. 2) Que comprobaron in situ el proceso mismo de fractura democrática y la voluntad de los congresistas paraguayos. Las consultas realizadas con el Estado afectado (congresistas, Lugo) fueron realmente infructuosas para evitar que los parlamentarios avanzaran en su destitución express.
En Uruguay hubo un muro de silencio de la mayoría de los formadores de opinión, incluyendo al vicepresidente Astori, sobre la cláusula democrática. En el gobierno también hubo silencio sobre los sólidos fundamentos jurídicos de las decisiones de Mendoza. A partir de su desconocimiento se construyó un consenso político correcto y un "relato dramático" sobre las decisiones adoptadas por los miembros plenos del Mercosur que fueron análogas a las adoptadas por todos los gobiernos de América del Sur y además han tenido sintonía con las posiciones del resto de los gobiernos del hemisferio.
La excepción en el frente público fue el ex presidente Tabaré Vázquez, quien el mismo sábado 30 de junio afirmó en Florida que según su "modesto punto de vista, Lugo no tuvo las garantías del debido proceso", y que "el ingreso de Venezuela se dio en forma institucional y fue una oportunidad que se aprovechó dentro de la institucionalidad; desde que era presidente estamos buscando el ingreso de Venezuela".
El corte político es muy fuerte hoy en las políticas exteriores de América del Sur. Fortísimo. En Brasil el psdb se ha opuesto a la suspensión de Paraguay y al procedimiento de ingreso de Venezuela al Mercosur. Hay una nueva división "política" de Itamaraty, algo impensable en su tradición imperial. Pero en Chile las críticas al gobierno lo fueron por su moderación y provinieron de la Concertación. Todo el gobierno y los dos partidos de derecha condenaron la destitución express de Lugo. Piñera mantiene una buena relación personal con Chávez. El líder de la udi, de origen pinochetista, Iván Moreira señaló: "Es improcedente que se destituya un gobernante elegido en las urnas, en menos de 24 horas y sin los estándares mínimos de un debido proceso. El gobierno debe asumir una postura firme y pasar a la acción. El episodio ocurrido en Paraguay genera malos precedentes para el fortalecimiento de las democracias en Latinoamérica, por lo que se debe reaccionar con firmeza. Y lo mejor es retirar al embajador chileno en Paraguay, Cristián Maquieira".
El líder de la oposición venezolana Enrique Capriles, con fuertes críticas a Chávez, apoyó el ingreso de su país al Mercosur, y sectores democráticos de la oposición condenaron a los "golpistas paraguayos" y la destitución de Lugo.
En América del Sur además de la oposición uruguaya, el psdb brasileño y el ex presidente Lacalle –embajador itinerante del régimen de Franco–, el otro defensor apasionado de la "soberanía del Paraguay" contra "la sumisión a la dictadura chavista" es Álvaro Uribe.
En la misma semana, el ex jefe de seguridad de Uribe, general Santoyo, acusado de promover el narcotráfico y el paramilitarismo, se entregó a la dea por requerimiento de la Corte Este del estado de Virginia de Estados Unidos.
En Uruguay analistas como Marcelo Pereira plantearon la pregunta de si no debería primar el principio de no intervención sobre la cláusula democrática. En ese caso Uruguay debiera plantear la eliminación de la cláusula democrática. Pero hasta ahora, 14 años después de su aprobación por los presidentes y cancilleres del Mercosur y tras su ratificación por los parlamentos de los cuatro estados parte, nadie había cuestionado su vigencia. La cláusula no es una imposición artificial. Expresa el consenso actual y los aprendizajes regionales históricos sobre la democracia, que es ya inseparable de la idea de soberanía nacional en el sur de América Latina.
La defensa de la soberanía de Paraguay y, a través de ella, la defensa de la soberanía de Uruguay es demasiado trascendente como para empañarla con su confusión con la defensa de una mala causa. n
* Sociólogo.