En las dos semanas posteriores al anuncio de la medida que buscaba incluir a los informativos de televisión en el horario de protección al menor (como parte del paquete de medidas para atacar los problemas de seguridad ciudadana), el gobierno mantuvo varias reuniones con organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la comunicación y gremiales de los medios de comunicación, con el objetivo de comunicarles un cambio de estrategia en este delicado asunto e invitarlos a participar de una suerte de consejo consultivo para construir una regulación inexistente hasta el momento.
En los últimos días, además de derogar la censura previa para contenidos que afecten a la niñez, incluida en un viejo decreto que regula el horario de protección al menor, el gobierno escuchó el reclamo de diversos actores de conformar un ámbito plural para discutir una regulación integral de los contenidos audiovisuales dirigidos a los niños. Una apuesta, que de resultar exitosa, puede generar el primer cambio profundo en la historia de la relación entre televisión e infancia en Uruguay.
TODOS LOS ACTORES. Los primeros en ser convocados a la Torre Ejecutiva fueron los representantes de unesco y de unicef en Uruguay, los organismos de las Naciones Unidas especializados en la comunicación y la infancia respectivamente. Por el gobierno los recibieron el directorio del inau, encabezado por su presidente Javier Salsamendi, y el asesor en regulaciones de medios del secretario de la Presidencia, Gustavo Gómez. Tanto unesco como unicef aprobaron la estrategia de establecer un ámbito de consulta con todos los actores involucrados para establecer una regulación sobre temas de la niñez y aseguraron que, a pedido del gobierno, apoyarán técnicamente la iniciativa.
Luego tocó el turno a los actores de la sociedad civil, en particular a la agencia Voz y Vos, que monitorea la información vinculada con infancia que publican los medios de comunicación, la Coalición por una Comunicación Democrática y la Asociación de la Prensa Uruguaya (apu), el gremio de los trabajadores de la comunicación. También en este caso las organizaciones aprobaron la constitución de un ámbito para construir las bases de una normativa que regule los artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia que refieren a los medios de comunicación y los derechos de niños y niñas, así como avanzar en una agenda más integral en relación con la comunicación referida a este público.
Para el final quedó el sector que más se resiste a cualquier tipo de regulación: el empresarial. Cuando se conoció la intención del gobierno de hincarle el diente a este tema, andebu, la asociación que nuclea a propietarios de radios y canales de televisión, difundió un comunicado en el que expresó que, de concretarse el anuncio oficial, se “afectará el derecho de nuestra sociedad a elegir libremente los contenidos informativos, culturales y recreativos que ella considere más apropiados para satisfacer sus propias necesidades y preferencias”. Y agrega el comunicado: “Cuando los gobiernos pretenden ejercer control sobre los medios y sus contenidos se produce una inversión del rol que corresponde a cada uno, desvirtuando la calidad democrática de la sociedad”.
Las reuniones con el sector empresarial tuvieron lugar con andebu, la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (audap), la Televisión Abierta del Interior (tai) y cuam (agencias de centrales de medios). Fuentes del gobierno dijeron a Brecha que las “reacciones fueron buenas” y que, tras el nuevo planteo del gobierno, los empresarios finalmente aceptaron participar del proceso de consulta, tanto para reglamentar el Código de la Niñez y la Adolescencia como para seguir trabajando en otros aspectos vinculados.
Es cierto que en un primer momento la explicación ofrecida por el ministro de Salud, Daniel Olesker, durante la conferencia de prensa que abordó el paquete de medidas sobre seguridad, se parecía más a una imposición por decreto. Distó bastante de la propuesta actual por parte del inau y Gómez en cada una de las reuniones. En este nuevo intento se empezó por reconocer que incluir a los informativos en un decreto inconstitucional no era el mejor camino para solucionar el tema y que los estándares de libertad de expresión del sistema interamericano de derechos humanos serán la guía del proceso.
VIENTO EN LA CAMISETA. Con el correr de las reuniones los interlocutores del gobierno se fueron convenciendo de que, además de abordar el tema puntual de la exhibición de la violencia extrema, es necesario trabajar sobre un campo más amplio de la relación medios-niñez. Se trata de temas que en otros lugares se encuentran reglamentados desde hace años o décadas, como la clasificación indicativa de los distintos programas a los efectos de alertar a los padres sobre qué contenidos se exponen a los niños; la educación de los niños para los medios; el campo de la publicidad para la infancia, y el establecimiento de estímulos a la producción nacional de calidad para el público menor, una realidad casi inexistente en la actualidad.
Tanto los organismos internacionales implicados como la sociedad civil especializada en estos asuntos reclaman desde hace varios años avanzar en una política de medios integral dirigida a la infancia, que abarque los horarios, las indicaciones, la producción y la publicidad. Como dijo alguno de los invitados, todo este capítulo tiene mucho que ver con el tipo de formación que queremos dar a nuestros niños.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, defendió esta nueva dinámica en declaraciones públicas: “Es una situación que hemos dado en denominar la corregulación, que significa, sintéticamente, tanta autorregulación de los medios como sea posible y tanta regulación por parte del Estado hacia los medios como sea estrictamente necesario, siempre respetando la más irrestricta libertad de expresión, pero también tendiendo a proteger, en el platillo de la balanza, los derechos de niños, niñas y adolescentes como lo manda la ley”.
LA DEROGACIÓN. El expediente de incluir sin más a los informativos en el decreto referido al horario de protección al menor podría haber sido el más sencillo en términos normativos, pero se trataba de una decisión que tenía serios reparos jurídicos. En efecto, el artículo 2 del decreto 445/88 establecía que “todos los programas grabados” y aun “los anuncios de programas y las sinopsis cinematográficas” deberán contar “con la conformidad del Consejo del Niño (inau)” para su emisión en ese horario.
El decreto firmado durante la primera administración de Julio María Sanguinetti había instaurado un régimen inconstitucional de censura previa para seriales y películas dentro del horario de protección al menor, que nunca fue cuestionado porque no se cumplió a cabalidad.
El artículo 4 de ese decreto excluía de ese régimen a los programas periodísticos y a los informativos de televisión. El nuevo decreto del Poder Ejecutivo deroga ambos artículos, basándose en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe la censura previa. Por un lado se repara una inconstitucionalidad y por otro se deja el campo libre para que los informativos también queden incluidos en la futura regulación.
El consejo consultivo que se designe para discutir y establecer las bases de una regulación para prevenir que algunos contenidos afecten a los niños tiene por delante la ardua tarea de reglamentar varios artículos del Código de la Niñez que hasta la fecha habían permanecido en el limbo jurídico. Entre ellos, el artículo 182 indica que “la exhibición o emisión pública de imágenes, mensajes u objetos, no podrá vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los principios establecidos en la Constitución y las leyes”, así como tampoco “incitar a actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas”. n