“Volver irreversibles ciertos derechos sociales”
- Última actualización en 27 Julio 2012
- Escrito por: Fabián Kovacic
—¿Cómo surge la idea de implementar el instituto en el Mercosur?
—En el Mercosur funciona hace muchos años la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías, un mecanismo de coordinación gubernamental de las áreas de derechos humanos, tanto las que están en las cancillerías como las que están en algunos ministerios. Se realizan reuniones cada seis meses y funciona como un espacio de intercambio de información, discusión de temas y coordinación de políticas. En ese espacio surgió la idea de crear un instituto regional que siguiera estos temas en paralelo al Instituto Social del Mercosur, con sede en Asunción, que trabaja en relación con los ministros de Desarrollo Social. La idea es que haya una institución permanente que pueda tener en la cabeza la agenda y los temas del Mercosur más allá de las reuniones periódicas, y que funcione como una instancia de, por un lado, investigación aplicada, cooperación técnica con los gobiernos en diagnósticos sobre política pública y también apuntalar y apoyar los esfuerzos de aplicación de políticas públicas, y tener propuestas regionales para desarrollar. No es un instituto de derechos humanos sino de políticas públicas en derechos humanos, lo cual marca una impronta: no es una instancia de control ni de supervisión sino de apoyo técnico a los gobiernos en los procesos de definición y aplicación de políticas. La decisión de crearlo se da en 2009, en 2010 empieza a funcionar la oficina en Buenos Aires. Por ahora trabajamos en la sede provisoria sobre la calle Sarmiento, pero el espacio definitivo está asignado en el edificio de la ex esma, dentro del Espacio para la Memoria.
—¿Qué pasa con la adecuación de las normas legales en materia de derechos humanos en los diferentes países del Mercosur?
—Hay diferencias importantes entre los países. Por un lado, la jerarquía constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos no es la misma. El grado de apertura de los tribunales en materia de jurisprudencia internacional difiere, pero hay elementos comunes que es importante marcar. Los cuatro países del bloque regional tienen instituciones públicas y estatales dedicadas a definir e implementar políticas en derechos humanos en un sentido amplio, que incluyen instancias de políticas contra la discriminación racial, por la igualdad de género, los derechos de pueblos indígenas; incluso instancias de monitoreo y control, como defensorías del pueblo o ahora la creación de la Institución de Derechos Humanos en Uruguay.
—La pregunta apuntaba a la situación en Argentina, que ha demostrado avances tanto por el juicio a las juntas militares en 1985 como por la reapertura de juicios desde 2003, frente a Brasil, que recién empieza a discutir la conformación de una Comisión de la Verdad sobre los delitos cometidos por su dictadura.
—Es cierto, en Argentina hay avances en varios sentidos, más allá de que el proceso histórico es de zigzagueos. Hay una línea muy definida desde 2003, con los planteos judiciales de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, pero también la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner de impulsar los juicios. Hay elementos interesantes del caso argentino, porque se están juzgando crímenes de lesa humanidad en tribunales nacionales, aplicando la legislación interna del Estado, cosa que no tiene muchos precedentes, teniendo en cuenta el número de personas que están siendo juzgadas. Es un proceso de justicia con muy pocos antecedentes a nivel mundial, pero eso también le da un impacto regional.
De todas maneras, los demás países están muy activos, cada uno con sus propios tiempos, sus escenarios políticos y sus marcos legislativos. En Uruguay, lamentablemente hay poco avance en los procesos en la justicia. En Paraguay está el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, importante para documentar muchas de las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Alfredo Stroessner. Incluso aborda hechos que hoy son centrales en el debate público en Paraguay, como el de las tierras mal habidas durante la dictadura. Y hay algunos procesos judiciales que se fueron dando, organizaciones públicas que siguen temas como los sitios de memoria. En Brasil, si bien no hay grandes avances en el plano judicial, se han formado comisiones de investigación para documentar los hechos. La Comisión de Amnistías va recogiendo testimonios de casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y genera audiencias públicas y archivos de esos procesos. La reciente creación de la Comisión de la Verdad va a movilizar una discusión más profunda sobre el tema. Otro elemento es la nueva ley de acceso a la información pública, con un artículo específico que establece la desclasificación de documentos vinculados a las violaciones de derechos humanos. Todo esto ayuda al debate y puesta al día de temas sobre la memoria.
—¿Y el ejemplo de Uruguay, con la condena de la cidh sobre el caso Gelman?
—Los avances parecen más lentos, pero es importante destacar la acción de los poderes del Estado. Antes de que la cidh condenara al país, hubo una decisión de la Corte Suprema declarando la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, en el caso Sabalsagaray, lo cual es importante porque los jueces presentan argumentos de derecho internacional pero también de derecho constitucional uruguayo. También hay que citar las decisiones tomadas durante el gobierno de Tabaré Vázquez con los cambios de interpretación de la ley de caducidad, que fueron habilitando la judicialización de algunos casos, y durante el gobierno de Mujica la profundización de esa línea. Fue fundamental el acto público de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el caso Gelman que se hizo en el Parlamento, con su efecto simbólico.
Por supuesto que todavía hay debates pendientes y abiertos que habrá que ver cómo evolucionan, pero creo que se han dado pasos importantes en el marco de procesos históricos.
—¿Se va a abordar el tema de la represión conjunta en el Cono Sur, conocida como Plan Cóndor?
—El jueves 12 se hizo la primera reunión de intercambio y apoyo técnico sobre Plan Cóndor en el Archivo Nacional de la Memoria, en la ex esma. Se trata de un grupo que incluye, además de los cuatro países miembros, a Chile (véase recuadro).
—¿Qué pasa con Paraguay, cuando precisamente a pocos días de la destitución de Fernando Lugo se crea formalmente un Instituto sobre Políticas Públicas en Derechos Humanos?
—La decisión tanto del Mercosur como de la Unasur ante el quiebre del orden democrático fue clara y acertada al suspender al país en las distintas reuniones y foros del bloque regional, donde no tiene voto ni veto.
—El instituto emitió un documento crítico acerca de la tortura que se practica actualmente en los países del bloque regional. ¿Cómo observan ese fenómeno, teniendo en cuenta que estamos bajo gobiernos democráticos?
—Hay una diferencia fundamental entre lo que puede ser una política sistemática de violencia estatal, incluso con el objetivo de perseguir a un enemigo político, y situaciones o hechos de violencia institucional que se dan en un contexto democrático. Lo que tenemos es la persistencia de formas de violencia institucional que no han logrado ser revertidas por los procesos democráticos. En algunos países de América Latina la tortura es todavía un método de investigación policial y un mecanismo de disciplinamiento carcelario. Estamos discutiendo formas de prevención que puedan generar cambios en el funcionamiento de las instituciones públicas. El documento que elaboramos es parte de un proyecto de investigación más amplio en colaboración con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
—En Paraguay la represión con muertos en la toma de tierras en Curuguaty fue lo que terminó en la destitución de Lugo. En Brasil están los sin tierra y en Argentina, desde hace varios meses, aparecen hechos de violencia por el desalojo de comunidades campesinas y pueblos originarios. ¿Qué postura o recomendación tiene el instituto en relación con este tema?
—En la agenda de prioridades está la idea de justicia, verdad y memoria en relación con los delitos de lesa humanidad, vinculados al terrorismo de Estado. El segundo eje es el de violencia institucional y seguridad ciudadana, y el tercero derechos sociales e igualdad estructural: cómo incluir socialmente a grupos que están en situación de desigualdad estructural y garantizarles el acceso a derechos sociales y económicos básicos. La conflictividad por la propiedad de la tierra tiene un cruce de varias cuestiones. Hay que pensar una solución de fondo vinculada a políticas distributivas y al reconocimiento de derechos colectivos, pero también cómo impedir intervenciones estatales que puedan generar violencia en el marco de esa conflictividad social. En Paraguay la violencia en el desalojo de Curuguaty dio pie a la discusión de un protocolo para evitar el uso de la fuerza en casos similares. Cuando el Estado interviene en hechos de alta conflictividad social, ¿cómo logra gestionar políticamente esos conflictos? Es imprescindible alcanzar espacios de negociación y diálogo, limitando al máximo el uso de la fuerza pública. Eso requiere tener equipos formados pero también protocolos y control civil de las fuerzas de seguridad. Muchos de los conflictos políticos en la región y en toda América Latina se generan por el desmadre de conflictos sociales. Hay que controlar la violencia y generar políticas distributivas. Pero también debemos reconocer los grandes avances en materia social de los últimos años en la región, teniendo en cuenta que venimos de una nefasta década de 1990. La interrupción constitucional en Paraguay es fruto de la carencia de derechos sociales aún no adquiridos ni desarrollados, como es el acceso a la tierra, la reforma agraria. Ese es un tema que interroga a los gobiernos del Mercosur.
—En un sentido, la imposibilidad de acceso a la tierra y a una fuente de ingresos genera migraciones dentro de la región. En los años noventa, por ejemplo, el ex vicepresidente de Menem Carlos Ruckauf acusaba a los inmigrantes de robarles las fuentes de trabajo a los argentinos. ¿Cómo trabajan hoy para modificar ese discurso?
—Es un tema clave, porque la migración tiene mucho que ver con el proceso de integración regional. El bloque de países se plantea en ese sentido construir una ciudadanía del Mercosur, para ir equiparando derechos. ¿Cuáles son los derechos que deben incorporarse? ¿Cuáles son los derechos humanos que debieran regir para las personas más allá de su origen nacional? Creo que se comenzó a cambiar el paradigma respecto a cómo se observaba y valoraba la migración en los noventa. Por un lado estaba el migrante como amenaza a la seguridad pública y al mercado de trabajo, que tenía mucho que ver con la amenaza del migrante a la seguridad nacional. En Argentina la ley migratoria era de los tiempos de la dictadura y tenía la impronta de la doctrina de la seguridad nacional. Un médico que atendía en un hospital público a un inmigrante ilegal tenía el deber de denunciarlo, con el riesgo de ser sancionado si no lo hacía. La nueva ley argentina de migración ubica al inmigrante como sujeto de derechos y eso es un cambio fundamental. En los foros internacionales los cuatro países están sosteniendo un par de principios centrales para pensar la política migratoria. Por ejemplo, que la irregularidad migratoria no puede ser un delito perseguido por un procedimiento penal. El otro punto es que hay derechos fundamentales que rigen para todas las personas, más allá del estatus migratorio. Muchos sistemas legales, incluso en países desarrollados, tienen derechos ampliamente reconocidos, pero si alguien ingresa irregularmente al territorio no tiene derecho alguno y se coloca fuera de la ley. El Mercosur tiene acuerdos migratorios especialmente en el tema de la residencia, donde establece el principio de igualdad entre los ciudadanos, y se avanzó en la actualización de acuerdos migratorios entre los países. Todavía están pendientes actualizaciones normativas. Brasil está discutiendo una reforma a su legislación migratoria. El Mercosur está impulsando una iniciativa inédita en temas de niñez migrante dentro del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que cuatro países se presentan ante la Corte a pedirle una opinión consultiva, que es un dictamen jurídico vinculante, de interpretación de los tratados internacionales en materia de niños migrantes. También se está incorporando la idea del principio de unidad familiar, respecto a cómo impacta la decisión de expulsión sobre un grupo familiar. Es un gran tema porque se ve en la práctica migratoria, por ejemplo en Estados Unidos, que expulsa a inmigrantes con muchísimos años de residencia en su territorio, generando un fuerte impacto en las relaciones familiares. En los países sudamericanos se viene dando más importancia en la legislación al principio de unidad familiar.
—Esta legislación, sumada a las condenas por delitos de lesa humanidad, ¿estarían impulsando algo así como un cambio cultural?
—Completamente. Estamos viviendo momentos de profundas transformaciones en los países del Mercosur. Es importante pensar cómo aprovechar este escenario político para que las transformaciones de derechos sociales y políticos se vuelvan irreversibles. Eso requiere construir institucionalidad y transformar esos procesos.
—¿Qué va a pasar con Venezuela en cuanto a los temas de derechos humanos con su ingreso al Mercosur?
—La decisión del bloque es que el 31 de julio se incorpore plenamente. Esto se va a discutir en la cumbre extraordinaria de Rio de Janeiro y habrá que esperar hasta entonces para saber cómo va a ser el proceso de ingreso, pero las instituciones regionales estamos trabajando con la hipótesis de que Venezuela está dentro del Mercosur. En materia de derechos humanos es un país que tiene problemas, como los demás. Su ingreso al bloque es importante en muchos sentidos: reactiva el Mercosur y va a motorizar una cantidad de debates internos para relanzar el bloque y vigorizarlo.
—Durante la última reunión de la oea en Cochabamba hubo algunas muestras de rebeldía y reclamos de parte de los presidentes Rafael Correa y Evo Morales. ¿Hay posibilidades de que el Mercosur o la Unasur piensen en salirse del sistema interamericano de derechos humanos?
—Los mecanismos que actualmente existen a nivel del Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones, son absolutamente complementarios con el sistema interamericano. En temas de derechos humanos la región se está complementando con el sistema interamericano. Los países del Mercosur son muy activos en el sistema. Brasil acaba de lograr la elección de un juez en la Corte Interamericana, se están haciendo propuestas en la oea para fortalecer el sistema y esto indica la voluntad de mejorar el circuito.
El Mercosur contra el Plan Cóndor
Funcionarios de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile en temas de derechos humanos se reunieron en Buenos Aires el jueves 12 y el viernes 13 y formaron el Grupo Técnico Plan Cóndor para la obtención de datos sobre las coordinaciones represivas en el Cono Sur durante la década de 1970. La idea es organizar, sistematizar e intercambiar información de archivos sobre la represión entre las dictaduras sudamericanas, pero también avanzar en el apoyo a los procesos judiciales en curso y la apertura de nuevas causas judiciales vinculadas a los años del terror. Durante el encuentro, la delegación uruguaya –presidida por Javier Correa (del Ministerio de Educación) y Federico Perazza (de la cancillería)– entregó un informe en el que se mencionan archivos públicos y privados existentes en Uruguay y otros países, con información y documentos vinculados a la represión ilegal en aquellos años. El Grupo Técnico acordó dos nuevos encuentros: el 28 de agosto en Porto Alegre, en el marco de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos; otro en noviembre –también en Brasil–, y finalmente presentarán sus conclusiones preliminares en diciembre durante una reunión extraordinaria a celebrarse en Brasilia. “La idea de este equipo técnico es mejorar las relaciones en el intercambio de información sobre la coordinación represiva de las dictaduras, incluso antes de la creación formal del Plan Cóndor. Como se trata de un foro técnico integrado por los gobiernos, se pretende mejorar incluso la información sobre los procesos judiciales que se desarrollan sobre este tema en los diferentes países del bloque, para facilitar la acción de la justicia”, señaló a Brecha Víctor Abramovich.