Fractura expuesta

Indignado (y con un dejo de ironía), el gobierno argentino congeló la negociación por el mantenimiento y el dragado del canal Martín García. De inmediato, el gobierno uruguayo rechazó la ruptura unilateral y llamó a reanudar el diálogo. Sin embargo en ámbitos diplomáticos se advierte que desde el otro lado del río se negocia con la intención de “recuperar” el control del Río de la Plata.

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la actuación de las delegaciones de Uruguay y Argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata (carp) en la negociación para profundizar el canal dejó al desnudo los estilos negociadores de ambos países, expuso las dilatorias argentinas para resolver un asunto urgente para la economía uruguaya y puso en blanco sobre negro “las dudas” e indicios que existen acerca de los contactos entre la concesionaria actual (Riovía) y autoridades argentinas, durante la negociación que terminó beneficiando a esta empresa.
La difusión de esta auditoría dio paso a un intercambio de comunicados entre las cancillerías de ambos países, en los que el gobierno argentino amenaza con dinamitar lo que más ha cuidado su par uruguayo, la negociación por la profundización de la estratégica vía fluvial.
Hace poco más de un mes, en medio de notas de prensa que daban cuenta de intentos de coima e irregularidades en la tramitación de un contrato de extensión del mantenimiento del canal (por un monto de 15,5 millones de dólares), los cancilleres de ambas márgenes del Plata, Luis Almagro y Héctor Timerman, acordaron solicitar a sus respectivos organismos de contralor una auditoría sobre lo actuado en la carp.
El informe del Tribunal de Cuentas (tcr) de Uruguay se conoció a comienzos de esta semana y deja claro al menos cuatro cosas: 1) las actas de la carp, que ambos cancilleres acordaron dar a publicidad, son retenidas por Argentina, que no las aprueba; 2) hubo dilatorias de la delegación argentina para aprobar un llamado de precios para mantener y profundizar el canal Martín García (cmg), lo que favoreció al actual concesionario; 3) hubo hechos –como la sugerencia de un “arreglo” con la empresa, que recibió el presidente de la delegación uruguaya, o los contactos de Riovía con el gobierno argentino– que no llegan a configurar pruebas de la existencia de delito, pero ponen “dudas” sobre la operación; 4) el precio del mantenimiento del dragado fue acordado fuera de la carp, en un nivel político entre el embajador argentino Dante Dovena, el subsecretario de Vías Navegables de ese país, Ricardo Luján, y el vicecanciller uruguayo Roberto Conde; fue un precio fruto de una transacción política, pero no se encuentra alejado del precio del metro cúbico dragado en los puertos de la región.

TRANSPARENCIA Y DILACIONES. La transparencia en los asuntos de gobierno tiene muchas virtudes, pero en este caso ventilar todo lo sucedido en los últimos dos años en la carp permitió arrojar luz sobre las distintas actitudes, así como la “buena fe” con las que ambas delegaciones acudieron a la negociación.
Entre otras cosas, los auditores del órgano de contralor uruguayo informaron que las actas de la comisión binacional son desgrabadas, luego se las somete a la consideración de cada delegación para “sugerencias menores de forma” y finalmente son aprobadas. Las actas de estos últimos dos años no fueron suscritas aún por la delegación argentina, que además considera que hasta no ser rubricadas por ella “no revisten la calidad de tales”. Esta situación determinó que la auditoría trabajara con las actas aprobadas por Uruguay, pero impidió que fueran publicadas, como ambos cancilleres acordaron hace poco más de un mes.
En cuanto a las cuestiones de fondo, en los últimos dos años se han desarrollado dos negociaciones en paralelo en torno al canal. La medular es la larga aspiración uruguaya de dragar el canal principal del Río de la Plata a 34 pies, lo que permitiría que los barcos de diseño más grande que cargan en Nueva Palmira pudieran bajar por el canal común y no, como pasa ahora, sólo por el canal argentino Emilio Mitre, que ya se draga a 36 pies y es de uso y administración exclusiva de Buenos Aires.
Una segunda negociación corrió en paralelo a ésta, y se centra en el contrato de mantenimiento del canal actual, a cargo desde mediados de los noventa de la empresa de capitales holandeses Riovía, algo así como el cuidado diario de la navegabilidad de esa vía fluvial. Ese contrato millonario vencía en diciembre de 2011 y Uruguay pretendía que el nuevo concesionario surgiera de un concurso de precios entre varias empresas interesadas. El Tribunal de Cuentas arroja luz sobre esta segunda cuestión: “Las delegaciones de cada Estado manejaban tiempos muy diferentes –consigna–, todo lo cual inevitablemente fue creando el escenario ideal para una negociación contrarreloj y, por tanto, generando condiciones más beneficiosas para Riovía sa”.
De las actas revisadas por el órgano de contralor surge una comunicación del presidente de la delegación uruguaya, Francisco Bustillo, en la que advierte de las “sucesivas dilaciones por parte de la delegación argentina, en cuanto a retomar el proceso licitatorio”. El tribunal concluye que la prórroga aprobada el 7 de febrero de este año “estuvo precedida de incesantes esfuerzos de la (delegación uruguaya) para, por un lado, agilizar la tramitación de una nueva licitación para profundizar el cmg y, por otro lado, promover un concurso de precios para obtener ofertas más competitivas que la que podía ofrecer la concesionaria Riovía”.
“La posición de la delegación argentina dentro de la carp –prosigue el informe–, dilatando la discusión de temas importantes para los intereses de nuestro país, alegando la mayoría de las veces (falta de) instrucciones de distintas oficinas gubernamentales argentinas, derivó en un escenario poco propicio a los intereses de la comisión para negociar (…), facilitando la posición de Riovía tanto en lo relativo a mantener el vínculo, como en lo que hace relación al precio” de la extensión del contrato de mantenimiento.
El tcr concluye que “no se aprecian responsabilidades de los miembros de la delegación uruguaya (…) por el contrario sus integrantes actuaron ajustándose integralmente a las normas que rigen su desempeño, tratando de preservar los intereses del país dentro del organismo binacional”.

LOS TEMAS TURBIOS. Las actas de la carp y los informes que Bustillo elevó a la cancillería en su momento dan cuenta de tres episodios en los que el ingeniero Sergio Cetera, directivo de la empresa Riovía, aparece mencionado a raíz de presuntas irregularidades.
Uno de los incidentes alude al conocido intento de soborno al embajador Bustillo, durante una reunión que éste mantuvo con su par argentino, Roberto García Moritán. Otro episodio que también fue conocido e informado por Bustillo guarda relación con una conversación que mantuvo Cetera con el ex secretario técnico de la carp, Fernando Antoniello.
Y hay un tercer episodio: una conversación que mantuvo Cetera con un periodista, y que este último grabó en formato digital. Allí Cetera afirma que los “enemigos” del dragado en Argentina se dieron vuelta, en referencia al subsecretario de Vías Navegables, Ricardo Luján (un hombre cercano al jefe sindical Hugo Moyano), y que Argentina está dispuesta a adjudicar directamente el dragado, pero en Uruguay hay diplomáticos que traban esta solución y quieren una licitación (véase Brecha, 15-VI-12).
Dos de estos episodios fueron comprobados por los auditores del Tribunal de Cuentas. Allí se asegura que Bustillo denunció en una sesión plenaria de la carp que el secretario técnico de esta comisión mixta manifestó que un representante de Riovía le dijo que “existía acuerdo con el gobierno argentino para negociar directamente con su empresa las obras de profundización del cmg”. Y se agrega: “El presidente de la delegación argentina, en uso de licencia de la presidencia de la carp en ese momento, reconoce haber sido informado del encuentro por el mismo secretario técnico, pero manifiesta no conocer la existencia de tal acuerdo”.
Respecto al conocido intento de coima, el órgano de contralor también es elocuente: “La conversación (entre ambos diplomáticos) se mantuvo en términos condicionales: el funcionario argentino no mencionó nombres ni situaciones puntuales. Tampoco existió conversación con el funcionario uruguayo y el representante de Riovía sa, pues cuando entró el primero se retiró”.
El tribunal destaca que de todo ello Bustillo dio cuenta al canciller, al vicecanciller y al embajador itinerante Julio Baráibar, y “se consideró que no era pertinente realizar denuncia alguna, entre otras cosas porque el episodio había ocurrido en Argentina”.
A pesar de concluir que la cancillería no fue omisa al no presentar una denuncia penal, el tribunal concluye que “todos estos episodios afectaron la transparencia en la negociación de la prórroga con Riovía sa”. Y que, analizadas en su conjunto, estas situaciones permiten “irradiar dudas sobre la regularidad de los procedimientos tendientes a extender el vínculo con Riovía a partir del mes de febrero pasado”. El tcr manifiesta que corresponde a la cancillería evaluar la adopción de “las medidas que correspondan a derecho, teniendo presente lo señalado”, lo que abre la posibilidad de iniciar una investigación administrativa (pero no necesariamente conlleva una denuncia penal).

EL PRECIO. Finalmente, la auditoría también se expide sobre la negociación política para fijar el precio de la obligada extensión del contrato de Riovía. Según el informe, el único documento que se manejó por parte de la carp y que se refiere al porcentaje de incremento del precio para negociar con Riovía, partió de la delegación uruguaya y se produjo el 17 de noviembre de 2011. En ese documento, que se sometió a consideración de la carp, se estableció que el incremento del precio no debería superar el 14,05 por ciento. Según la investigación del tcr, “la delegación argentina nunca presentó un documento para sustentar su posición”.
El tribunal concluye que, como surge de la declaración del vicecanciller uruguayo, para “resolver las discrepancias existentes dentro de la carp, la solución política fue propuesta por la cancillería argentina y aceptada por la uruguaya”. El acuerdo se cerró en Montevideo, a mediados de enero, entre el embajador argentino Dovena, Luján y el vicecanciller Conde. La definición del precio terminó siendo política; según Conde: “un precio de aproximación entre las pretensiones de las partes”. Aunque reconoció que Argentina “manejaba un precio más alto que Uruguay”. No obstante este procedimiento, para los auditores, “tomando en cuenta el costo del metro cúbico dragado como componente más importante del precio, existe una razonable equivalencia entre el acordado para esta prórroga, con aquellos manejados en la región por oferentes que participaron en llamados realizados por la anp”.

LA RUPTURA. La difusión por medios uruguayos y argentinos de los resultados de las auditorías movió a la cancillería argentina a emitir dos comunicados sucesivos: el primero para desmentir a Clarín y La Nación, y el segundo, en tono de represalia contra Uruguay.
En el primer texto, la cancillería vecina se ataja y aclara que fue la propia Argentina la que propuso hacer las auditorías. Argentina también se defiende y alega que durante la negociación para contratar directamente a Riovía la empresa llegó a valorizar el precio del trabajo en 18 millones de dólares, pero finalmente acordó una prórroga por la que se estableció el precio de 15.150.000 dólares. “La supuesta demora, de la cual es sospechada la Argentina, resultó en un ahorro de 2.850.000 dólares. ¿Será esta reducción de precios la que motiva las notas quejándose de la demora?”, se ironiza en el comunicado.
Los gobernantes argentinos evalúan como “falsa” la afirmación respecto a que las supuestas demoras responderían a que Argentina pretendería retrasar el dragado del Martín García para favorecer al canal argentino Mitre, puesto que contrasta “con el hecho irrefutable” de que el canal binacional es utilizado mayoritariamente –en más del 80 por ciento– por buques que tienen como destino a puertos argentinos.
Pero en el segundo comunicado la cancillería argentina pasó a la acción e informó que resolvió suspender nuevas actuaciones relativas al cmg “hasta tanto el gobierno uruguayo se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas sobre la regularidad de los procedimientos”, expresadas por el tribunal uruguayo. “Es importante permitir que Uruguay disponga de toda la libertad y apoyo necesarios por parte del gobierno argentino para resolver esas dudas antes de tomar nuevas decisiones que puedan ser sospechadas, como las señaladas en el informe de auditoría”, señala con un dejo de sarcasmo.
Horas después, su par uruguaya rechazó la “decisión unilateral” de Argentina de suspender las actuaciones relativas al canal (y además instó a “continuar las negociaciones inmediatamente”).
Luego recuerda la autonomía constitucional de la que goza el órgano de contralor uruguayo, en contraposición con la dependencia del Ejecutivo del símil argentino. La fractura había quedado ahora sí expuesta. n

El kirchnerismo y el control del Plata
Desde junio de 2010, cuando los presidentes José Mujica y Cristina Fernández de Kirchner se reunieron en la estancia presidencial de Anchorena a sellar el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, uno de los principales objetivos uruguayos era lograr la profundización del canal Martín García y hacerlo competitivo, en el marco del desarrollo de los barcos de gran porte que dominan la navegación transoceánica.
Dos años después la negociación se muestra compleja y llena de obstáculos. Más allá de la polémica por el contrato de mantenimiento con Riovía, el punto importante para Uruguay era poner en marcha la licitación para dragar. Pero ese momento nunca llega, porque Argentina interpone cada vez una nueva dilatoria. El canciller Luis Almagro ha explicado varias veces la actitud argentina como la encarnación de la lucha de intereses que están unidos al comercio y la navegación. Pero, ¿por qué el kirchnerismo, afín ideológicamente al gobierno de José Mujica, no se antepone a los naturales intereses de las burocracias y de los privados?
Algunos diplomáticos que negocian desde hace años con los vecinos estiman que la cancillería argentina está influida actualmente por una doctrina nacionalista que busca recuperar la soberanía “entregada” por el menemismo en los noventa. La ofensiva diplomática por las Malvinas, la nacionalización de ypf, el proteccionismo comercial, son parte de esa idea. De acuerdo a estos diplomáticos uruguayos, el control del Río de la Plata también es un objetivo de la Argentina actual, en tanto consideran que fue “entregado” por Carlos Menem cuando en 1996 aceptó dragar en conjunto con Uruguay el canal Martín García, algo acordado durante el mandato de Luis Alberto Lacalle (1990-1995).
Por ello, varios embajadores uruguayos dicen no sorprenderse de que Argentina tranque y nunca termine de aprobar el pliego de condiciones para que los cuatro interesados en dragar puedan presentar sus ofertas. Antes de la actual “suspensión”, la negociación se había congelado por una nueva propuesta argentina: “la posibilidad de ensanchar el canal” para que diera cabida a un nuevo diseño de buque, lo que llevaría a revisar una vez más los pliegos y a recalcular costos.
No faltan los que advierten que por algo Argentina puso a Hernán Orduna, un dirigente que militó contra las pasteras, al frente de las tres comisiones binacionales (caru, carp y el Frente Marítimo). ¿Se repetirá esta pelea cuando se discuta el límite lateral de la plataforma continental o la profundización de las vías troncales del Plata?