Limpieza profunda

Los problemas en la recolección de la basura suelen debatirse cuando los trabajadores afectan el servicio. Pero poco se dice de la responsabilidad de las empresas que hace cinco años resisten la aplicación de una legislación que las obliga a hacerse cargo del reciclaje de los residuos plásticos que introducen en el país. De aplicarse la ley se descongestionaría la basura, se brindaría una salida laboral a los clasificadores y se aliviarían las arcas públicas.

Así como la inseguridad ha sido el atajo más redituable para criticar al Frente Amplio (fa) a nivel nacional, la limpieza lo ha sido para condenar la gestión en Montevideo. La alta desaprobación que carga la intendenta Ana Olivera –trepa a 56 por ciento, según Factum– y el desánimo en los frenteamplistas han estado en la agenda de todos los sectores oficialistas. Revertir el descontento en Montevideo, bastión tradicional de la izquierda, es clave si el fa pretende otro quinquenio en la Torre Ejecutiva y superar el cuarto de siglo en el Palacio Municipal.
Al igual que el discurso hegemónico de la inseguridad, el de la limpieza es fuertemente performativo: construye la realidad a medida que la describe. Así el riesgo sanitario se debate cuando se desborda un contenedor de la franja costera, pero no cuando es permanente en los más de 400 basurales endémicos de la periferia. Los trabajadores son blanco de ataque cuando toman medidas que distorsionan la limpieza, pero no cuando los empresarios se resisten a cumplir la ley que los obliga a reciclar la basura que generan. En estos acentos están en juego las prioridades de la Intendencia de Montevideo (im) para concretar un abordaje integral.

CONFLICTO LATENTE. Hace dos semanas, entre el 10 y el 12 de julio, funcionarios de la División Limpieza de la im realizaron asambleas en su horario de trabajo que afectaron la recolección de la basura en algunos barrios. Reclamaban el pago de horas extras adeudadas a 15 trabajadores y la rotura de una caldera que impedía que se ducharan con agua caliente. A pesar de que esas demandas fueron solucionadas, el viernes 20 el sector volvió a paralizar sus actividades reclamando más personal y cambios en el régimen de trabajo (por ejemplo, que los nuevos funcionarios cobren los domingos como horas extras).
Ante la nueva distorsión del servicio, la im solicitó a la población que no sacara la basura durante el fin de semana. Eso bastó para encender todas las alarmas. Las declaraciones del ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, no las desactivaron. Al contrario, el lunes manifestó que se habían detectado focos de riesgo sanitario en Malvín, Buceo, Pocitos y algunos barrios periféricos. Jerarcas de la im lo corrigieron: el informe que manejaba correspondía a la paralización del 10 al 12 de julio y no a la del viernes 20. Pero ya era tarde. La oposición exigía la esencialidad de los servicios de limpieza, la privatización total de la recolección y denunciaba la violación del convenio entre la im y adeom que incluyó una cláusula de paz sindical para que no se afectara la limpieza en caso de conflicto.
Para bajar la tensión, la directora de Salud Ambiental del msp, Carmen Ciganda, confirmó que no había riesgo sanitario en ninguna zona de la capital según un nuevo informe de esa cartera. Igualmente las autoridades, en una suerte de alerta, siguieron manejando la posibilidad de recurrir a la esencialidad en caso de riesgo sanitario. Además, algunos jerarcas denunciaron que adeom boicoteaba el convenio a través de un “conflicto no declarado”. Es que el conflicto se le escapó de las manos al Partido Comunista, que desde el año pasado logró liderar la nueva correlación de fuerzas tanto en la im como en adeom.
Las medidas del sector de Limpieza fueron tomadas sin consultar a la dirigencia de adeom, que recién pudo encauzar el conflicto el martes. La mayoría moderada del gremio (que responde a la oficialista lista 2011, afín al pcu y al mpp) acordó con la minoría más radical (vinculada a la lista 1980 de Asamblea Popular, Partido de los Trabajadores e independientes) solicitar una reunión a la im y evitar que se tomaran medidas sin el respaldo de la directiva.  
Aunque el secretario general del sindicato, el comunista Camilo Clavijo, explicó a Brecha que el conflicto no se debió a un nuevo round entre radicales y moderados, lo cierto es que hubo radicales promoviendo las medidas y moderados desactivándolas. Limpieza es el sector que realiza más horas extra de toda la comuna. Aunque ingresó más personal, aún no se ha compensado la baja que supuso los retiros incentivados que promovió la im. adeom entiende que las horas extra han retrasado la contratación de personal y viciado el sistema al proveer a los trabajadores de un aumento salarial indirecto. Para el secretario general de la im, Ricardo Prato, en cambio, no hay escasez de personal sino de camiones que permitan rediseñar los recorridos y cubrir todos los contenedores.

RESPONSABILIDADES. La im dispone de 18 camiones para vaciar los 7.060 contenedores. En las próximas semanas se incorporarán diez nuevos camiones (de un total de 20) y se decidió bajar el quilaje permitido por vehículos para preservar su vida útil. La basura que no es levantada por el camión ni por el trabajador debe ser recogida por cuadrillas de recolección manual o por personal de alguna ong, aunque eso no siempre sucede.
Montevideo genera 2.300 toneladas de basura diaria y tiene más de 400 basurales endémicos. Algunos son históricos y otros se originaron en los “puntos verdes” que la comuna definió para que los vecinos volcaran los residuos de podas de árboles pero que terminaron alojando toda clase de desechos (escombros, animales muertos, basura comercial). Según Clavijo, el problema es que “no hay orientaciones para que los vecinos y los clasificadores sepan dónde pueden  tirar el exceso de basura y dónde no”.
El defensor del vecino, Fernando Rodríguez, explicó a Brecha que hay “grandes intereses económicos detrás de la basura” y que se debe “regularizar” la clasificación para hacer una distribución “equitativa de las ganancias” ya que los depósitos que la recepcionan recién se están “regularizando” y “pagando impuestos”. También sostiene que falta un plan potente de reconversión laboral de los clasificadores. Se estima que hay 25 mil clasificadores (sin cobertura de salud ni seguridad social), aunque menos de 6 mil están registrados. Para Rodríguez hay que sacarlos de la vía pública porque implican un “riesgo” para ellos y para terceros al “trabajar en malas condiciones”. Lamentó que se haya discontinuado la experiencia de los promotores ambientales y explicó que están colaborando para definir una metodología de trabajo que elimine definitivamente los basurales endémicos. Pero señaló que no alcanza con levantar los basurales sino que hay que tomar “medidas de shock”: crear “guardias ambientales permanentes” y “castigar con todo el peso de la ley a los infractores”: “Hemos visto algunos talleres mecánicos que vuelcan el aceite quemado en el contenedor. Eso genera que la basura quede pegada en los camiones. Hay que darle mucho por el lado de la educación, la promoción y la sanción social: que los mismos vecinos seamos conscientes de que hay que exigirles a nuestros conciudadanos el cuidado del medio ambiente”, remató.n

Plan Director y ley de envases

La Intendencia de Montevideo (im) presentó en noviembre de 2011 el Plan Director de Limpieza Urbana que, basado en experiencias anteriores, contiene 32 programas. Aunque debió comenzar en enero, la ejecución se ha atrasado por demoras burocráticas. Entre las medidas previstas, el Plan crearía este año cuatro plantas de reciclado en el marco de la ley de uso de envases no retornables (ley de envases), creada en 2004 y reglamentada en 2007. La ley establece que las empresas que ingresan material plástico al país deberán hacerse cargo de su recuperación. En los últimos años el costo de reciclar esos envases recayó en los gobiernos departamentales sin que los empresarios asumieran su responsabilidad. Según Ricardo Prato, el Plan Director está atrasado por la falta de camiones y porque aún no se ha firmado un convenio con la Cámara de Industrias que realizaría el aporte necesario para las plantas. La aplicación de esta ley liberaría una parte significativa de la recolección que realiza el Estado –le devolvería el problema a los empresarios– y generaría fuentes laborales. Para ello, las empresas involucradas (fabricantes, importadores, grandes comerciantes, envasadores, etcétera) deben participar en los planes de gestión de reciclaje. La ley estableció que el mvotma –a través de la Dinama– pautaría la recuperación de los envases, y la reglamentación agregó al Mides para que los empresarios incluyan a los trabajadores en las tareas de reciclaje. n