Brecha Digital

El juego oculto de la banca

El gran negocio que permitió a la empresa Vidaplan sa ser favorecida con el pago por parte del Estado de un arrendamiento millonario y con la explotación mixta del Casino Nogaró, en Punta del Este, eludiendo una licitación pública, comenzó a gestarse de una forma peculiar.
Engrapada en la carátula del expediente 369/2007 de la Dirección General de Casinos (dgc), luce una tarjeta de invitación a un casamiento, en cuyo dorso figura, en tinta y con letra manuscrita, que la inversión de la empresa privada para acceder a la contratación directa sería de “10 millones de dólares”.   
Entre bocaditos y champaña, un negociador se palpaba el bolsillo del saco, y al no encontrar mejor opción para exponer su propuesta –no se suele ir con hojas membretadas a una fiesta– garabateó sobre el cartón blanco que la autoridad de gobierno se guardó apresurado, no porque intentara ocultar algo –ya habría tiempo para esas cosas–, sino porque ya llegaba la hora de los pitos y las matracas… Y todo continuó a partir del lunes siguiente en la oficina del entonces titular de la dgc, Juan Carlos Bengoa, quien todavía no había caído preso por fraude en los casinos municipales que había dirigido un tiempo antes.
A fojas 94 del expediente 369/2007 se puede observar que Vidaplan formaliza la inversión de remodelación de la sala del Casino Nogaró, en el hotel Mantra, por la suma de 10 millones de dólares, a cambio de que el Estado le arrendara el local –del cual la empresa no era dueña ni tenía la legitimación para alquilarlo– y le asignara de manera directa la explotación de la sala de juegos en un régimen mixto.   
El expediente sufre ciertas contrariedades puesto que Bengoa cae en desgracia a fines de 2007 y termina en la Cárcel Central. Sin embargo, hasta para sorpresa de los propios empresarios que proponían el negocio, el nuevo director de Casinos del Estado, Fernando Nopitsch, resultó ser un gran aliado que no descansó hasta que Vidaplan obtuviese lo que quería.
El punto es que, ya con el nuevo jerarca en funciones, se abre un nuevo expediente (que tras el extravío de algunos folios aparece luego como dgc 7/2009) en el cual, a fojas 29, consta una propuesta de inversión bastante más alta: “16,5 millones de dólares”. Esa fue la cifra que al final, el actual titular de la dgc, Javier Chá, manejó en la documentación que elevó al ministro de Economía para que el gobierno aprobara el acuerdo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo emite el 16 de marzo de 2009 la resolución E/1258 para dar vía libre al acuerdo, pero por una inversión de 18 millones de dólares.
Por más que el proyecto incluyó la remodelación o construcción de restaurantes, night club, sala de cine y teatro, mobiliario, y la instalación de máquinas tragamonedas, el Estado nunca pudo certificar que Vidaplan sa efectivamente invirtió esa cantidad de millones de dólares. ¿Fueron 10 millones, como estaba escrito en la tarjeta de casamiento, quizá 16,5 millones, como aparece en el segundo expediente administrativo, o tal vez 18 millones, como decretó el Poder Ejecutivo?
Un informe de la perita judicial Élida Pardo –a partir del relevo de documentos disponibles y el cotejo con precios de mercado– descubrió que el Estado no ejerció ningún control sobre la supuesta inversión que debería haber hecho la empresa privada, y que, además, la proyección del gasto en función de la inspección ocular de las obras “no se corresponde” con el monto que Vidaplan sa se comprometió a desembolsar, sean 16,5 millones o 18 millones de dólares, según supo Brecha de fuentes vinculadas a la investigación.  

Sin control. Apresurada por el inicio de la temporada en Punta del Este, la empresa privada presenta las obras el 4 de diciembre de 2009, pero el 28 de diciembre la División de Arquitectura de la dgc señala que el casino no está apto para ser abierto porque faltan ciertos elementos indispensables para la seguridad del local.
No obstante, al otro día, Nopitsch le comunica a Vidaplan que da por subsanadas las observaciones, y que la empresa queda en condiciones de empezar a cobrar, desde el 1 de enero de 2010, el monto que el Estado le pagará por el arrendamiento.
El jerarca, en una de sus últimas decisiones antes de dejar el cargo, ordena en forma verbal a la División de Planeamiento que se disponga del gasto. Pero ésta solicita la documentación pertinente, que no llega en forma completa.
El gerente de la Administración General, Daniel Rafuls, señala el 17 de marzo de 2010 que si había dudas sobre las condiciones en que se presentaba el local, se solicitara un informe a la División de Arquitectura
–bajo su autoridad– respecto de, por ejemplo, el circuito cerrado de televisión que debería existir en el casino.  
Con la entrada del nuevo gobierno frenteamplista, Nopitsch, artífice del acuerdo con Vidaplan sa, traspasó el cargo a Javier Chá. Éste, en una de sus primeras resoluciones, señala que el local se había entregado de “conformidad” y remarca que, según un oficio del anterior director de Casinos, el contrato con Vidaplan había entrado en vigencia el primer día de enero de 2010.
De esta manera, nadie asume la responsabilidad de controlar la inversión de la empresa privada, pues Chá bien pudo ordenar una investigación para revisar la situación, pero se ampara en que el asunto corresponde a la anterior administración.
De acuerdo a la documentación, testimonios y peritajes que constan en el expediente judicial –a varios de los cuáles accedió Brecha–, Nopitsch protagonizó una actuación directa y decisiva cada vez que el acuerdo con Vidaplan sa corría riesgos de naufragar, y llegó a ocultar informes técnicos de la propia dgc que se oponían al acuerdo con la empresa, a fin de que nada entorpeciera el plan original: que Vidaplan sa obtuviese el beneficio del Estado del arrendamiento con dineros públicos, de manera directa, sin que mediara licitación.
Nopitsch ocultó al Tribunal de Cuentas de la República (tcr) y al Ministerio de Economía y Finanzas (mef) los memorandos remitidos por la División Jurídica de la dgc, a cargo del abogado Fernando Magnífico: el 1-125/08 (del 30 de octubre de 2008; 1-136/08 y 1-146/08 (del 27 de noviembre de 2008).
En tales documentos se advertía, por ejemplo, la “falsedad” de una certificación presentada el 21 de julio de 2008 por Vidaplan sa al Ministerio de Economía, esgrimiendo que poseía la “capacidad jurídica” para arrendar el local del hotel Mantra al Estado.

OCULTAMIENTOS Y CONEXIONES. Con el asesoramiento del abogado Augusto Durán Martínez (prosecretario de la Presidencia durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle) y la firma del empresario uruguayo Jorge de León Meneses y del indio-británico Deepak Damania –representantes de Vidaplan sa en el país– se presentó el certificado notarial cuestionado.
El certificado expedido el 15 de junio de 2008 por el escribano Luis Malo García señala que, de acuerdo al documento que se presentó ante él el 26 de junio de 2008, Vidaplan sa tenía la “capacidad” jurídica para subarrendar el local del casino del hotel Mantra, propiedad de los hermanos Jorge y Armando Sagasti. Resulta imposible que Malo García haya podido tener a la vista un documento que se firmó 11 días después de que él expidiese el certificado notarial.
Pero además, los Sagasti firmaron un acuerdo con Vidaplan sa por el que le daban la “capacidad” para subarrendar, pero en el contrato figura una cláusula suspensiva: este punto tendría efecto sólo si Vidaplan obtenía la adjudicación por parte del Estado para explotar el casino en forma mixta.
De esta manera, la División Jurídica de la dgc –y la doctrina acopiada en el expediente judicial– entienden que si primero se debía obtener la firma del acuerdo con el Estado, Vidaplan no podía acreditar ante la Administración que efectivamente contaba con la “capacidad” para arrendarle el local. Se conformaba una especie de círculo vicioso, como en la famosa pregunta del huevo y la gallina.
Resulta, además, muy llamativo que el Tribunal de Cuentas, que en primera instancia –el 26 de marzo de 2008– rechazó la contratación directa con Vidaplan, en el punto 11 de la misma resolución explicara, en una actitud absolutamente excepcional, cómo debería hacer el Estado para cerrar un negocio de esas características, por la vía directa, promoviendo que el acuerdo se hiciera con quien tuviera la “capacidad jurídica para disponer del local” (véase Brecha, 30-vii-10).
Luego de esto, los Sagasti y Vidaplan llamaron a Malo y firmaron un contrato que buscaba cumplir con los términos que llamativamente sugirió el tcr.
Se advierte que si bien la palabra técnica indicada sería tener “legitimidad” para arrendar o disponer del local, tanto el tribunal como el documento presentado por Vidaplan al mef emplea, en forma coincidente, el término “capacidad”.
Un dato a tener en cuenta es que el asesor jurídico de Vidaplan en ese momento era el abogado Carlos Guariglia (Partido Colorado), quien a la vez cumplía funciones como ministro del Tribunal de Cuentas. Por supuesto que Guariglia no firmó ningún documento de Vidaplan y tampoco la resolución del Tribunal; se mantuvo sutilmente en las sombras y acordó que la cara visible del asesoramiento jurídico para el negocio fuera Durán Martínez, su amigo y compañero de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Católica.
Con los hechos narrados se puede advertir –y así lo determinan diversos testimonios técnicos que constan en la sede judicial– el artificio creado por los Sagasti y los integrantes de Vidaplan sa para aparentar legitimidad ante el Estado: la actitud truculenta, que incluye una certificación falsa, sólo pretendía la adjudicación directa por parte de la Dirección Nacional de Casinos, y Nopitsch hacía todo lo posible para que el negocio se concretara.        
Por otra parte, Malo García y De León Meneses tienen un pasado y un presente en común: fueron testaferros del ex senador colorado, Wilson Sanabria. Figuraban como directores de una de las últimas radios regaladas por Julio María Sanguinetti. Y vaya si Sanabria estuvo al firme junto a aquel presidente.
El 9 de octubre de 1998, Sanguinetti le concedió la frecuencia 95.1 para operar una estación en la localidad de Portezuelo, en Maldonado. La empresa que figuraba a su cargo era Creativas sa, cuyos titulares eran Malo García y De León Meneses, quienes el 22 de enero de 2009 le transfirieron la onda a un tal Diego Rodríguez Montañés, según consta en la resolución de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.
Ahora De León Meneses figura como director de varias empresas panameñas: Paster Holdings sa, Barbal Company sa, Enson Trading inc, Varex Gestión sa, esta última, junto a Pankaj Agarwala y Deepak Balkrishna Damania, integrantes de la empresa Sonangol sa, sociedad que está detrás de Vidaplan sa, y de la que se desconoce el origen de sus capitales, algo prohibido por las leyes uruguayas para los casos de contratación con el Estado.
Por otro lado, Nopitsch también ocultó el informe de Jurídica que objetaba una contratación directa con Vidaplan sa y recordaba que para estos casos la ley imponía una licitación pública, porque además había otros oferentes. Incluso se encontraba en trámite un expediente, con la iniciativa de otra empresa, que fue dejado sin efecto por el director de Casinos. Mientras Vidaplan sa ofrecía –tomando la cifra mayor de las consideradas– unos 18 millones de dólares, el Grupo Cipriani ofrecía 30 millones por el mismo negocio en el Nogaró. Más allá de la ponderación técnica, jurídica y comercial del otro oferente, el hecho de que hubiera otros interesados en invertir habilitaba y hasta imponía la apertura de una licitación pública, con la transparencia que esta adjudicación directa a Vidaplan sa no tuvo.     
El caso, que pareció quedar congelado desde hace al menos un año, estaba a cargo de la jueza Graciela Gatti, recién ascendida a un tribunal de apelaciones. Por el lado del Ministerio Público, trabajaba en el caso el fiscal Ricardo Perciballe, forzadamente trasladado a una fiscalía civil por parte del nuevo fiscal de Corte, Jorge Díaz.    
Deberán decidir en esta investigación el nuevo fiscal de crimen organizado, Juan Gómez, y el juez Néstor Valleti, quien fue nombrado en lugar de Gatti. n  

Una forma de gestión

En agosto de 2009, Nopistch dispuso que se le abonara a los hermanos Sagasti el arrendamiento del local del casino, a razón de 11.254.728 pesos por año, desde el 1 de enero de 2008 hasta el 26 de marzo de 2009. Vidaplan sa ya había pagado el arrendamiento a los hermanos Sagasti, porque así consta en el contrato que firmaron entre ellos el 26 de junio de 2008. Atendiendo este punto, el gerente del Área de Administración Financiera de la dgc, Diego Rosa, se negó a pagar. Y por desoír la orden, Nopistch lo echó del cargo, sin más vueltas.
También hizo a un lado a Magnífico, al derivarlo a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, una oficina del mef en la que debía atender el teléfono. El abogado, con casi 30 años como funcionario de Casinos, entabló un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (tca), alegando haber sido sujeto de “persecución” por parte de Nopistch, y acusando a su administración de “desviación y abuso de poder”. El tca le dio la razón hace dos meses y lo restituyó en el cargo.
El Ministerio de Economía alegó que su traslado fue por razones de mejor servicio, pero el tca sostuvo que no surge una “explicación convincente acerca de los motivos por los que se adoptó la decisión” de remoción.
El Estado comenzó a pagar a Vidaplan unos 80 millones de pesos por año –un canon ocho veces mayor que el pago a los Sagasti– y autoridades como Javier Chá no muestran reparos con el funcionamiento del acuerdo.
La proyección para el pago se debió hacer en función de un cálculo de ingresos que contemplara dos años de funcionamiento. Vidaplan se queda aproximadamente con el 42 por ciento del ingreso bruto.
Y si bien los ingresos del nuevo casino aumentaron –desde el gobierno se habla de un 30 por ciento–, no se advierte que Nopistch, al tiempo que le asignaba la adjudicación directa a Vidaplan, ordenaba el cierre de una sala de Casino del Punta Shopping, lo que naturalmente deparó el traslado de los clientes de la sala cerrada a la que abría sus puertas.
En contraposición a lo que señalan las autoridades de gobierno, un informe de la perita judicial Pardo da cuenta de una diferencia de al menos 40 por ciento entre lo que se le comenzó a pagar a Vidaplan y lo que se debería haber dispuesto por parte de la Administración Pública, según supo Brecha de fuentes vinculadas al caso. n