Abrir la caja negra

Un pedido de acceso a la información pretende conocer todo lo que se está ocultando sobre el trasfondo de la privatización de Pluna, que ahora entra en una especie de operación mediática.

Apenas 24 horas después de que las autoridades de Pluna Ente Autónomo (su presidente Fernando Passadore y su vicepresidente Ignacio Berti) comunicaran que se había enviado a la justicia toda la documentación que posee la comisión fiscal del organismo para fundamentar “la ética y la transparencia” con que actuó la minoría en el directorio de Pluna sa, el empresario argentino Matías Campiani (principal de Leadgate, el socio mayoritario de la empresa mixta) divulgó un escrito elevado a la jueza del crimen organizado Adriana de los Santos, solicitando el diligenciamiento de pruebas que demostrarían que el contrato de compra de aviones Bombardier –que el Estado pondrá a subasta en setiembre– fue firmado por el presidente del ente, Carlos Bouzas, antes de que se concretara el ingreso de Leadgate a Pluna.
El lector podrá quedar confuso con esta sucesión de informaciones contradictorias. Y es natural que así sea, porque todo es confuso en la historia de la privatización de Pluna, desde el momento en que se cedió el 75 por ciento de las acciones, en 2007, hasta el día en que se suspendieron los vuelos, hace tan sólo un mes. La decisión de enviar los antecedentes a la justicia –como sustituto de la comisión investigadora parlamentaria– no aporta a la transparencia, precisamente, porque a la escasa información se suma ahora el secreto presumarial.
Por segunda vez en toda esta historia el empresario Campiani desmiente al gobierno. La primera vez ocurrió después de que el en ese entonces ministro de Economía Danilo Astori anunciara la inversión de 170 millones de dólares por parte de Leadgate, olvidándose de informar que en realidad la compra de los aviones –unos 135 millones de dólares– se realizaría con una garantía del Estado por la totalidad del negocio; fue Campiani quien reveló que su inversión sería, en ese momento, sólo de 15 millones de dólares, y que su verdadero capital era un “plan de negocios”. Ahora, cuando el gobierno reitera que, como socio minoritario de Pluna sa, no tuvo poder de participación en las decisiones que terminaron con una acumulación de resultados anuales negativos, Campiani le reclama a la jueza que exija la documentación que probaría que el Estado controló la gestión mediante veedores y que nunca opuso objeciones; el escrito solicita a la magistrada la lista de “todos los funcionarios públicos y personas del ámbito privado designados por Pluna Ente Autónomo y/o el Ministerio de Transporte que participaron de la gestión o control de Pluna sa entre enero de 2007 y julio de 2012”. Las autoridades de Pluna Ente Autónomo, por el contrario, sostienen que se opusieron a la compra de aviones y a la solicitud de financiamiento extra.
Si se tuviera acceso a la información se podría saber exactamente a qué aviones se está refiriendo cada una de las partes, si se trata de la compra de los siete que supuestamente están amparados por la garantía del brou; o si se habla de los otros seis aparatos incorporados posteriormente, algunos bajo el régimen de leasing. Se podría establecer, también, a qué corresponde la preocupación dada a conocer por el organismo estatal canadiense Export Deve-lopment Canada (edc), que extendió el crédito por los seis Bombardier y que ahora aspira a que el gobierno siga pagando ese crédito.
Y finalmente se podría determinar qué pretende insinuar Campiani al revelar que el contrato de compra de los siete primeros Bombardier fue firmado por Bouzas. Ello supone que el Estado concretó el precio de esos aviones, pero la cifra pactada para cada aparato todavía no se ha difundido, lo que impide establecer qué grado de negociación hubo y quién la realizó. El Wall Street Journal de Nueva York divulgó recientemente el resultado de una investigación según la cual los fabricantes de aviones venden sus productos con rebajas de hasta un 40 por ciento cuando se trata de compras de varios aparatos.
Los términos de esa negociación, y la participación del banco Scotiabank –adonde iría a parar en gran medida el producto de la subasta de aviones–, son elementos que permiten explicar por qué el gobierno se opuso a la instalación de una comisión investigadora, cuando el Frente Amplio históricamente reclamó ese instrumento para determinar las responsabilidades políticas de las gestiones oficiales.

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