Golpe a dos bandas
El Poder Ejecutivo tomó una decisión con efecto a dos bandas. El pasado 30 de julio resolvió revocar la licencia de una de las radios en poder del empresario Miguel Sofía (ex titular del Grupo del Plata), quien esta prófugo a partir de una investigación judicial que lo señala como integrante del denominado Escuadrón de la Muerte (un grupo parapolicial que actuó en Uruguay desde la década del 60). Por otro lado, la medida oficial afectó el control de la emisora –fm Cenit srl de Rivera– por parte de un testaferro que sería funcional al conglomerado de radios liderado por el magnate mexicano Ángel González (quien manejaría las emisoras del grupo Sarandí y del ex Grupo del Plata, entre otras). Así, al caer esta licencia el grupo concentrador de medios –investigado en 2009 por la ong Grupo Medios y Sociedad (gms)– pierde una de las 11 radios que estarían a cargo del empresario extranjero.
La resolución del Ejecutivo se apoya en las recomendaciones de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y de la Ursec, quienes hallaron “incumplimientos” en la transferencia. En primer lugar, el titular –Sofía– está fuera del país desde el 4 de abril de 2009 y por tanto incumple con la obligación de estar radicado en Uruguay para ser permisionario (dato confirmado por Migraciones). Por otro lado en el trámite de cesión de Sofía al nuevo permisionario (Federico Martín Barrenechea) falta documentación jurídica indispensable. Y por último, a través de dos inspecciones, se constató la ausencia de personal en la emisora, lo que constituye una violación de la normativa vigente.
De acuerdo a fuentes de gobierno consultadas por Brecha, la radio era una mera repetidora de contenidos de la montevideana Sarandí, por lo cual está vaciada de personal. Si bien la medida lejos está de dañar severamente al pool de medios, significa una primera acción tendiente a regularizar la situación. El expediente creado en 2009 a partir de la denuncia de gms respecto a la concentración de 11 radios aún está en el Ministerio de Industria, aunque estaría por llegar a su etapa final. Hay quienes dan por sentado que la secretaría de Estado remitiría la documentación a la justicia para que investigue eventuales irregularidades.