La gran propina

El Tribunal de Cuentas autorizó un pago a Vidaplan sa por 1,3 millones de dólares adicionales al monto que surge del contrato firmado en 2009 entre la empresa privada y la Administración. El acuerdo promovido por Fernando Nopitsch estimaba los ingresos brutos del casino en 290 millones de pesos para 2010, pero la sala percibió 167 millones. La sociedad anónima ganó el 42 por ciento de lo estimado, y un monto extra de 26 millones de pesos. Una carta enviada por el ministro Lorenzo a la sede del crimen organizado fue interpretada como una “injerencia política” en asuntos de la justicia.

El juez del crimen organizado Néstor Valletti estudia los informes de la perita contable Élida Pardo, entre otra documentación del voluminoso expediente sobre presuntos delitos en el casino Nogaró, y prevé enviar próximamente todos los antecedentes a la fiscalía para que se expida por el fondo del asunto o solicite nueva prueba, dijeron a Brecha fuentes cercanas a la indagatoria.
Valleti fue designado en el cargo a mediados de junio, por cuanto no ha tenido tiempo de estudiar a fondo todos los asuntos que lleva adelante la sede judicial que ahora ocupa, añadió una de las fuentes.
De hecho, el expediente aún no ha sido visto por el fiscal Juan Gómez, quien quedó en el cargo en lugar de Ricardo Perciballe, trasladado de manera forzosa a una fiscalía civil por orden del nuevo fiscal de Corte, Jorge Díaz.
Este era uno de los casos que –luego de más de dos años de instrucción– parecía a punto de definirse, cuando sucedieron los cambios de magistrados: Valletti quedó en el lugar de Graciela Gatti, quien asumió en un tribunal civil, y Adriana de los Santos ocupó el puesto de Díaz, a quien el gobierno catapultó –y la oposición acompañó– a la Fiscalía de Corte.
El juez Valleti tiene en sus manos el informe en que la contadora Pardo corrobora que no existió control por parte del Estado para certificar que Vidaplan sa –adjudicataria directa de la explotación en régimen mixto del casino ubicado en el hotel Mantra– efectivamente invirtió los 16,5 millones de dólares (según el expediente administrativo) o los 18 millones de dólares (de acuerdo al decreto del Poder Ejecutivo) que debía desembolsar para acondicionar la nueva sala de juego y su entorno (véase Brecha, 27-VII-12).
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