Brecha Digital

Sentencia explosiva

Un histórico fallo de la justicia obliga a la anep a certificar la red edilicia pública más grande del país: las escuelas. Brecha recoge algunos dilemas que se plantean tras la sentencia. Por un lado, la falta de presupuesto del ente para afrontar una inversión “multimillonaria”
–según las autoridades– en el marco de una rendición de cuentas que le otorga ocho veces menos de lo que necesita. Por otro, el avance de las organizaciones de la sociedad civil que apelan a la justicia para cubrir vacíos estructurales e históricos del Estado.

Antes del 10 de diciembre la Administración Nacional de Educación Pública (anep) deberá presentar un primer informe donde conste el inicio de los trámites para obtener la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos en las 2.362 escuelas públicas del país, a fin de prevenir o reducir riesgos en caso de incendio.
Este plazo, establecido en la sentencia del juez Ricardo Santana, responde a una acción de amparo que tres organizaciones sociales presentaron el 1 de agosto: el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Infancia y Adolescencia Ciudadana (Iaci) y el Comité de los Derechos del Niño (cdn). “El fallo procura tutelar el derecho a ser protegidos en el goce de su vida, salud e integridad física de más de 360 mil niños que concurren a diario a 2.300 escuelas y centros de educación inicial”, según señala el cainfo.
La sentencia le exige a la anep la presentación de informes cuatrimestrales sobre los avances “hasta que todos y cada uno de los edificios destinados a la educación inicial y primaria del sector público del país cuenten con certificación de medidas de defensa contra incendios”. Este fallo implica el cumplimiento de un costoso paquete de medidas preventivas, ya que sólo seis escuelas de todo el país cumplen con la normativa vigente (decreto 222/010).

 

AHORA QUÉ HAGO. El cumplimiento de la sentencia pone en un brete a la anep al desbordar la capacidad operativa y presupuestal que actualmente tiene el ente. Para dimensionar la dificultad, y según las proyecciones de los asesores legales de la anep, con los recursos actuales se “tardaría 46 años en dejar todos los centros de estudio en condiciones de certificación”, explicó a Brecha Teresita Capurro, consejera del Codicen en representación de los docentes.
La inversión que se requiere para cumplir con la “exigente” normativa es “multimillonaria”, agregó el director general de Primaria, Héctor Florit: “Hay que ser claros: estamos hablando de la red edilicia más extendida de Uruguay con un grado de antigüedad que en muchos casos se remonta al siglo xix”. A modo de ejemplo, explicó a Brecha que una “escuela tipo” de ocho aulas podría requerir la instalación de 20 extintores (“bomberitos”), lo que implicaría una inversión de 65 mil pesos. Si se multiplica esa suma por la cantidad de escuelas en funcionamiento se precisarían 150 millones para instalar extintores en todas ellas, costo difícil de asumir con la actual estructura de gastos del organismo. En la rendición de cuentas, previendo este fallo, la anep había solicitado una partida de 30 millones de pesos, cinco veces menos que el costo de los extintores. No obstante, lo más costoso, según Florit, no serían los extintores sino la adecuación estructural de los edificios a la normativa.
Pero la sentencia es contundente: “la resolución judicial no puede desatender las dificultades por carencias de recursos presupuestales (…) la problemática de los niños requiere una solución”, afirma el magistrado. En el mismo sentido apuntó a Brecha Tania da Rosa, abogada de Cainfo: “El tema presupuestal no puede servir de excusa para incumplir una norma o violar un derecho indefinidamente, porque además a los particulares sí se les exige su observancia. Los estados tienen una serie de obligaciones en relación con la protección de los derechos humanos, y es aun más elevada cuando se trata de niños y niñas a quienes se les reconoce una protección especial”.
La anep solicitó al Parlamento en esta rendición una partida de 3.146 millones de pesos para cubrir las prioridades presupuestales. Pero el gobierno previó 400 millones –ocho veces menos–, y en un trabajoso acuerdo en la interna frenteamplista, hace pocos días, accedió a concederle 15 millones más. La anep solicitaba ese monto para financiar nuevos cargos, nuevas carreras, programas preexistentes o de innovación educativa, plantel docente estable y profesionalizado, mantenimiento edilicio y mejoramiento de los sistemas de información.
Por tanto, las autoridades educativas se enfrentan a un nuevo desafío presupuestal: “Estamos dispuestos a hacer todo lo que indica la ley, pero nos tendrán que decir de dónde sacamos el dinero. No es un capricho o falta de voluntad de la anep. Tendrán que rendir cuentas otros organismos del Estado, quienes hacen las leyes o votan el presupuesto”, explicó Capurro.

QUE VENGAN LOS BOMBEROS. La ley 15.896 establece que le compete al Ministerio del Interior (mi), por intermedio de Bomberos, el estudio, disposición, supervisión y certificación de todas las medidas de prevención y defensa contra siniestros. Por ello en la sesión del miércoles el Codicen, además de analizar la sentencia, confirmó la integración de una comisión junto al mi, Bomberos y Primaria, pero todavía no trató el problema presupuestal.
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