Desinflado

Aparecía como uno de los proyectos sociales emblemáticos del gobierno. Atendería a los problemas de igualdad de género así como a los demográficos. Incentivaría la inserción de la mujer en el mercado laboral y colectivizaría los cuidados de las personas dependientes. Pero la rendición de cuentas disminuyó a menos de un tercio el dinero solicitado para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, lo que se entendió como un cambio de las prioridades del gobierno.

El tema ya tiene su tiempo. En 2010 se creó un grupo de trabajo para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (snic), conformado por los Ministerios de Salud (msp), Economía (mef), Desarrollo Social (Mides) y Trabajo (mtss) que impulsó, a fines del años pasado, un debate nacional. Ya entonces se planteaba la necesidad de atender el cuidado de los niños y niñas de 0 a 3 años, adultos mayores dependientes y personas con discapacidades que necesiten asistencia.
De a poco se fue elaborando un diagnóstico claro: aunque todos tienen derecho a ser cuidados, la responsabilidad no puede seguir recayendo sobre las mujeres de los hogares. La situación es, a la vez, injusta desde una perspectiva de género, afecta la inserción laboral femenina –en un mercado demandante, con una oferta de trabajo masculino muy reducida por su baja desocupación– y no permite que las familias tengan el número deseado de hijos. A esto se suma la irregularidad y falta de formación de quienes trabajan actualmente como cuidadores, y el histórico envejecimiento de la población (el último censo muestra que las personas de 65 años o mayores son el 14,1 por ciento de los uruguayos, el doble que en 1963).
Especialistas nacionales e internacionales aplaudieron la iniciativa del gobierno, que ubicaba al país en la vanguardia latinoamericana. La propuesta fue igualmente bienvenida desde las organizaciones que trabajan sobre los derechos de las mujeres y las personas dependientes. “Tal vez el mecanismo del debate generó mucha expectativa”, piensan ahora quienes han trabajado desde el comienzo en el tema. Es que, a pesar del viento en popa, la última rendición de cuentas le otorga sólo 20 de los 50 millones de pesos solicitados por el Mides para realizar tres planes piloto en el país.
Para la diputada María Elena Laurnaga (ps) es “preocupante” que se haya reducido tanto el presupuesto solicitado, pero espera la obtención de eventuales recursos provenientes de la redistribución de fondos o cooperación. “Es el dilema de siempre: imponer lo nuevo cuesta”, apuntó.

 

“PRIORIDADES.” La palabra surge reiteradamente entre quienes ensayan explicaciones a la reducción de fondos para el snic. Según la diputada Bertha Sanseverino (au), los recursos de la rendición se orientaron a “prioridades” que se consideraron de “mayor emergencia”. Y sólo en la medida que ésta descienda, “se podrá atender a estos otros aspectos de justicia”.
En la entrevista con Brecha (20-I-12), el sociólogo y representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa), Fernando Filgueira, recordaba que “Uruguay enfrentó en el primer gobierno (del Frente Amplio) la llamada emergencia social. Y es muy entendible que la respuesta haya sido rápida, de programas focales, de transferencias directas, y en donde quizás lo sistémico no estaba tan incorporado. (…) En este nuevo período tal vez hay un bloqueo en el avance de esa mirada sistémica”. Esto parece reflejarse en la actual propuesta económica, en la que se fortalecen programas más focalizados, como el Plan Juntos (con 100 millones de pesos), Uruguay crece Contigo (otros 100 millones), y Jóvenes en Red (140 millones).
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