Brecha Digital

Algo demorado

A ocho meses de su aprobación, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales (icir) todavía no se ha aplicado. De acuerdo a fuentes gubernamentales, está a estudio su reglamentación, así como la definición precisa del fideicomiso que lo administrará. El icir gravará anualmente con ocho dólares por hectárea a las propiedades rurales superiores a 2 mil hectáreas de índice Coneat 100; las que superen las 5 mil pagarán 12, y las mayores a 10 mil hectáreas, 16 dólares. El impuesto afectará a unas mil propiedades y la recaudación estimada es de 60 millones de dólares anuales, que en mayor parte tendría como destino la caminería rural.

El decreto reglamentario, dijo el director de la opp, Gabriel Frugoni, a Brecha (véase entrevista en páginas 2 y 3) se elabora en dicha oficina y para ello se ha consultado a algunos estudios privados de abogados. El subdirector de la opp y experto en temas tributarios Jerónimo Roca indicó a Brecha que hoy viernes, en acuerdo entre Planeamiento y la dgi, quedará finalmente redactado el decreto que reglamenta la ley. Asimismo señaló que si bien la recaudación la hará cada Intendencia, ellas la volcarán al fideicomiso y éste, con la aprobación de la Comisión de Descentralización (compuesta básicamente por el Congreso de Intendentes y la opp) decidirá las obras a efectuar. La intención es que el gasto se haga por región, de acuerdo al plan de regionalización impulsado por el gobierno.
El impuesto es de recaudación anual y, según explicó el diputado socialista Yerú Pardiñas a Brecha, tendría un sistema de cobro similar al de la contribución inmobiliaria rural. Es decir, con un calendario prefijado y una fecha tope en el 31 de diciembre de cada año. Esta modalidad es distinta a otros impuestos que pagan los productores agropecuarios, y que tienen como calendario de pagos el ciclo económico de la producción: del 1 de julio del año corriente al 30 de junio del venidero.
Aunque aún no ha entrado en vigencia, las resistencias no sólo han llegado de la oposición política. Dos de las gremiales rurales, la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay, han patrocinado entre 50 y 60 recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Ese enfrentamiento con el gobierno progresista se ha visto incrementado en estos días, en particular por la decisión de la dgi de inspeccionar a algunos productores rurales que según expresiones de su director, Pablo Ferreri, presentan indicios de evasión fiscal.
El presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguine-tti, interpretó que la decisión de la dgi es un ataque más del gobierno a la producción rural, y se preguntó si esos que serán inspeccionados no son los mismos que presentaron el recurso de inconstitucionalidad contra el icir.
La respuesta oficial llegó del vicepresidente de la República, Danilo Astori, quien en una columna publicada en uy.press sostuvo que en el país no hay intocables. Y tras detallar la recuperación económica del agro y la bonanza que hoy vive por el alza del precio de sus productos, dijo que en la actitud de los dirigentes rurales “no sólo hay aspectos tributarios e institucionales en juego. También hay un contenido ideológico y cultural que no puedo dejar pasar. Hay actores en la sociedad uruguaya que se colocan por encima de los demás, se consideran eximidos al menos de algunas obligaciones fundamentales y lo único que añoran es volver a ejercer el poder. Y lo que hay que destacar, porque no deja de ser bastante paradójico, es que más que los resultados de la economía nacional y de sus propias actividades, les importa encontrar cualquier situación propicia para atacar a la izquierda, al gobierno, al gasto público con destino social y al sistema tributario que se ha diseñado para financiarlo”.
Varios dirigentes frenteamplistas señalaron a Brecha dos cosas que resultan significativas: una, la tardanza en poner en marcha el impuesto, recordando que la misma dificultad tuvo el Fondes (señalado junto al icir como dos de las medidas “más de izquierda” de la actual administración); y la segunda, que el liderazgo en la contienda actual con las gremiales rurales lo asuma esta vez el Frente Liber Seregni.