Brecha Digital

Señal de interferencia

¿Está despuntando entre los magistrados un revisionismo hacia la impunidad? ¿O por el contrario la lógica judicial penal resulta incapaz de abarcar lo más perverso del terrorismo de Estado? Entre estos dos extremos basculan las opiniones tras los recientes fallos de tribunales de apelaciones que revocaron decisiones de jueces de primera instancia en procesamiento de militares.

 

El caso que con mayor fuerza grafica un territorio de ambigüedad –en la imposibilidad de determinar con precisión todos los detalles de episodios amparados por una impenetrable y generalizada complicidad del silencio– corresponde a la muerte, en el penal de Libertad, en 1981, del militante tupamaro Horacio Ramos, cuyo cuerpo fue encontrado en un calabozo de castigo en el módulo llamado La Isla, sugiriendo una autoeliminación por ahorcamiento con una bufanda, cuando ya se le había otorgado la libertad al prisionero. Ramos había sido reiteradamente sancionado con un estricto aislamiento, que suspendía visitas con familiares y todo contacto con otros reclusos, en ese módulo separado del cuerpo principal de la cárcel y que contaba con una guardia especialmente designada para la custodia de los reclusos que eran encerrados –por plazos mínimos de 15 días– en las celdas de castigo, y sometidos a un permanente hostigamiento. En el momento del episodio en La Isla sólo se encontraban Ramos y sus carceleros.
El hoy coronel retirado Walter Gulla, que en 1981 era director del penal de Libertad, fue procesado por homicidio especialmente agravado por el juez penal Ruben Saravia en julio de 2011; también fue procesado por el mismo caso y por el delito de encubrimiento el oficial de la Fuerza Aérea Enrique Rivero, involucrado también en la de-saparición y asesinato de Ubagesner Chaves Sosa.
En su fundamento del procesamiento el magistrado afirmó que “está probado que Ramos no se suicidó como se planteó inicialmente”, sino que “fue víctima de homicidio por parte de quienes ejecutaban las directivas impartidas” por Gulla. El juez Saravia consignó que el coronel sabía que en el penal se torturaba a los detenidos, pero “no impidió que continuaran con dicha política de persecución sistemática”, sino que “por el contrario se comprometió a encubrir los referidos excesos de sus subordinados”.
Para el juez, se recolectaron elementos probatorios suficientes que demuestran que la muerte de Ramos “se produjo por ser víctima de un instrumento o mecanismo de terror para obtener información sobre determinados hechos realizados por quienes integraban los movimientos de izquierda política, o como política de persecución a su respecto”.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Cuarto Turno, integrado por los ministros Ángel Cal, Myriam Méndez y Jorge Catenaccio, dejó de lado el “mecanismo de terror” y se centró en el valor de la prueba sobre el homicidio. Después de realizar una reconstrucción en el penal, el tribunal concluyó que “era absolutamente posible que Ramos se hubiera colgado con su faja de la ventana en que apareció pendiente su cuerpo”, a la vez que descartó una autopsia psicológica que “carece del suficiente valor conviccional para afirmar que no existió una conducta suicida”. La ex fiscal Mirtha Guianze, actual miembro del Instituto de Derechos Humanos, cuestionó los criterios del tribunal, y en especial la reconstrucción, que “se hizo con La Isla demolida y sin existir las condiciones, porque ya no existía la reja ni la cama. Yo había objetado esa reconstrucción que hicieron ellos, y la relación de la prueba que hace el tribunal a mi entender no se ajusta al expediente”. Más allá del relativo valor de la reconstrucción, que para el tribunal fuera “absolutamente posible” el suicidio implica dejar de lado el contexto de represión y hostigamiento; si el coronel Gulla no ordenó matar a Ramos o encubrió el homicidio permitiendo que se simulara un suicidio, sí está claro que era responsable del mecanismo de terror que posibilitó la muerte. Por otra parte, en el juego de “posibilidades”, el tribunal no considera como relevante el hecho de que Ramos ya tenía la libertad firmada, lo que pone en cuestión una actitud suicida.
Como consecuencia del fallo del tribunal el coronel Gulla fue liberado el pasado viernes 17, y ello dio pie para que el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, arremetiera contra Guianze: “Se hizo un acto de estricta justicia, porque Gulla estaba mal procesado y mal acusado por la ex fiscal Guianze, a quien se le ha permitido hacer de todo y no se le han puesto normas”.
En un caso aun más perverso –la muerte del militante tupamaro Luis Luzardo en el Hospital Militar tras una agonía de meses en que, parapléjico, su cuerpo se cubrió de escaras por falta de atención y de higiene–, el mismo Tribunal de Apelaciones eximió de responsabilidad al general Gregorio Álvarez. Luzardo había sido herido de bala cuando su detención en 1972 y fue asistido en el hospital. En enero de 1973 el trato que se le dispensaba en la sala 8 –exclusiva para detenidos– cambió radicalmente cuando, a raíz de confesiones de otros prisioneros, a Luzardo se le atribuyó (erróneamente) participación en la ejecución del coronel Artigas Álvarez, hermano de Gregorio, por entonces jefe del Estado Mayor Conjunto. El testimonio de numerosos detenidos en la sala 8 confirman que desde entonces a Luzardo casi no se lo asistía, prácticamente no se lo alimentaba y se estableció una prohibición expresa de que sus compañeros pudieran auxiliarlo. Los mismos testimonios confirman que el general Gregorio Álvarez visitó la sala 8 y, en compañía de personal militar, permaneció largo rato junto a la cama de Luzardo. Después de ubicarse documentos de autopsia del hospital, que fraguaron las causas de la muerte de Luzardo, el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini dispuso el procesamiento del general Álvarez, que ya cumplía prisión por otros asesinatos.
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