Una política de Estado menos
- Última actualización en 24 Agosto 2012
- Escrito por: Marcos Rey
El rompimiento de los acuerdos multipartidarios no deja a la educación al borde del abismo, pero abrirá una nueva etapa en el uso político-partidario de la enseñanza. Aunque fue algo lamentado por el oficialismo y la oposición, las recriminaciones sobre quién tiene la culpa fueron mutuas. Pero es bueno recordar que mientras los acuerdos estuvieron vigentes –los dos últimos años si contamos desde mayo de 2010– el fuego cruzado en materia educativa fue moneda corriente.
También habría que destacar que en la educación, a diferencia de otras áreas sensibles como la política exterior o la seguridad ciudadana, no es fácil advertir la existencia de dos modelos de gestión educativa alternativos, más allá de algunos énfasis puntuales o de la nada despreciable inversión pública, cuya comparación histórica deja bastante mal parados a los partidos tradicionales. Pero en cuanto a opciones ideológicas o a fundamentos filosóficos sobre la renovación educativa, no abundan las diferencias.
Así fue que tras una danza de cifras, unos y otros utilizaron datos estadísticos diferentes para argumentar sobre los avances o los retrocesos. La oposición machacó dos ideas básicas: que más dinero e inversión no se ha expresado en mejores resultados, y que las autoridades educativas llevan adelante una gestión desordenada e improvisada. Parte de la embestida, sin embargo, fue de corte futurista al evaluar de antemano lo que no se concretaría en 2015. No se cumpliría –según Larrañaga– con la creación de 300 escuelas de tiempo completo sino con 235, ni con la extensión de los programas de inglés, ni con la reducción de la tasa de repetición en Secundaria, ni con la cobertura universal para adolescentes de 12 a 15 años, ni con el aumento del egreso de bachillerato, ni con el prometido “shock edilicio”. Para evitar ese cataclismo, la oposición exigió al gobierno que declare la “emergencia educativa”, y Larrañaga requirió la renuncia de los dos “obstáculos” de la educación: el ministro Ehrlich y José Seoane, presidente de la anep.
Más allá de esta catarata de predicciones, hace varias semanas se sabía que el Leitmotiv de la interpelación de Larrañaga era más concreto: criticó a las autoridades educativas por “boicotear” el Promejora. De allí pasó, respaldado por toda la oposición, a denunciar el incumplimiento de los acuerdos educativos refrendados en febrero. En esa línea, cuestionó la resistencia a extender el Promejora a nuevos liceos, criticó que en esta rendición no se le asignaron recursos, que se plagió el proyecto original por otro que no fortalece el centralismo, y que el gobierno está presionado por los “corporativismos” sindicales. A falta de pruebas en el documento oficial –no hay nada escrito sobre el Promejora–, usó como “fuentes” recortes de prensa donde los líderes de la oposición interpretaban el acuerdo de febrero como una extensión de ese plan. Y si bien el oficialismo criticó esta interpretación, también es cierto que se valieron de esa ambigüedad para posibilitar los acuerdos.
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