Tocar al intocable

El Ministerio de Trabajo sancionó a Fripur con una multa de 80 mil dólares por persecución sindical. De acuerdo a la resolución, se pudo comprobar “amenazas” a los miembros del sindicato, vulneraciones de derechos fundamentales de los trabajadores y una actitud permanente de la empresa de negar los hechos y desacreditar a los empleados sin presentar pruebas. El monto de la sanción es uno de los mayores hasta el momento.

 

Mientras la Policía y los inspectores del Ministerio de Trabajo (mtss) descubrían, el viernes 9 de agosto, a varias trabajadoras domésticas bolivianas ilegales en la casa de Javier Fernández, otra denuncia por persecución sindical se sustanciaba en esa sede ministerial contra Fripur, la empresa de su padre Alberto. Al mismo tiempo en que se iba echando luz sobre el caso de las empleadas, este expediente llegó a su fin el martes 14, con la aplicación de una multa de 2.852 ur (y no 2.600, como trascendió inicialmente), contra la pesquera. En una peculiar semana con jugadas a dos bandas, el mtss estrechó el cerco sobre los Fernández, ya célebres por violar normas laborales básicas en sus barcos y en la planta de la pesquera en la Aguada; fama que no les ha impedido tejer vínculos políticos con este gobierno y el anterior, y mucho menos contratar con el Estado (Javier Fernández, dueño de la empresa Frimaral, provee contenedores para alojamiento a varios organismos, entre ellos la anep y el inau).
La multa en el caso de Fripur es de las más cuantiosas que se recuerden por un caso de persecución sindical, confirmaron a Brecha desde el mtss. El monto adquiere relevancia si se lo compara con las sanciones impuestas últimamente por casos similares: en mayo del año pasado Grandes Tiendas Montevideo fue sancionada por 54 mil dólares, y un mes más tarde el Frigorífico melense pul por 25 mil dólares. A Fripur le corresponde, en esta oportunidad, pagar más de 1.600.000 pesos, aproximadamente unos 80 mil dólares.
El expediente por persecución sindical había sido abierto en 2010, tras una denuncia del sindicato de la pesca (suntma). En el menú de prácticas antisindicales relatadas por los trabajadores había desde llamados de mandos medios para saber el motivo de la afiliación al sindicato, hasta ofrecimientos para firmar la renuncia al descuento de la cuota sindical a cambio de aumentos salariales extraordinarios y mejoras en las condiciones de trabajo. Al recién afiliado, en cambio, se lo condenaba a los peores puestos en la fábrica. Una trabajadora relató que una vez que se afilió fue trasladada del sector de procesado al de empaque, a la salida de un túnel de congelado que trabaja a 25 grados bajo cero. Le dieron ropa de abrigo en malas condiciones que tenía que ser emparchada con cinta adhesiva por los propios operarios. La trabajadora compartía el lugar con otra no sindicalizada que, a diferencia de ella, era trasladada durante la jornada (véase Brecha, 11-XI-11). Las represalias también incluían el aislamiento del trabajador agremiado prohibiéndole hablar con sus compañeros, con el objetivo de obstaculizar la actividad gremial y restringiendo la visibilidad de los afiliados. Incluso, a la hora de definir las sanciones por llegada tarde, la empresa aplicaba un reglamento más benigno al trabajador no agremiado que al sindicalizado.
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