“Se hacía a ciegas, sin ver las facturas”

Un contador delegado del Tribunal de Cuentas en ancap declaró ante la justicia de lo contencioso administrativo que denunció irregularidades administrativas a la hora de autorizar facturas para el pago a los proveedores del ente, las que nunca fueron investigadas, según las actas judiciales a las que accedió Brecha. El presidente de la empresa estatal, Raúl Sendic, dijo que no encontró “elementos” para darle “crédito” a las denuncias, pero el director Camy entiende que “lo mínimo es investigar”.

 La autorización por parte de la contadora Laura Campos “se hacía a ciegas, sin ver las facturas. En algunos casos se le decía: ‘factura número tal por equis pesos’, sin copia ni escaneo. En otros se enviaban facturas escaneadas totalmente ilegibles. Por lo tanto no se revisaban los requisitos formales de la factura”, decía el contador Jorge Pérez Fernández en un mail enviado el 20 de marzo a sus superiores, según consta en el expediente. Se refería a las facturas “provenientes de las plantas de pórtland de Minas y de Paysandú” que eran recibidas por Campos, su antecesora en el cargo.
El profesional señaló también que dio cuenta del asunto a la “jefa de los contadores delegados del Tribunal de Cuentas en ancap, quien ocupa el cargo de gerente del Área Económico-Financiera, contadora María del Carmen Giráldez”, quien “no respondió” a los planteos: “En otra oportunidad y en relación a otro caso, la contadora Giráldez respondió en forma escrita vía correo electrónico que el que aquí comparece –declara Pérez ante el juez– ‘no fuera tan estricto’ en el control de las facturas”.
El contador recordó en la sede que Giráldez “está siendo investigada como consecuencia de la recepción de cheques a 180 días por parte de Pluna, cuando el plazo máximo era de 30 días”.
“Si mis superiores jerárquicos hubieran actuado conforme a lo que dispone la reglamentación, tomando en consideración las denuncias presentadas por nuestra parte en el mes de marzo, casi con seguridad ancap no hubiera sufrido una pérdida tan importante que oscila en los 18 millones de dólares, como consecuencia del suministro de combustible a Pluna por parte de la referida contadora Giráldez”, aseveró Pérez en el juzgado.
Los correos electrónicos del mes de marzo enviados por el contador delegado del Tribunal de Cuentas en ancap tuvieron como destinatarios a Giráldez, al gerente de Planificación y Logística, Eduardo Milano, al gerente de Pórtland, Juan Romero, y a Laura Campos.
Pérez sostuvo en otro mail dirigido el 28 de marzo a los mismos destinatarios: “Laura realizó las intervenciones de contador delegado de la manera que yo describo en el mail, por razones ajenas a su voluntad. (…) Las razones de por qué las hizo así no son culpa de ella”. Con esto Pérez cuestiona el sistema que se aplica, más allá de la actitud que haya asumido Campos: “Yo no sirvo para liberar cualquier cosa. Si yo libero algo es porque estoy convencido de que está bien. Las cosas se pueden hacer rápido y mal, o bien, pero más lento”, advirtió el contador. Y luego sostuvo: “Si de esta frase Laura entendió que yo dije que ella hacía las cosas mal, me disculpo, ya que nunca dije, ni fue mi intención decir que ella hacía las cosas mal. Laura hacía las cosas exactamente de la manera que yo digo en el mail, y reafirmo aquí”.
Luego del cruce de mails con sus superiores, al contador se le inició un sumario bajo el argumento de mala relación con sus pares y con personal de jerarquía, ya que su conducta generaba “un mal ambiente de trabajo”. La investigación comenzó el 10 de abril, y el 30 de ese mes el gerente de Pórtland (Romero) decidió suspender preventivamente al contador delegado del tcr con retención de medio sueldo.
El 9 de mayo Pérez envió una carta a la jefa de sumarios, Josefina Lorenzo, para solicitar que se iniciara una investigación administrativa por las denuncias que había realizado y que no fueron atendidas por Giráldez ni Milano. Reiteró que había denunciado “errores de procedimiento que podrían constituir desprolijidades o irregularidades”.
“En el caso de la planta de Minas algunas de las facturas llegaban de manera totalmente ilegible, por lo que no era posible controlar los requisitos de las facturas. En algunos casos era notorio que las funcionarias de Cuentas a Pagar de Minas, junto con la factura escaneada ilegible, escribían en el cuerpo del mail los datos imposibles de confirmar, por ejemplo: ‘factura número tal, importe equis pesos”, informó Pérez a la jefa de sumarios.
El contador dijo que un tiempo después el escaner se arregló, pero que durante cierto período él mismo debió “autorizar algunas facturas ilegibles, para evitar males mayores a la administración que podrían sobrevenir por acciones que los proveedores pudieran tomar”.
“Esas facturas sólo las autoricé luego de poner el tema en conocimiento de la gerencia, y suponiendo, por lo tanto, que se solucionaría rápidamente. Habiendo pasado un tiempo prudencial y no viendo ninguna posibilidad de solución, decidí dejar de autorizar las facturas ilegibles (pero continuar, por supuesto, autorizando todas las facturas legibles). Cada factura que dejé de autorizar se la envié a la contadora Giráldez, para que la administración no sufriera perjuicios.”
Al ver que no se inició investigación alguna incluso luego de formalizar la denuncia ante la jefa de sumarios, el contador Pérez solicitó una entrevista con el presidente de ancap, Raúl Sendic, y con los demás integrantes del directorio. El 25 de junio les envió una carta para informarles de la situación –incluso pudo reunirse luego con el director nacionalista, Carlos Camy, y con Luiggina D’Agosto, secretaria de Sendic–, pero no logró saber si impulsarían la investigación interna.

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