—Recientemente el gobierno anunció el comienzo de un proceso de regionalización del país en cinco zonas: metropolitana, centro-sur, este, litoral y norte. Se ha dicho que esto facilitará el trabajo entre intendencias, empresas públicas y ministerios. ¿En qué aspectos puntuales aspira el gobierno a coordinar esfuerzos?
—Esto nace como una necesidad de descentralización y de coordinación de políticas entre el nivel nacional y los departamentales. Más allá de que allí se había avanzado en materia de descentralización con las alcaldías, había una necesidad evidente de coordinación a nivel intermedio. Uruguay es un país muy chico, y los departamentos tienen dimensiones que quizá a futuro debería replantearse. Hoy en día la regionalización viene a lograr determinadas escalas para la coordinación de políticas, fundamentalmente porque a veces las políticas a desarrollar, si bien están diseñadas con determinado tipo de descentralización departamental, son ineficientes. Y ahí estoy hablando de dos temas, básicamente: salud y educación, que son dos apuestas importantes para estos últimos dos gobiernos. Hubo un planteo inicial de la opp en materia de descentralización que luego se conversó con el Congreso de Intendentes. Se tuvo mucha apertura en esto, se fueron manejando diferentes criterios y se llegó ahora a una regionalización donde hay consenso en cinco regiones. Un aspecto interesante en el tema de la regionalización es la recaudación del icir.
—¿Qué rol puntual va a cumplir el icir en la regionalización?
—El destino de la recaudación, que estará en el entorno de los 50 o 60 millones por año, se hará a través de un fideicomiso por un monto que va a oscilar entre 400 y 500 millones de dólares. Lo recaudado del icir se va a volcar a ese fideicomiso, que luego entregará a las empresas regionales el capital para su funcionamiento. Las obras estarán a cargo de empresas regionales, de modo de lograr escalas para que, conformadas por las propias intendencias, puedan comenzar a desarrollarse y competir en el tema de la infraestructura, donde hoy hay mucha demanda y poca oferta.
—¿Estamos hablando de empresas públicas o privadas?
—Seguramente estén bajo el derecho privado pero los dueños serán públicos. Las intendencias van a tener que conformar empresas, adquirir maquinaria... Eso genera en las regiones una demanda importante de servicios, capacidades, y creación de empleo. En el tema de la infraestructura esto está relacionado con el tema de la caminería rural. Es un interesante comienzo.
—¿De dónde provendrían los fondos para la regionalización en áreas como la salud o la industria, por ejemplo? ¿De las ejecuciones normales de ministerios o intendencias, o el Poder Ejecutivo puede llegar a buscar otras formas de financiamiento adicionales para esas otras áreas?
—Lo que incentiva la regionalización es la generación de proyectos con un alcance regional. Desde el punto de vista del destinatario de los fondos, las intendencias podrían comenzar a unir esfuerzos. Les pongo el ejemplo de una máquina. Antes, a un departamento no le valía la pena comprar una máquina muy costosa, por ejemplo, de vialidad. Pero ahora, bajo estos esquemas, podrá hacer una compra junto a otros departamentos, con un régimen de uso común. Estas facilidades podrán ser aprovechadas tanto por el gobierno nacional a la hora de invertir, como por las propias intendencias a la hora de buscar consorcios.
—¿Podría decirse que este es el puntapié inicial para una nueva división política del país?
—De hecho esto va a formalizar una división administrativa donde todos hablemos el mismo idioma. Se va caminando hacia una nueva división administrativa...
—¿Es vetusto el modelo de los 19 departamentos para un país como Uruguay?
—Son diferentes niveles. A nivel político es muy difícil cambiar esa característica.
—¿Se incluye en todo este modelo a la figura del coordinador regional?
—El rol que estaba pensado para los coordinadores regionales era justamente ver en el terreno las necesidades para la coordinación de esfuerzos. En determinado momento no se quiso poner la carreta delante de los bueyes. Esto además en determinado momento tomó un tinte político que desvió la discusión. Ahora, con coordinadores o sin coordinadores, esa función se va a cumplir.
LA ECONOMÍA Y EL RUMBO
—En el proyecto de rendición de cuentas se le otorgan a la opp nuevas facultades para definir inversiones mediante el Sistema Nacional de Inversión Pública (snip). ¿Es una forma de facilitarle a la Presidencia la toma de decisiones sobre el rumbo económico?
—Nosotros queremos avanzar en un país diferente al que estábamos acostumbrados. El snip lo que intenta es avanzar en la planificación. Para tener en claro hacia dónde va el país hay que tener asegurado determinado nivel de inversión. La inversión porque sí no asegura que sea buena, y esa es una mala costumbre que tenemos. Hablamos de inversión y parece que fuera palabra santa. No es así. Yo conozco inversiones muy malas. Acá lo que se pide es un piso para las inversiones. Ni siquiera nosotros estamos diciendo: usted debe invertir en esto o en esto otro. Buscamos condiciones básicas que aseguren determinado nivel.
—Ahora, también en la órbita del Ministerio de Economía existen oficinas justamente dedicadas a estudiar las inversiones, en función de una serie de indicadores.
—Cada instrumento que se crea tiene su vigencia. Y uno debe permanentemente ir adecuándolo a las diferentes realidades. No es lo mismo incentivar una inversión cuando el país tiene una necesidad muy grande como la que tuvimos en su momento, no son lo mismo esas necesidades de entonces, a las que tenemos hoy. No debiera, a un país en estas circunstancias, servirle cualquier inversión.
—¿Un caso puede ser el de las fábricas de pasta de celulosa?
—Por ejemplo. El país puede, mediante la planificación de su desarrollo, decir: yo inversiones de este tipo no incentivo más. Que vengan, sí, pero que cumplan con las generales de la ley. Ahora, yo voy a incentivar otro tipo de industria... El snip lo que pide es un nivel técnico para todo el Estado en lo que hace a la inversión pública. Ahora se propone instrumentar algunas exigencias mínimas, y “ranquear” los proyectos, para que uno pueda elegir en los gabinetes o Consejos de Ministros con otro nivel de evaluación, donde no solamente se realiza la evaluación financiera sino que se le agregan las dimensiones económica y social. Para nosotros, reforma del Estado es intentar que el Estado, cuando haga inversiones, las haga de la mejor forma posible. ¿Cómo? Ejerciendo el monitoreo y poniendo en marcha un banco de proyectos donde uno pueda mirarlos con el detalle en su duración, sus costos...
—Ahora, parece innegable que se viene fortaleciendo la autoridad de la opp en materia de monitoreo de inversiones y en ciertas áreas del rumbo económico.
—Puede ser visto de muchas formas. Institucionalmente estamos cumpliendo con algo con lo que deberíamos haber cumplido mucho antes. Yo creo que esta es una obligación de la opp. Póngase en el lugar de un Ejecutivo que no puede monitorear cuántas inversiones tiene, en qué fase se encuentran, si están atrasadas, si cumplen con los costos estimados... Lo planteo de otra forma: esto debería haberse hecho antes. Pasa que las cosas generalmente demoran más de lo que uno desearía.
—Se ha hablado mucho de la existencia de dos equipos económicos… ¿cómo lo ve usted?
—Eso no es así. Lo que seguramente hay, en algunos temas, son visiones diferentes en la izquierda. Son discusiones importantes, pero nosotros estamos intentando desde el gobierno, y con las ideas del presidente, trazar algunos ejes. Hemos sido bastante explícitos en todo esto. Nosotros hablamos del statu quo, de cosas que están muy establecidas, y encontramos que a veces hay algunas tentaciones –porque el país ha mejorado– a contentarse con algunas situaciones y simplemente tratar de administrar las cosas. La propia definición de la izquierda, parte de su esencia, es no quedarse quieta, sino seguir moviéndose.
.. PARA LEER EL CONTENIDO COMPLETO DE LA NOTA SUSCRIBITE A BRECHA DIGITAL, arriba a la derecha.