Los lobbies y los fundamentos

El presidente Mujica desautorizó una iniciativa inconsulta del ministro Fernando Lorenzo, quien propuso que los trabajadores y jubilados financien el fondo de reparación a víctimas de la violencia. Desde el propio oficialismo se afirma que Economía cedió a las presiones del lobby de las aseguradoras privadas, inicialmente propuestos como los aportadores de fondos.
La controversia por la creación de un impuesto para financiar las pensiones reparatorias a víctimas de la inseguridad (que dejó en evidencia descoordinaciones notorias y discrepancias sustanciales entre miembros del gabinete de José Mujica) es una buena vitrina para detectar los fundamentos políticos y hasta ideológicos que se pretenden disimular con argumentos aparentemente “objetivos”.
El Poder Ejecutivo había enviado en junio pasado al Parlamento un proyecto de creación del Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos, según el cual se otorgaría una pensión mensual de unos 14.000 pesos a familiares de fallecidos o a quienes sufrieran invalidez permanente. Dicho fondo se alimentaría con el 1 por ciento de la recaudación anual del Banco de Seguros y de las aseguradoras privadas.
En la Comisión de Constitución y Legislación de diputados, representantes de las aseguradoras privadas sostuvieron un enérgico rechazo a la forma de financiamiento del fondo, por lo que el Ministerio de Economía tomó la iniciativa de elaborar un proyecto sustituto, que fue presentado a la bancada de legisladores del Frente Amplio. Esta iniciativa proponía la creación de un impuesto a los sueldos de 0,033 y a las jubilaciones de 0,016 por ciento para el fondo, y a la vez modificaba los montos otorgados, limitando el tiempo de otorgamiento de las pensiones, un ahorro mezquino que Economía ya había aplicado, en el gobierno anterior –pero con la misma filosofía–, a las reparaciones de las víctimas de la dictadura.
Automáticamente, desde la propia bancada de legisladores oficialistas hasta el pit-cnt, pasando por los directores del Banco de Previsión Social, se registró una airada reacción: las soluciones siempre pasan por lo más fácil, que paguen los trabajadores y los jubilados; así se pronunció Ferrari, representante de los trabajadores en el bps, y desde el pit-cnt Edgardo Oyenard reclamó que se den señales claras de que se les va a cobrar a los ricos. El diputado Luis Puig, del Espacio 609, fue más allá y dedujo que el cambio introducido por el ministro de Economía implicaba la aceptación de las presiones ejercidas por las compañías aseguradoras privadas: dijo estar dispuesto a considerar un aporte de los trabajadores una vez que paguen sectores empresariales como los sojeros o los bancos. Más aun, Puig reaccionó ante la postura del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien reclamó del Espacio 609 una “alineación” con las iniciativas respecto de la seguridad, entre las que el Fondo de Reparación es una de las medidas impulsadas en junio pasado. “No estoy de acuerdo con el pensamiento único”, dijo Puig.
Las diferencias en el oficialismo a propósito del proyecto sustitutivo de Economía –un rechazo que alcanzó también al ministro de Trabajo, Eduardo Brenta– y el debate generado exhibieron argumentaciones tales como que un aporte del 1 por ciento de la recaudación de las aseguradoras tendría un efecto inflacionario y, además, el aporte terminarían pagándolo los clientes por aumento de las cuotas de seguros. Por el contrario, se argumentó que un impuesto a los trabajadores y jubilados implica “poner unos pocos pesos al mes” y “¿quién se negaría a financiar a las víctimas con una contribución tan insignificante?”.
Dichas argumentaciones no doblegaron a quienes expresaron un profundo rechazo a la iniciativa del Ministerio de Economía. Cortando por lo sano el presidente José Mujica desautorizó a su ministro de Economía afirmando que aun no había sido adoptada una decisión oficial sobre la financiación del fondo y que se estaban manejando varias posibilidades. El tema era discutido hoy viernes en una reunión de la bancada del Espacio 609.