Baraja de patas cortas
- Última actualización en 03 Abril 2013
- Escrito por: Walter Pernas
Diego Rossa, ex encargado de la División Planeamiento y Control Presupuestal y del Área de Administración Financiera de la Dirección General de Casinos (dgc), acusó al ex director del organismo Fernando Nopitsch de haber mentido ante el entonces ministro de Economía, Álvaro García, respecto de un informe contable que obstaculizaba una rápida adjudicación directa a la empresa Vidaplan sa para la explotación en régimen mixto del casino Nogaró, en el hotel Mantra de Punta del Este.
La información obtenida por Brecha consta en el expediente que se encuentra a estudio de la justicia de crimen organizado y en el que lleva adelante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (tca), donde el contador Rossa pide la nulidad de la resolución del 31 de agosto de 2009 por la que Nopitsch decidió desplazarlo del cargo que ocupaba.
En la investigación que busca desentrañar si hubo corrupción en la concesión a la empresa privada fueron relevados los testimonios de integrantes del Área Jurídica de la dgc, que también dejan mal parado a Nopitsch, pues los técnicos corroboran que el ex jerarca ocultó ante el Tribunal de Cuentas de la República (tcr) y ante el Ministerio de Economía (mef) documentos jurídicos que se oponían a la adjudicación a Vidaplan sa.
El caso, que ahora se encuentra a estudio del juez Néstor Valletti y del fiscal Juan Gómez, va por su tercer año de investigación.
El informe del contador Rossa que consta en la sede de crimen organizado señala que, actuando como responsable de la División Planeamiento y Control Presupuestal de la dgc, Nopitsch le pidió que comprometiera el gasto para poder pagarle a los hermanos Jorge y Armando Sagasti –titulares del Mantra– por el arrendamiento del local del casino Nogaró, a razón de 11.254.728 pesos por año, desde el 1 de enero de 2008 hasta el 26 de marzo de 2009 (cerca de 14 millones de pesos en total).
Rossa respondió entonces –según los documentos– que el mef no podía ordenar el gasto, porque de acuerdo al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (tocaf), el monto a desembolsar superaba el tope al que debe ceñirse la cartera, y que por ello la competencia para habilitar el pago correspondía a la Presidencia de la República.
Sin embargo, el contador dijo –remitiéndose a la documentación administrativa– haber advertido unos días después que el informe elevado por Nopitsch al ministro García tergiversaba su opinión técnica: como si Rossa hubiera entendido que el mef era efectivamente competente para decidir el pago a los empresarios del Mantra.
{restrict}El contador redactó entonces un nuevo informe en el que cuestionaba la situación y advirtió además a la administración que no correspondía el pago a los Sagasti porque ya habían cobrado (según el acuerdo firmado entre éstos y Vidaplan sa, sería la empresa privada la que pagaría el arrendamiento del período en cuestión), y no le parecía razonable que los hermanos dueños del hotel cobraran dos veces. Por esa razón se negó a pagar lo que le pedía Nopitsch.
Todo esto se encuentra en el expediente administrativo 202/2009, adjuntado como prueba en la investigación judicial.
LOS MEMORANDOS. La decisión de negarse a la solicitud le costó muy caro a Rossa: por resolución 303/2009 del 31 de agosto de 2009 Nopitsch decidió desplazarlo del cargo: “Por razones de servicio se entiende oportuno disponer el pase del citado funcionario a desempeñar funciones en la División Contabilidad, bajo la supervisión directa de la encargada de dicha dependencia, técnico I, contadora Valeria López”, señala el documento al que accedió Brecha.
La situación llevó a Rossa a entablar un juicio de nulidad ante el tca, argumentando que desde el día en que se opuso a que el Estado le pagara a los Sagasti fue “perseguido” por Nopitsch, quien –según alegó el funcionario demandante– emitió la resolución de agosto como “castigo” por haber ejercido la independencia técnica en contra de la postura del jerarca.
Rossa fue perjudicado entonces con una rebaja salarial. Por resolución 468/2008 del 11 de diciembre de 2008 se le había concedido la subrogación de funciones a efectos de que se encargara transitoriamente de la División Planeamiento y Control Presupuestal “con el consecuente derecho a la percepción de las correspondientes diferencias salariales entre el cargo que detenta de técnico I y el de subgerente de área”.
Nopitsch decidió “dejar sin efecto” aquella resolución, “desafectándolo del derecho a la percepción de las diferencias salariales”, señala el documento.
La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo acaba de emitir un dictamen que cuestiona a Nopitsch por su actuación en el caso Rossa. Así, esgrime que existió “desviación de poder” y recomienda al tca declarar la nulidad de la decisión del entonces titular de la dgc, según supo Brecha de fuentes del sistema contencioso administrativo.
Por otra parte, profesionales del Área Jurídica de la dgc, entre éstos el ex gerente Fernando Magnífico, declararon ante la sede de crimen organizado que Nopitsch efectivamente ocultó documentación oficial al Tribunal de Cuentas y al mef, la que se oponía a la contratación directa de la empresa Vidaplan sa. La información sobre el ocultamiento fue divulgada por Brecha el 27 de julio.
Los documentos observaron la “ilegalidad” de la contratación que Nopitsch pretendía firmar con la empresa privada para la explotación del casino Nogaró. Se advirtió, por ejemplo, la “falsedad” de una certificación presentada el 21 de julio de 2008 por Vidaplan sa al Ministerio de Economía, esgrimiendo que la firma poseía la “capacidad jurídica” para arrendar al Estado el local del hotel Mantra donde se instalaría la sala de juego.
Se trata de los memorandos 1-125/08, del 30 de octubre de 2008; 1-136/08, del 12 de noviembre de 2008; y el 1-146/08, del 27 de noviembre de 2008.
Los escritos fueron incorporados el 24 de marzo de 2009 al expediente administrativo 7/2009, por el que se estudiaba la viabilidad legal y económica de la contratación directa. Para entonces el Tribunal de Cuentas se había expedido cuatro veces en el caso –sugiriendo llamativamente la forma en que se debería realizar el negocio con Vidaplan sa, asesorada por el abogado y también integrante del tcr Carlos Guariglia–, y el Poder Ejecutivo ya había firmado la resolución que habilitaba el contrato del Estado con la empresa. Tres días después se formalizó el contrato para que Vidaplan sa pudiese explotar el casino del hotel Mantra.
La información se encuentra registrada entre las fojas 330 y 352 del expediente 7/2009 que fue adjuntado a la indagatoria de crimen organizado.
Respuesta a la carta de Nopitsch por el periodista Walter Pernas
Dinero e interés público
Voy a ignorar los agravios que el ex titular de la Dirección General de Casinos (dgc) Fernando Nopitsch expelió en una carta de más de 29 mil caracteres (dos páginas atiborradas de letras), publicada en Brecha el viernes 31 de agosto. El ex jerarca procuró así desacreditar un artículo de mi autoría titulado “El juego oculto de la banca”, relativo a presuntos actos de corrupción que lo involucran en la contratación directa de la empresa Vidaplan sa para la explotación del casino Nogaró, en el hotel Mantra de Punta del Este (véase Brecha, 27-VII-12).
Sí voy a responder a los ocho puntos que, bajo el subtítulo “Un cúmulo de equivocaciones”, enumeró el ex funcionario público en su parrafada.
1 y 2) Nopitsch alega que no ocultó ante el Tribunal de Cuentas ni ante el Ministerio de Economía documentos técnicos y jurídicos de la dgc. Pero sí lo hizo, según surge del expediente administrativo 7/2009 del organismo que él dirigía. Basta revisar la fecha en que esos informes –que alertaban sobre ilegalidades y un certificado falso presentado por la empresa Vidaplan sa– fueron incorporados al expediente: 24 de agosto de 2009, ocho días después de que el Poder Ejecutivo habilitara la contratación. Profesionales de jurídica de la dgc corroboraron ese ocultamiento al declarar ante la justicia de crimen organizado (véase artículo en página anterior).
3) Nopitsch sostiene que no despidió a un abogado del Área Jurídica de la dgc. Pero ese abogado, Fernando Magnífico, titular del Área Jurídica –autor de los informes ocultados– entabló un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (tca) para que lo reintegraran al cargo del que había sido apartado por decisión de Nopitsch. Y lo ganó. Magnífico acusó a su ex jefe de “abuso de poder”; la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo señaló que Nopitsch actuó en forma “arbitraria”, y la sentencia del tca describe la “irrazonabilidad” de la resolución impugnada (véase Brecha, 31-VIII-12).
4) Nopitsch señala que no despidió a un contador de la dgc, el que además –agrega– nunca fue gerente del Área de Administración Financiera. Pues, es cierto que no lo pudo echar, pero lo desplazó de su cargo y le rebajó el salario. Así consta en la resolución 303/2009 del 31 de agosto de 2009 (véase artículo en página anterior). Se trata de Diego Rossa –contador que se negó a pagarle el arrendamiento a los dueños del hotel Mantra, al considerar no razonable que estos empresarios cobraran dos veces–, quien había sido nombrado gerente del Área de Administración Financiera por el ex titular de la dgc Víctor Ozano.
5) Nopitsch dice que no respaldó la tramitación de un certificado notarial falso. No obstante, desoyó al director del Área Jurídica cuando éste le advirtió que era apócrifo el certificado presentado por Vidaplan sa. Y luego el propio Nopitsch lo avaló al no advertir de tal situación a las autoridades de Economía ni a la Presidencia. Para muestra de la falsedad, el certificado expedido el 15 de junio de 2008 por el escribano Luis Malo García señala que, de acuerdo al documento que se presentó ante él el 26 de junio de 2008, Vidaplan sa tenía la “capacidad” jurídica para subarrendar el local del casino del hotel Mantra, propiedad de los hermanos Jorge y Armando Sagasti. Resulta imposible que Malo García haya podido tener a la vista un documento que se firmó 11 días después de que él expidiese el certificado notarial. Así consta en el expediente administrativo 369/2007 de la dgc.
6) Nopitsch asegura que no cerró la sala del casino Punta Shopping, competidora del nuevo casino Nogaró. Pero en la Memoria Anual 2009 del mef consta un resumen de lo realizado ese año por Dirección General de Casinos dirigida por Nopitsch, en el que se resalta el contrato con la empresa Vidaplan sa “por el cual el casino Nuevo Nogaró ha quedado inserto dentro del denominado sistema mixto de explotación”, y en el mismo párrafo se puede leer: “se cierra la Sala de Esparcimiento Punta Shopping II”.
7 y 8) Nopitsch refiere a “otras dos cuestiones” que él no llega a comprender si lo involucran en primera persona: que la justicia detectó la falta de control del Estado sobre las inversiones (16,5 millones de dólares según documentos de la dgc; 18 millones de dólares de acuerdo al decreto del Poder Ejecutivo) prometidas por Vidaplan sa; y que se halló una diferencia de 40 por ciento a favor del inversor en el pago proyectado por el arrendamiento de la sala de juego. Lo cierto es que tal documentación se encuentra en el expediente de crimen organizado.
“No tuve nada que ver” con los hechos registrados antes de asumir el cargo en Casinos –señala Nopitsch–, lo que ocurrió el 17 de octubre de 2008. Eso resulta lógico, pero no por ello se le puede excusar por su actuación protagónica –que él mismo destaca en la memoria anual de 2009 y en declaraciones públicas a favor de la adjudicación directa a Vidaplan sa– en el proceso administrativo que determinó la polémica contratación con la empresa privada.
Nopitsch debe comprender que fue un funcionario público y que por ende su gestión se encuentra expuesta a la crítica. Es natural que el periodismo se interese por investigar los negocios que involucran dineros públicos. Su actuación al frente de la dgc y su participación en cualquier otro proceso que involucre al Estado –aunque él juegue ahora del otro lado del mostrador, como “lobbista” de empresas privadas– no escapa ni escapará a la regla.