El camión recorre los pueblos: Quebracho, La Tentación, Colonia Esperanza, Chapicuy, Tres Bocas, Constitución, San Antonio, Pueblo Lavalleja, Itapebí, un rosario de nombres sonoros que dibuja la ruta del pobrerío en Paysandú y Salto. El que quiera trabajar, que se suba. Hoy es la frutilla y los arándanos; después la naranja; después la cebolla. Las cuadrillas de peones, hombres y mujeres, se meten en los pastizales infestados de yararás, recolectan durante jornadas extenuantes y con jornales exiguos, discuten cuando les descuentan los bolsos porque la fruta está dañada, les reducen el salario, son suspendidos por protestar, son reprimidos por sindicalizarse. Juntan coraje y ocupan chacras.
Entonces las empresas Caputto, Guarino, Costa de Oro, Forbel, convocan a la Policía. Y cuando un juez reconoce el derecho a la ocupación apelan, hasta que un tribunal de apelaciones decreta que “la toma” viola derechos humanos fundamentales de los empresarios: la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Los peones deben desalojar, vienen a Montevideo, intentan hablar con el presidente, exponen su caso ante los diputados de la Comisión de Legislación del Trabajo, concurren a las mediaciones del Ministerio de Trabajo. Ayer fueron los peones de Costa de Oro o los peones del frigorífico Casa Blanca; hoy son los recolectores de Forbel: diferentes víctimas, una misma explotación.
Cincuenta años después de la “rebelión de los cañeros”, los empresarios que recién empezaban a plantar los naranjales cuando los “peludos” tomaban ingenios azucareros parecen no haber aprendido nada de la historia: cometen las mismas iniquidades, usan la misma prepotencia que a comienzos de los años sesenta, cuando la represión de un sindicato recién constituido llevó a un dirigente socialista a concluir que “puede más un revolver 38 que un artículo de la Constitución”; y a los “peludos” en huelga, a redoblar la apuesta: cambiar los objetivos salariales por la consigna “Por la tierra y con Sendic”, con todo lo que ello implicó.
La historia que hoy trae a colación ese paralelismo es la de 180 obreros zafrales de la empresa Forbel, afiliados a la Organización Sindical de Obreros Rurales (osdor), despedidos en junio pasado al comienzo de la recolección de la naranja, en Paysandú, por una supuesta baja de productividad.
El vocero de Forbel, Jumil Crouzet, ha justificado la medida en las pérdidas sostenidas de la empresa desde 2010, que fueron cubiertas por los accionistas principales. En verdad, Forbel es propiedad casi exclusiva de la trasnacional de origen belga Univeg, que se jacta de facturar anualmente 3 mil millones de euros, a través de sus filiales en 25 países, por la exportación y comercialización de todo tipo de fruta. El grupo Univeg dice tener en plantilla a 9 mil trabajadores; habrá que descontar a los 180 despedidos en Paysandú y, más trágico aun, a Daniel Solano, un trabajador de Univeg en Río Negro (Argentina) que desapareció a manos de Bora, un grupo policial de choque convocado por la filial de la trasnacional durante la represión de los conflictos ocurridos en la localidad de Lamarque, en diciembre de 2011.
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