Con el secreto en el adn

Los organismos públicos vinculados a la seguridad llevan el secreto en sus genes. Aunque este axioma no se cumple exclusivamente en Uruguay, una serie de solicitudes de acceso a la información sobre asuntos que gestionan los organismos de seguridad, y la publicación de cinco resoluciones del Ministerio del Interior clasificando una extensa cantidad de información como reservada, muestran cuánto camino queda por recorrer en el campo de la transparencia vinculada a la defensa nacional y la seguridad.

 

Un reciente estudio realizado en base a solicitudes de acceso a la información dirigidas al Ministerio del Interior (mi) y al Ministerio de Defensa Nacional (mdn), los organismos con competencia en materia de defensa, seguridad nacional y seguridad pública,* se propuso conocer, entre otras cosas, el monto total que cada cartera recibe para “gastos confidenciales” destinados a operaciones reservadas y a los procesos de contralor.
A su vez se presentaron solicitudes de información ante el mdn sobre dos temáticas de interés público: i) los fondos provenientes de la onu percibidos por las misiones de paz (montos percibidos anualmente por Defensa desde el organismo internacional en concepto de capacitaciones, tipo de armamento, vehículos u otros materiales adquiridos), y qué autoridades son las responsables en la rendición de cuentas; y ii) los centros de detención y reclusión existentes en la órbita del mdn. Respecto a este punto se preguntó cuántos centros de detención existen en la órbita de Defensa, dónde están ubicados, sus condiciones edilicias y el presupuesto dedicado a su mantenimiento.
En cuanto a los gastos confidenciales, el mi comunicó por escrito que la información referida a “gastos confidenciales” fue declarada reservada “de mandato verbal” por el ministro Eduardo Bonomi, debido a que esa información “se encuentra exceptuada del marco regulatorio general por los artículos 8 y siguientes de la ley 18.381 (acceso a la información pública)”.
Por su parte, en referencia al mismo asunto, un informe de los servicios jurídicos del mdn recomendó no entregar ningún dato porque considera como “reservada” toda la información referida a la defensa nacional. Los solicitantes respondieron explicando que hay aspectos de la seguridad nacional, como la rendición de cuentas de gastos y el registro de operaciones confidenciales, que en un Estado democrático deberían ser públicas. No obstante, tres meses después de solicitado el acceso a la información, y pese a la insistencia semanal de los peticionantes, el caso no ha sido resuelto.
Estas respuestas exhiben un problema histórico: la inexistencia de un marco regulatorio para el uso y registro de los gastos confidenciales. Cuando el socialista José Díaz asumió en 2005 al frente del mi un funcionario de Secretaría apareció un día en su despacho con una bolsa con dinero en efectivo destinado a gastos confidenciales. El dinero se depositaba en una caja fuerte y de allí el secretario de Estado podía disponer a su arbitrio, como había ocurrido históricamente. Cuentan los informantes que Díaz, durante su gestión, fue extremadamente austero para asignar fondos a operaciones especiales. Al cabo de algunos meses tenía tanto dinero guardado que, en conjunto con su subsecretario, Juan Faroppa, y el entonces director general de Secretaría, Jorge Jouroff, decidieron utilizar esos fondos para adquirir zapatos para los 27 mil funcionarios de la cartera.

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